ARTÍCULO

Los empresarios en la España del siglo XX

 

Agradecemos a Juan Pro la atención que nos ha dedicado y la oportunidad de una réplica, costumbre no tan frecuente en nuestro gremio y tan saludable para la profesión. Pero creemos que, quizás, ha podido ocurrirle algo similar a lo que él nos achaca. Dice Pro que perseguimos el fantasma de un mito historiográfico que muy pocos sostendrían hoy, y quizás él persigue en nuestro libro lo que en absoluto pretendemos sostener. Al lector de su comentario le resultará difícil, además, entrar en la cuestión porque, antes de pasar a la crítica, no se le informa –como es preceptivo en cualquier recensión que se precie– del contenido del libro más que con una referencia muy general a que trata de «las relaciones mutuas entre economía y política».

No hemos pretendido rebatir la afirmación de que los empresarios y los poderosos de la economía lo hayan decidido todo en la España del siglo XX , y mucho menos que a ellos se deba cualquier desviación de la modernidad o vía peculiar en nuestra historia contemporánea. En primer lugar, tenemos tan buena opinión sobre la historiografía española de los últimos decenios –como de manera explícita afirmamos en el libro y queda demostrado de manera contundente en la bibliografía citada y en el uso que de ella hacemos– que no se nos ha ocurrido pelearnos con semejantes molinos que, efectivamente, casi nadie sostiene hace mucho tiempo (aunque recalcitrantes no faltan, que de todo hay). Y, en segundo lugar, lo que en el libro sostenemos es un tanto más sofisticado de lo que Juan Pro nos atribuye a partir de una lectura apresurada.

Lo que él califica con extrema ligereza de enmarañamiento y acumulación de argumentos de desigual calado es, como él mismo reconoce, una apelación a la complejidad de las relaciones entre los intereses económicos (no sólo empresariales, por más que el título del libro pueda sugerir otra cosa, no así el subtítulo) y el poder político a lo largo de más de un siglo. Pero no una apelación a la complejidad sin mayores razones o conclusiones, sino siguiendo una línea interpretativa que, ingenuos de nosotros al parecer, creíamos más claramente expuesta. Su afirmación de que esa línea argumentativa queda supuestamente soterrada por una exposición narrativa o, aún peor, que con el acopio de casos concretos e individuos particulares introducimos un elemento de ambigüedad que se convierte en «silencio clamoroso» respecto a la responsabilidad de los grupos económicos y empresariales en los golpes de Estado de 1923 y 1936, nos lleva a pensar que a algunos lectores, incluso lectores formados, les es necesario que se les abra los ojos porque ellos, por sí mismos, no son capaces de sacar sus propias conclusiones. En general, nosotros tenemos mejor opinión de los lectores y en consecuencia creemos que no necesitan semejantes muletas pero, en todo caso, en nuestro libro hay una introducción y un epílogo, muy breve, de diez páginas, en las que exponemos claramente nuestros puntos de partida y nuestras conclusiones. Otra cosa es que Juan Pro no esté de acuerdo con ellas, pero no es eso lo que dice sino que niega la mayor: que exista una interpretación. Lo cual nos resulta a todas luces inaceptable, porque si de algo está sobrado nuestro libro es de interpretación. Su construcción no es casual, está medida al milímetro. Otra cosa es que no nos detengamos cada dos por tres en aburrir al lector, como si de un niño de primera comunión se tratara, recapitulándole con unos presupuestos teóricos que se hallan implícitos pero meridianamente transparentes para cualquiera.

