ARTÍCULO

La rebelión de los mansos

 

Y de la noche a la mañana se amotinaron, dejaron de estar aislados del mundo y de aceptar con mansedumbre un destino que no habían elegido en esas condiciones. La sanción impuesta a uno de ellos al hilo de un triste suceso fue la gota que colmó el vaso y les llevó a la rebelión. No hablamos de piratas que desafían a su capitán en aguas del Caribe durante el siglo XVII; el motín tiene lugar en España, en los últimos meses de 2008 y primeros de 2009 y lo protagonizan ciudadanos togados: los jueces. Un suceso sin precedentes en nuestro país.
Hablamos de una huelga, la que se produjo en febrero y octubre de 2009 cuando un grupo numeroso de jueces, de forma espontánea, sin líderes ni cabecillas, sin consignas (más allá del hartazgo) ni retórica alguna, decidió que la situación en que se encontraban durante los últimos años resultaba ya insostenible. Pasaron de la inacción a la batalla sin solución de continuidad, movilizándose mediante actuaciones asamblearias que fueron posibles gracias a la tecnología informática que les hizo fundirse en un movimiento virtual nunca visto. Y ello como respuesta aparente a la sanción impuesta a un juez por su negligencia ante un sumario muy conocido sobre el asesinato de una niña en Sevilla, el tristemente célebre «caso Mariluz». Dicha sanción fue, sin duda, el detonante, la chispa que hizo arder el combustible acumulado durante años de malestar; arrinconado, postergado, ignorado.
Si «el ensayo es el género literario de la libertad», «una reacción rápida, intuitiva, frente a temas del presente», como escribía no hace mucho Jorge Edwards en El País, es el ensayo el género en el que –una vez más– se mueve el último trabajo de Alejandro Nieto, realizado a partir de dicha huelga y en el que escribe sobre el modelo judicial español y lo que considera su perversa remodelación sin avisar. No es novedad informar sobre la aparición de un libro de Alejandro Nieto dedicado a la denuncia sobre el mal funcionamiento de nuestras instituciones, pues son muchos los que se ocupan de dicho asunto, empezando por el que constituye hoy todo un clásico, a saber, La organización del desgobierno (1984), y siguiendo por otros como El arbitrio judicial (2000), Balada de la justicia y la ley (2002) El desgobierno judicial (2005) o El desgobierno de lo público (2008). Sin poder dar mayor cuenta de la ingente producción intelectual del autor, no cabe duda de que el desgobierno en sus múltiples proyecciones constituye el objeto de su análisis, siendo un capítulo especial al respecto lo que él considera el desgobierno en el ámbito de la administración de justicia y del poder judicial.
En su nuevo trabajo, titulado El malestar de los jueces y el modelo judicial, el autor pone la mirada una vez más en los jueces y en la realidad en que éstos se mueven en nuestro país, con la perspectiva de quien ya ha mirado esa realidad detalladamente en varias ocasiones (con pasión de entomólogo, diría yo) y observa ahora el nuevo ropaje con que ésta se manifiesta: una huelga. El autor dedica más de la mitad de su trabajo a relatar la crónica de aquella huelga, una crónica que se presenta así de forma exhaustiva, un caso digno de estudio por ser a sus ojos «una metáfora» del desgobierno judicial que ha denunciado en tantas ocasiones durante la última década (en particular en el ya citado El desgobierno judicial). Con la misma prosa bella y descarnada, poética en ocasiones, el autor se convierte de nuevo en el paladín de la administración de justicia, el defensor de las causas perdidas, un caballero andante dispuesto a denunciar la dependiente independencia del poder judicial, su ruptura constitucional. A veces agudo, a veces ácido, otras veces casi apocalíptico, disecciona la realidad que observa con un estilo al que ya tiene acostumbrado al lector asiduo (desde hace más de una década colabora de forma permanente, por ejemplo, con la revista Lex Nova publicando trabajos sobre los entresijos del ejercicio de la profesión: entre otros «¿Vale todo?», «Oficio, afición, vocación», «No se sabe qué es peor», «Profesión de riesgo» [2005], «La espina clavada», «Sobre la escasa importancia de la realidad» [2006] y «Actores» [2007]).
