Un día cualquiera un marciano compra el periódico. En su primera página lee que un juez inicia los trámites para juzgar a un ex jefe de Estado de otro país por delitos contra la humanidad cometidos durante su gobierno. Hay también varios artículos de opinión y diversas referencias a entrevistas en las que sus autores afirman que, de ahora en adelante, ese tipo de delitos contra la humanidad deberían considerarse perseguibles por cualquier juez del mundo y no prescribir nunca.
Advertimos un poco después que otro juez (o acaso el mismo) reabre un proceso por terrorismo de Estado contra ex miembros de un gobierno de su propio país para determinar con claridad las responsabilidades penales últimas en aquellos sucesos de hace quince años. Pasamos página (nosotros y el marciano, no el juez) y nos encontramos con otra noticia en la cual se comenta que la operación contra la corrupción del gobierno en tal o cual lugar del mundo (dirigida desde la fiscalía o desde ciertos sectores de la judicatura) ha terminado quebrando la estructura institucional (corrupta) del sistema político y obligando a una refundación de la república. Muchos se felicitan por haberlo logrado (a pesar de que el número de sentencias condenatorias efectivas entre los acusados al final de la operación en cuestión fue muy bajo; nos gustan los efectos políticos aunque los efectos penales sean escasos o inexistentes; advertimos, sin embargo, con cierta desazón, que la mera iniciación de un proceso judicial, independientemente de su resultado jurídico final, puede llegar a constituir una condena política).
Tras ello se nos informa en el periódico de que un tribunal superior ha decidido inhabilitar a un juez y expulsarle de la carrera judicial por excederse en sus atribuciones y cometer prevaricación al perseguir infundadamente a un relevante propietario de medios de comunicación.
Y, un par de páginas más allá, se comenta que un juez pide cuentas al ministro de exteriores por ciertas ambigüedades en su política que no contribuyen a clarificar (en opinión del juez) la posición del gobierno en lo que se refiere a una extradición solicitada por ese mismo juez.
Un poco más adelante en el periódico un grupo de parlamentarios comentan (indignados unos, felices otros) una sentencia crucial para la estructura territorial del estado o la política de inmigración o la lucha contra el terrorismo o la dinámica de la próxima cita electoral. Todos afirman, esto es lo primero que hacen, que no tienen nada que decir sobre las sentencias judiciales, que las respetan, pero… (y aquí suelen decir algo sobre lo que prometieron no decir nada).
Tras leer de cabo a rabo el periódico el marciano comprende tan bien la importancia política que los jueces tienen en nuestro sistema democrático que lo que no logra comprender ahora es por qué hay quien niega que ese poder sea un poder político o un poder de gobierno o por qué hay quien advierte de los peligros de politizar la justicia, etc. Si el marciano leyera el libro que comento muchas de sus dudas se aclararían.
Todos los ejemplos que anteceden se corresponden con casos reales. Todos pudieron ser leídos en la prensa y algunos todavía colean con fuerza. Todos ellos (o prácticamente todos) muestran los efectos políticos de la aplicación de las leyes. Pero algunos van más allá. Algunos señalan hacia lo que se ha llamado la judicialización de la política, otros hacia la politización de la justicia. El libro de Guarnieri y Pederzoli desentraña las claves más importantes para entender esta nueva situación. Y lo hace desde una perspectiva muy necesaria: la de un análisis politológico sobre el funcionamiento real del poder judicial. Ciertamente la mayoría de los análisis sobre la nueva posición de la judicatura en nuestros sistemas democráticos han adoptado un perfil jurídico y han reflexionado sobre los límites inciertos de la interpretación judicial o las peculiaridades de la argumentación jurídica. Pero el presente libro adopta una perspectiva distinta y, en mi opinión, enriquecedora: analiza cómo funciona la justicia, no cuál es su autoimagen o sus criterios de legitimidad.