Que somos bastante prolijos, es cierto, pero por motivos distintos a los que Pro nos achaca. El primero porque, aunque politóloga de formación una de los autores y profesores ambos en una Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, o quizás por eso, estamos convencidos de lo beneficioso del diálogo entre las ciencias sociales y la historia, pero diálogo en ambas direcciones, sin avasallamientos. También creemos que es imprescindible un orden cronológico y la narración de determinados acontecimientos (lo cual no es «puro positivismo» como nos achaca nuestro crítico), no para renunciar a una explicación, como se nos echa en cara, sino para sostenerla. Pero también para hacer más ameno el producto al lector, porque entendemos que uno de los desafíos prioritarios que hemos de encarar los historiadores profesionales es precisamente la ampliación de nuestros lectores, ya que desgraciadamente el gran público lector de historia suele estar en manos de publicistas y advenedizos que, salvo honrosas excepciones, no se caracterizan por una aproximación rigurosa al pasado. Que Pro considere clásica nuestra forma de hacer historia nos lo podríamos tomar más como un elogio –sin duda inmerecido– que como una crítica. Pero, sinceramente, no nos consideramos tan clásicos (¡ojalá y fuera así!, no estaría nada mal), y no lo hacemos porque en nuestro libro hemos combinado distintas perspectivas, en un cruce de caminos a caballo de la historia política, la historia social, la historia económica y la más propiamente empresarial y de los intereses. No creemos que una opción de este tipo sea muy frecuente en nuestra historiografía, y en cualquier caso ratifica nuestra vocación interdisciplinar, el método narrativo incluido.

Por otra parte, no estamos obsesionados con demostrar todas y cada una de nuestras afirmaciones, callándonos cuando no hay fuentes que las sostengan, pero nos parece del todo honrado señalar cuándo las hay y cuándo no. La existencia de contactos personales, privados, entre empresarios y políticos, tan frecuentes como imposibles de probar en su mayoría, se introduce en la medida en que se puede hacerlo –como en el golpe de 1923–, pero no para afirmar de manera tajante lo que no se puede. Ahí el lector debe sacar sus conclusiones.

¡Que no hay una tesis propia de los compromisos empresariales con los golpistas ni con la legalidad constitucional! Claro que la hay: los golpes, tanto en 1923 como en 1936 –pese a las diferencias entres ellos–, tuvieron un origen complejo en el que el descontento o la «conspiración» empresarial fue, en todo caso, una pieza más y no, desde luego, la causa central por mucho que resultaran importantes los apoyos económicos; otros apoyos fueron igual o más decisivos, como lo fueron los comportamientos anticonstitucionales de otros grupos, organizaciones o instituciones. Sostenemos, y lo decimos, que ni Primo de Rivera ni los militares en 1936 tomaron sus decisiones al dictado de los grupos empresariales, ni se pusieron después a sus órdenes. Aquéllas fueron gravísimas crisis políticas que conviene analizar en su complejidad, y en lo que corresponde a la «responsabilidad» de los empresarios y grupos económicos, nosotros decimos cuál es nuestra interpretación. Nada de «silencios clamorosos», que sólo se encuentran en la imaginación de Juan Pro. Otra cosa es que no guste lo que decimos.

Si el primer motivo de nuestra «prolijidad» es tratar de utilizar de la mejor manera esa interdisciplinariedad entre historia y ciencias sociales, el segundo es que el largo período de tiempo recorrido –de 1875 a 2000– lo exigía. Pues nuestra tesis principal es que a lo largo de ese tiempo este país se ha transformado de manera tan radical y ha pasado por regímenes políticos tan dispares que, por debajo de la constante de una «instrumentación recíproca» entre los intereses económicos y los poderes políticos, ha habido cambios sustanciales en la manera en que se ha producido esa instrumentación. Y pretendíamos explicar cómo se han producido esos cambios y con qué consecuencias. No negamos en absoluto que haya relación entre economía y política –¡por Dios, si es el centro de toda nuestra construcción!–, no proclamamos la «independencia» de la política, pero sí sostenemos que tiene una lógica propia, irreductible a la existencia de determinados intereses económicos. Y tanto esa lógica de la política, como la propia de la actuación de los intereses económicos, y la de la relación entre ambas, en uno y otro sentido, cambian necesariamente según el país pasa de agrícola a industrial y después a terciarizarse; según pasa del liberalismo decimonónico a la democracia, con los dos cortes dramáticos de las dictaduras; según crece el Estado... porque no se trata sólo de «fragilidad de las finanzas estatales» y escasos recursos presupuestarios a repartir, que es a lo único a lo que se refiere Juan Pro, sino de su peso, tanto en términos económicos como en su capacidad de legislar sobre cada vez mayor número de materias.