En este nuevo trabajo, Alejandro Nieto describe, en primer lugar, la soledad de los huelguistas; ninguno de los agentes más inmediatamente vinculados a los jueces (abogados, secretarios judiciales, otros agentes de los juzgados) mostró su solidaridad con los mismos. Tampoco los ciudadanos parecieron entender. Esta circunstancia tiene su origen, entre otras cosas, en la propia actitud de los jueces, que les ha llevado siempre, afirma, a un «autismo militante» para la defensa de su identidad constitucional y funcional, un aislamiento cuya preservación siempre han querido reivindicar.
Describe igualmente la comodidad de todos los implicados (jueces, gobierno) en el limbo jurídico del derecho de huelga. Si bien es cierto que un buen número de conflictos sociales se resuelven fuera del marco institucional de los tribunales, y sólo después su solución se reviste de alguna fórmula jurídica, el autor llama la atención sobre cómo en esta ocasión han sido los propios jueces los que han «bordeado el Derecho» aun sin caer en la ilegalidad. «Paradoja sobre paradoja», afirma: que los juristas –¡y hasta los jueces!– se coloquen en ocasiones más allá del Derecho al tomar conciencia de las graves limitaciones de éste. En todo caso, parece que la experiencia comparada sitúa a todos los jueces en el mismo barco: en los países de nuestro entorno (Francia, Italia, Portugal), tal y como refiere Susana de la Sierra y recoge el autor, los jueces se han declarado en huelga en varias ocasiones sin preocuparse por su falta de regulación y sólo posteriormente los legisladores han empezado a encauzar el fenómeno en el ámbito normativo.
El autor describe también, naturalmente, la actitud de los jueces (y su sorprendente reacción) ante la situación en que se encuentra el servicio público de la administración de justicia y el poder judicial; una auténtica crisis social como consecuencia del profundo y larvado malestar de un colectivo que administra un servicio de trascendente repercusión en la sociedad sin contar para ello con el apoyo personal, logístico, presupuestario, psicológico e institucional que requeriría. La administración de justicia, se lamenta, nunca ha sido electoralmente rentable.
Describe, finalmente, la reacción gubernamental, limitada a juicio del autor a parchear los pequeños agujeros sin reparar en los socavones que hay por debajo, dejando así sin tocar las cuestiones fundamentales. Tales cuestiones aluden al modelo judicial español que tenemos y al que quisiéramos (y necesitaríamos) tener. Para el autor, la clave del desbarajuste está en la coexistencia de facto de dos modelos judiciales: uno, el llamado liberal iniciado a comienzos del siglo XIX con las Constituciones de Bayona y Cádiz, que ha durado hasta la Constitución de 1978; y otro, llamado democrático, introducido en los años inmediatamente posteriores que, sin embargo, no ha desplazado oficialmente al anterior sino que convive con él produciendo la confusión que hoy en día estamos padeciendo. El modelo liberal se basaba en la existencia de un cuerpo único de jueces, organizado en una carrera jerarquizada por la que iba ascendiéndose con el paso del tiempo; tales jueces debían ser imparciales y para ello eran inamovibles y tenían prohibida la actividad política. Se trataba de unos jueces, en definitiva, a los que «no se podía doblar ni con el palo del castigo ni con la zanahoria del ascenso»; existía además un adecuado equilibrio orgánico funcional (ajuste entre asuntos judiciales y planta judicial). El llamado modelo democrático creó el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces y mantuvo la prohibición de que ejercieran toda actividad política, pero sólo mientras estuvieran en activo; conservó la vinculación de la administración de justicia –en los aspectos no jurisdiccionales– con la Administración del Estado, pero esta vinculación se duplicó con la del Consejo y triplicó con la de las comunidades autónomas; amplió el número de asuntos susceptibles de tutela judicial –al aumentar el número de recursos y de legitimaciones– sin aumentar a la vez la planta judicial; puso fin a la carrera judicial como se entendía tradicionalmente al admitir una carrera a saltos, «como el caballo de ajedrez».
