ARTÍCULO

Franco desde fuera

 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones entre España y las potencias anglosajonas eran fríamente correctas. El Caudillo había ayudado abiertamente a las potencias del Eje hasta que quedó perfectamente claro que los aliados occidentales ganarían pronto la guerra, e incluso al tiempo que hacía gestos de reajuste diplomático hacia los vencedores remachó durante los años cuarenta y cincuenta que había sido «El centinela de Occidente», coherentemente anticomunista y antisoviético, mientras que las democracias capitalistas habían sellado una alianza temporal con Stalin por necesidades militares en los años 1941-1945. En los inmediatos años de la posguerra, ni el gobierno del Partido Laborista en Gran Bretaña ni la Administración demócrata en Estados Unidos sintieron ningún cariño por Franco, pero el miedo al comunismo en las élites políticas de ambos países pasaron por alto todas las objeciones a la supervivencia de un régimen cuasi fascista que aseguraba el mantenimiento del orden en las calles y aseguraba de un modo fiable su condición antisoviética cuando la Guerra Fría sustituyó a la alianza en tiempos de guerra.
Así, desde el desencadenamiento de la Guerra Fría, en 1947, y hasta la muerte del general Franco en 1975, el Vaticano y los Estados Unidos habrían de ser los principales baluartes del régimen autoritario que seguía siendo desdeñado por las democracias europeas, aunque el comercio y el turismo florecieron a partir de aproximadamente 1960 y las emociones antifascistas del mundo se vieron mitigadas proporcionalmente al tiempo que el régimen empezaba a resultar menos opresivo en sus últimos años. Sin embargo, una de las principales tesis de esta fascinante historia «con pelos y señales» de pactos bilaterales es que las élites políticas, diplomáticas y militares franquistas y norteamericanas no se tuvieron nunca ninguna simpatía. Los estudiantes e investigadores que visitaban España, como el autor de esta reseña, sabían que a la izquierda española le molestaba el apoyo estadounidense del régimen y que la derecha española era proamericana por razones prácticas, aunque solían menospreciar las maneras y las costumbres estadounidenses. Pero nunca imaginamos el grado de constante tensión en las relaciones oficiales entre los dos países.
Una causa general de mutuo descontento fue la diferencia constante en las preocupaciones primordiales de una y otra parte. La abrumadora preocupación de Estados Unidos era obtener bases militares y ejercer el control más completo posible sobre las partes del territorio que eran, en fin de cuentas, partes de un reino cuya soberanía era anterior a la existencia de los Estados Unidos. España deseaba tanto ayuda económica a gran escala como la posesión de al menos cantidades simbólicas del equipamiento militar tecnológicamente más avanzado. Sus negociadores eran inevitablemente conscientes de las grandes debilidades de las fuerzas armadas españolas y de la economía civil, problemas que a los estadounidenses no les preocupaban grandemente, sobre todo cuando comparaban el potencial militar y económico de sus aliados democráticos europeos con el de España. En la época en que el Plan Marshall se ofreció a todas las democracias europeas y también a la Unión Soviética y sus satélites, resultaba obvio no sólo que la Europa democrática no aceptaría a Franco como socio, sino que los expertos estadounidenses que estudiaban cómo habrían de utilizarse los préstamos se dieron también cuenta inevitablemente de la diferencia existente entre el capitalismo de mercado libre de Europa occidental y las zonas británico-franco-estadounidenses de la Alemania ocupada, por un lado, y el capitalismo autárquico dominado por el Estado de España, por otro. Incluso para aquellos que eran indiferentes a temas de democracia y derechos humanos, la economía española de 1947 simplemente no parecía una buena inversión.
Durante la presidencia de Harry Truman (1945-1953), José Félix de Lequerica, uno de los conservadores de la más férrea línea dura de la élite franquista, se convirtió en el hombre clave en Washington, que trabajó para conseguir ayuda económica, alianza militar y el reconocimiento diplomático pleno que implicaba tener una embajada con un embajador residente. Los grupos con los que contaba eran: 1) los católicos, 2) los anticomunistas, 3) los militares profesionales, 4) el senador conservador demócrata Paul McCarran y sus aliados anti-Truman tanto entre los demócratas como entre los republicanos. El Chase National Bank se mostró amable con Lequerica desde el principio, así como el director de la CIA, el almirante Hillenkoeter, el general Hoyt Vandenberg (que era el sobrino de un poderoso y muy respetado senador) y el almirante Forrest P. Sherman. Pero pocos inversores de Wall Street se mostraron entusiasmados con la economía autárquica y muchos oficiales del ejército tenían una pobre opinión técnica de los militares españoles. Tanto el secretario de Estado, Dean Acheson, como muchos de los oficiales más capaces de nivel medio del Departamento de Estado, se mostraban muy reacios a aliarse con un régimen que había llegado al poder con la ayuda nazi-fascista y que nunca había insinuado el menor arrepentimiento por las políticas que había llevado a cabo a partir de 1936. Asimismo, en la medida en que la opinión pública desempeñaba algún papel en las cuestiones internacionales (muy pequeño, en mi opinión), los sentimientos de la mayoría de los estadounidenses, con la excepción de los católicos, cuya política y su religión venían dictadas ambas por la Iglesia, eran antifascistas y, por ello, poco favorables a Franco.