No es de recibo confundir el análisis de situaciones complejas con «una historia enmarañada, incapaz de explicar los procesos o de señalar causas y consecuencias». El hecho de emplear categorías genéricas como empresarios, intereses económicos o, en otro contexto, oligarquía, plutocracia o bloque de poder, no es fruto de una indefinición o de nuestra incapacidad para utilizar con propiedad los conceptos, ya que en cada espacio o tiempo concretos afinamos y detallamos a qué tipo de intereses económicos nos referimos, sin privarnos de llenarlos de contenido. En cuanto a nuestra afirmación de que durante la Restauración «los profesionales de la política mantuvieron un alto grado de independencia con respecto a los grupos de presión» (pág. 101), no es un «aserto», como afirma Pro, sino la conclusión a la que llegamos después de un análisis efectivamente pormenorizado y cargado de pruebas y argumentos (que al parecer no han hecho mella en Pro). Un análisis en el que distinguimos planos, espacios y situaciones a lo largo de medio siglo, deteniéndonos en el funcionamiento de aquellas instancias, como el Parlamento, en las que se discutían y se aprobaban las grandes directrices de la política económica y social, ámbitos propios de la acción de los intereses económicos. Desde luego no negamos que hubiera presiones ni grupos más o menos beneficiados por dichas políticas. Lo que sostenemos es que a ellas se llegaba después de un proceso complejo en el que los políticos no actuaban como meros voceros de los intereses económicos, sino atendiendo también a sus intereses como tales políticos. Ni qué decir tiene que en las épocas en las que esos políticos, para llegar al poder y mantenerse en él, necesitan el voto de los ciudadanos, la lógica de su actuación podía y puede llevarles a enfrentarse con determinados intereses económicos.

Salvando las distancias, algo parecido ocurre con el franquismo. Significativamente, en su obsesión por no reconocer lo que resulta evidente en nuestra interpretación, Pro se salta todo el período autárquico, donde de forma clamorosa quedó plasmado el sometimiento de la economía a los intereses políticos de la dictadura. Pro se centra en el giro experimentado por la política económica a finales de los años cincuenta, cuando ya el corsé autárquico e intervencionista se había relajado, para atribuirnos además algo que no decimos: que las demandas empresariales no pesaron en aquel giro. Claro que pesaron, en contra o a favor de la apertura económica según les fuera a los distintos grupos en presencia, como queda meridianamente expuesto en el libro; pero tampoco entonces fueron determinantes en el proceso de liberalización, como sí lo fueron las decisiones de los responsables políticos de entonces y, sobre todo, de los técnicos económicos de un Estado en crecimiento, por primera vez tenidos seriamente en cuenta desde 1939. Defender que «el poder de los empresarios ha sido enorme» en la historia contemporánea de España depende de cómo lo considere cada cual. Si se parte de que «los empresarios» y los grupos económicos no han constituido nunca un actor político unívoco, sino una constelación poliédrica y sumamente atomizada de intereses escasamente cohesionados, a lo mejor habría que rebajar –como nosotros hemos hecho– esa conclusión tan grandilocuente. Pero claro, cada uno es libre de jugar con su imaginación y con los modelos teóricos como quiera, aunque nada tengan que ver con lo empíricamente demostrable.

En fin, todos estos temas eran complejos y por ello exigían, en nuestra opinión, esa combinación de relato y explicación. De las dos cosas hay en ese libro que, por lo demás, ha pretendido ser una rendición de cuentas de muchos años de investigación por nuestra parte, un reconocimiento agradecido a la historiografía de las últimas décadas... y una base sobre la que seguir discutiendo amablemente.

01/08/2003

 
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