Es ahora, al final, cuando parece comenzar el libro con las notas esenciales que caracterizan ambos modelos luchando entre sí y el balance que realiza el autor al respecto: fin de la independencia judicial, arrasada por la politización y por la actuación de un Consejo General del Poder Judicial en manos de los partidos políticos, desaparición del concepto tradicional de carrera judicial, cuestionamiento de la unidad jurisdiccional del Estado por la deriva propia del Estado de las Autonomías, entre otras. Es llamativo que el autor dedique setenta páginas al relato pormenorizado de la huelga y elabore la parte más constructiva en las últimas veinte páginas, dejando en cierto modo el análisis a la mitad. Aun el carácter «metafórico» de la huelga, en expresión del autor, permitiría conciliar de forma equilibrada la cobertura analítica de la misma con la tesis que quiere defenderse desde el principio, a saber: el malestar de fondo del que es simple reflejo por el «maltrato normativo y gestor que padec[cían] los miembros de la carrera judicial y [por] una degradación insoportable del modelo constitucional del sistema judicial». ¿O es que tal vez no hay ya mucho más que añadir?
Él mismo considera que no debe desaprovecharse la oportunidad de abordar un debate pendiente, una reflexión colectiva sobre el sistema judicial español, de forma que logre elaborarse «un modelo de Justicia eficaz, respetuoso con los valores tradicionales que no pueden olvidarse pero adecuado a las necesidades de la sociedad tecnológica y democrática del siglo XXI». Sería imperdonable, insiste. Pero a su vez llama la atención sobre cómo desde hace ya varios años se formula y repite lo mismo («la reforma de la justicia es perentoria [...] una prioridad fundamental»), sin que llegue nunca a concretarse. Es imperdonable la tendencia patria a postergar los temas inconclusos a un futuro que nunca llega: con el modelo judicial ocurre como con el Senado: es la historia interminable, el día de la marmota. No es de extrañar por ello el desencanto ciudadano, que ya no se cree (¿cómo podría hacerlo?) ninguna promesa política.
Y en el aire, para concluir, una pregunta: ¿han sido las huelgas de 2009 anécdota intrascendente o cuna de un nuevo modelo de justicia? En el capítulo final el autor reconoce que lo que fuera brioso alzamiento de unos jueces se marchitó en pocos meses: el incidente no terminó ni con una victoria ni con una derrota, sino con un engaño, «el más triste de los finales». Los jueces protestaron sin una reflexión previa suficiente, fue un «grito épico» que no guardó proporción ni con lo modesto de sus reivindicaciones concretas ni con lo raquítico de los resultados obtenidos hasta ahora. Aun así, queda de positivo el gesto; un gesto que no se olvidará nunca porque, dice, hicieron lo acertado. Se trata ahora de elaborar un modelo hacia el que caminar, de pensar qué justicia es la que queremos, porque sólo así podremos exigir después los pequeños pasos que llevan hasta ella. Más allá de denunciar la remodelación furtiva operada (y criticar no sólo su carácter furtivo sino su alcance), Alejandro Nieto no detalla, sin embargo, cómo ha de ser ese modelo; no sabemos si será porque se reserve una segunda parte o un nuevo trabajo sobre el desgobierno.
Si bien el libro quiere estar dedicado a los usuarios del servicio público de la administración de justicia, pues son ellos los que pagan en última instancia el desgobierno judicial, es un libro dedicado en realidad a los jueces, y en particular al inmenso y desconocido colectivo de jueces anónimos y honrados que trabaja lo indecible para salvar lo insalvable; al fin y al cabo, son ellos quienes renunciaron a su mansedumbre y quisieron la rebelión.

01/01/2011

 
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