De este modo, Guarnieri y Pederzoli nos informan sobre los sistemas de reclutamiento de la magistratura, su formación, el acceso, la estructura de la carrera judicial, sus controles internos, los poderes del juez, el papel de la judicatura en el sistema democrático, etc. Todos estos temas son relevantes y cruciales para comprender de manera realista cómo al difuminarse los límites entre gobierno, legislación y jurisdicción, surgen las inevitables tensiones entre el poder judicial y los procedimientos democráticos (pág. 276). Pero que estas tensiones sean inevitables no significa que debamos conformarnos con ellas, sino que, como ciudadanos, hemos de tratar este problema de modo que sus efectos perversos retrocedan y sus buenas consecuencias proliferen.
Sin duda la judicialización de lapolítica significa que vivimos en un bosque animado de reglas. Nuestras sociedades son, pese a las apariencias o al discurso político oficial, sociedades extremadamente reguladas. Pero cuando se utiliza aquella expresión para retratar la realidad (cuando se describe como «judicialización de la política» una determinada sentencia, por ejemplo) se hace con intención crítica: se quiere decir que ha habido invasiones competenciales o excesos interpretativos de parte de los jueces. Que éstos se han extralimitado en sus funciones por alguna razón. Que tenemos ante nosotros patologías y excesos, no los equilibrios institucionales propios de la democracia. Usualmente se culpa de esos excesos al activismo judicial, pero es bastante cierto que ese activismo bien podría tener como origen la dejación de ciertas funciones de control sobre el poder por parte de otros órganos competentes. Así, por ejemplo, cuando el control judicial se entromete en las responsabilidades políticas suele ser como efecto inducido de la ausencia de control de esas responsabilidades en el parlamento o en otros ámbitos institucionales. De hecho, cuando ciertos políticos reducen las responsabilidades políticas a las penales («los tribunales decidirán») o utilizan ciertos tribunales como «tercera cámara» (tras perder las votaciones en el parlamento uno se dirige, por costumbre y por sistema, al Tribunal Constitucional), no hacen más que empujar en la dirección de la judicialización de la que se quejan con posterioridad cuando sus efectos son negativos para la propia posición.
A veces, incluso, son los mismos que ponen en marcha esa judicialización los que luego se quejan de politización de la justicia. Este concepto señala ahora al modo en que los grupos políticos tratan de influir sobre los jueces debido, precisamente, a su aumento de poder político. Se habla de presiones en el sistema de reclutamiento o en el sistema de autogobierno o en la campaña de tal o cual medio de comunicación a favor o en contra de esta sentencia o aquel juez. En realidad, ambas cosas (judicialización de la política-politización de la justicia) son caras de la misma moneda.
Ahora bien, la primera de ellas contiene el riesgo de dejar demasiado poder en manos del poder judicial (y entonces conviene recordar la prudente advertencia de Guarnieri y Pederzoli: «Todo poder [y también el poder judicial] tiene que estar limitado», pág. 170). La segunda, por su lado, contiene el riesgo de hacer tan alta la incidencia de los intereses políticos en la justicia, que se vacíen de sentido conceptos como independencia u objetividad, que son cruciales en el Estado de derecho.
Dicho de otro modo, el riesgo de judicialización aparece como consecuencia de la amplitud de los márgenes interpretativos del juez y su tendencia a escapar de la sujeción de la ley, con lo que se sustituiría el imperio de la ley por el imperio del intérprete (y de un intérprete, además, no responsable políticamente ante la ciudadanía). Por su lado, el riesgo de politización surge de la tendencia creciente del poder político y de los grupos de presión a intervenir en algún escalón del proceso judicial, tendencia inducida por la cada vez mayor amplitud de la discrecionalidad del juez en la interpretación y aplicación de las normas.
Nuestra condición política actual exige de los ciudadanos que entendamos de manera precisa cuáles son las tensiones entre derecho y democracia, justicia y voluntad general, y cómo la incidencia de los medios de comunicación, el retroceso de la responsabilidad política o la crisis de representación hacen cada vez más complejo entender la realidad actual con las categorías tradicionales. Si existe un ámbito en el que resulta urgente poner al día los vocabularios y los conceptos que poseemos para describir estas situaciones este campo es el de las tensiones y problemas entre judicatura y política. El libro de Guarnieri y Pederzoli es un pionero en este campo y su traducción castellana debe ser por ello bienvenida.