El factor individual probablemente más importante a la hora de retrasar la creación de pactos bilaterales hasta 1953, el primer año de la presidencia de Eisenhower, fue la obstinada creencia de Truman en la libertad religiosa. Era un baptista no dogmático, pero emocionalmente fiel. Durante 1951 y los primeros meses de 1952 los diplomáticos estadounidenses intentaron repetidamente conseguir que sus colegas españoles se dieran cuenta de cuán seriamente se tomaba Truman la cuestión de la libertad religiosa. El obstinado Truman declaró públicamente que no sentía ningún cariño por la persona o por el régimen del general Franco. El igualmente obstinado, y más discreto, Caudillo, cuando se le presionó para que expresara sus convicciones por escrito, le explicó al presidente que «nuestro régimen no afecta [...] a la práctica privada de los otros cultos, garantizada en nuestra nación por sus leyes básicas en la misma forma y medida que ha venido garantizándose tradicionalmente» (citado extensamente por Viñas en la página 155).
Los pactos se inauguraron finalmente en el otoño de 1953 y se renegociaron con varias modificaciones técnicas en 1963, 1968, 1976 y 1988. Le otorgaban a España un mínimo de ayuda económica y equipamiento militar. También proporcionaban un sentimiento de solidaridad anticomunista entre las fuerzas conservadoras de ambas sociedades y –junto con la aprobación del Vaticano– incrementaron gradualmente la respetabilidad internacional de la larga dictadura. Pero había dos aspectos de los acuerdos, resaltados por el profesor Viñas, que eran potencialmente muy desfavorables para España: 1) La defensa que había de garantizarse no era la defensa de «España», sino la de la «seguridad de Occidente», que en muchísimas circunstancias imaginables no serían la misma cosa. 2) Existía una cláusula secreta, que no se conoció públicamente hasta 1979, que señalaba que en casos de evidente amenaza a la seguridad de «Occidente», los Estados Unidos podían «hacer uso de las zonas e instalaciones situadas en territorio español» con la condición de que ambos países se comunicaran rápidamente su información y sus planes de acción. Está claro que las vidas de los españoles en tiempo de paz eran rehenes de las decisiones exclusivas de los militares estadounidenses en relación con lo que podría constituir una amenaza para «Occidente».
El PSOE llegó al poder a finales de 1982, a comienzos de la presidencia de Ronald Reagan, quien en una ocasión avanzó su juicio de que las Brigadas Internacionales habían sido unos hombres muy valientes, pero que habían luchado en el bando equivocado. Sin embargo, la inteligencia, y un deseo de alcanzar acuerdos con personas decentes que resultan pensar de modo diferente, fueron características muy destacadas tanto de Felipe González como del secretario de Estado de Reagan, George Schulz. Cuando este último señaló la buena disposición de Estados Unidos a no quedarse donde no fuera bienvenido, «González respondió que no era lo que pretendía, pero si querían irse había que empezar a perfilar las modalidades de la salida» (Viñas, pág. 484). Ese franco intercambio de sentimientos dio lugar a varios años de negociación en los que España indicaba, y Estados Unidos aceptaba en buena medida, que las buenas relaciones entre los dos países, ahora que España era una democracia, dependerían de una retirada gradual de los privilegios territoriales de la época bilateral, así como del reajuste de las relaciones hispano-estadounidenses a partir del hecho de que España era ya miembro tanto de la OTAN como de la Unión Europea. Debido a mi propia falta de conocimientos de historia diplomática, queda más allá de mi competencia la discusión detallada de los numerosos, precisos y complejos análisis ofrecidos por nuestro autor (economista, historiador y diplomático). Pero puedo prometer al lector una gran aventura en la poco conocida historia diplomática del régimen de Franco, resaltando los dilemas, los motivos encubiertos, las ventajas obtenidas y los riesgos que se tomaron sin consultar a aquellas personas cuyas vidas podrían haberse sacrificado a las definiciones americanas de lo que constituía una amenaza para «Occidente».

Traducción de Luis Gago

 

01/11/2004

 
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