ARTÍCULO

Libertad, igualdad, fraternidad… y poder (II)

 

El último libro de Ronald Dworkin es un apasionante aunque, en mi opinión, fallido intento, de difuminar las fronteras donde termina la economía y comienza la ética. Pero, aun así, es un recordatorio, que debemos agradecer, de la urgente y difícil tarea de reducir rápida y drásticamente tanto la desigual distribución de la riqueza entre las naciones del mundo como las existentes en el interior de cada país. Robert W. Fogel, galardonado en 1993 con el Premio Nobel de economía por sus trabajos sobre los efectos económicos de la esclavitud en Estados Unidos y profesor de Instituciones Americanas en la Universidad de Chicago, intenta en su obra más reciente dar una respuesta estadounidense a una cuestión no sólo estadounidense que plantea en la primera página de su libro: «En el amanecer de un nuevo milenio, [...] la falta de equidad espiritual (o inmaterial) es actualmente un problema tan relevante, o acaso más, que la de carácter material».

Su punto de partida es que el límite de la pobreza se sitúa hoy en Estados Unidos en un nivel de renta real equivalente al disfrutado hace un siglo por el decilo más alto de su población, lo cual hace que el aspecto crítico de lo que califica como «agenda postmoderna de la igualdad» no resida en la distribución de bienes tales como los alimentos, la vivienda, los artículos de consumo duradero o incluso los activos financieros, sino en el campo de los bienes espirituales, ya que éstos son los ingredientes críticos para la autorrealización de las personas y aquellos cuya carencia provoca un extrañamiento espiritual respecto al tronco de la sociedad en que viven. La historia de ese país se ha cimentado en dos principios que han marcado el progreso del igualitarismo americano: la igualdad de oportunidades, dominante a lo largo del siglo XVIII y los tres primeros cuartos del siglo XIX, y el de igualdadde condiciones, que se hizo realidad fundamentalmente a partir del «New Deal» y se materializó en medidas gubernamentales tales como la imposición progresiva, los salarios mínimos y las pensiones, entre otros. Esas y otras medidas transferían a mediados de la década de los años noventa el 20% de la renta de la quinta parte más rica de la población americana a los grupos más pobres. Pero en los años finales del siglo XX se asiste en Estados Unidos a un resurgir del principio de igualdad de oportunidades debido, por un lado, a la recuperación del «entusiasmo religioso» –que acentúa la responsabilidad individual– y, por otro, al convencimiento de que una parte apreciable de los problemas de desigualdad aún sin resolver –barreras educativas y profesionales que frenan el progreso de ciertas minorías étnicas o de grupos como las mujeres– son más una cuestión de igualdad de oportunidades que de transferencias de renta.

Una característica del libro de Fogel, que puede interesar al lector español acostumbrado a intentar interpretar los fenómenos sociales de aquel enorme país por medio de análisis predominantemente políticos, económicos o pseudoculturales, es la utilización de un esquema basado en el papel de los movimientos religiosos a lo largo de su historia. Siguiendo las pautas marcadas por el gran historiador de la religión William McLoughlin, y en menor medida de otros dos grandes maestros de la historiografía americana, Gordon Wood y Anson Stokes, Fogel considera que los períodos de crisis morales y de nuevos planteamientos teológicos constituyen el fermento transformador de los valores éticos y de las políticas sociales dominantes en cada época, origen a su vez de los cambios políticos y crisis electorales que concluyen por adecuar el aparato económico y las nuevas tecnologías a los moldes forjados por el naciente entramado de corrientes éticas, sociales y políticas. De acuerdo con ese modelo, la historia estadounidense estaría pautada por cuatro grandes ciclos, enlazados entre sí, de una duración aproximada de ochenta a cien años. Cada ciclo cubre tres fases, cuya vida coincide con una generación. La primera es escenario de un renacimiento religioso, que suele calificarse como «gran despertar», heraldo de un período asentado en principios éticos renovados, y a la que sigue una segunda fase ilustrada por programas políticos y movimientos sociales adaptados a aquel tono ético. La tercera y última de las fases contempla la puesta en cuestión de esos cimientos éticos y políticos como resultado de la decadencia de la orientación religiosa que los puso en marcha.

El «primer gran despertar» transcurre desde 1730 hasta 1830, y se caracteriza religiosamente por el declinar de la doctrina calvinista de la predestinación, el énfasis en la posibilidad del «nuevo nacimiento» a la fe por medio de la conversión de los pecadores y la aparición de una ética de la benevolencia que no libró a los dirigentes de las iglesias oficiales de las acusaciones de corrupción por obra del poder y el lujo. Los dirigentes políticos de la Revolución americana eran, sin embargo, criaturas de la Ilustración y en su ideario fluían más las ideas del derecho natural que las de la doctrina de la revelación. El «segundo gran despertar» aparece alrededor de 1800 y llega hasta 1920. En una sociedad inicialmente rural, los predicadores metodistas aseguraban a los americanos que cualquiera de ellos era capaz de alcanzar la gracia y salvarse si luchaba contra el pecado, obteniendo la prosperidad puesto que Dios recompensaba la virtud y castigaba con la pobreza a quienes condenaba por sus faltas. Fue en esos años cuando algunas voces religiosas comenzaron a difundir el mensaje de que era misión de los Estados Unidos instaurar el reino de Dios en la tierra. La fase política contempló una serie de reformas sociales pero, sobre todo, el triunfo del ala más radical del abolicionismo, que acabó plasmando una coalición antiesclavista, origen del Partido Republicano, cuyo mensaje electoral se basaba, más que en consideraciones religiosas, en la conveniencia de impedir a los dueños de esclavos apoderarse de nuevas tierras pertenecientes a los blancos del Norte y evitar la competencia de una mano de obra más barata.

El año 1890 es la fecha en que comienza el «tercer gran despertar», cuya fase religiosa duró hasta 1930 y fue testigo de un cisma entre las principales iglesias evangélicas, no sólo por el rechazo a la proposición de que la pobreza era consecuencia del pecado, sino también a propósito de la reforma de las ciudades, consideradas como centro de corrupción social. Finalmente triunfó el ala modernista o liberal, que aplicaba principios científicos modernos al estudio de la Biblia y hermanaba las teorías evolucionistas y los estudios teológicos, predicando que la pobreza no es una señal de fracaso personal sino social y que el Estado está obligado a mejorar las condiciones de los pobres impulsando la redistribución del trabajo y de la renta, medios imprescindibles para acabar con la corrupción que reinaba en las ciudades. Los postulados del llamado Evangelio Social encontraron terreno abonado, primero, en las universidades y, segundo, en los nuevos medios de comunicación ––desde los periódicos populares hasta el cine––, que acabaron por propiciar no sólo la aparición del «New Deal» y las bases de un Estado del Bienestar, sino plantando también las semillas ideológicas para una serie de reformas políticas posteriores tan relevantes como las de carácter laboral de los años treinta a los años cincuenta, las de los derechos civiles, en las décadas de los cincuenta y los sesenta, y el nuevo feminismo de finales de los sesenta y comienzos de los setenta.

Estados Unidos está hoy, según Fogel, inmerso ahora en el «cuarto gran despertar», surgido hacia 1960 y caracterizado por una fase de intensa sensibilidad religiosa cuyo rasgo más destacado es la pérdida de influencia de las confesiones protestantes tradicionales y el enorme crecimiento en la feligresía de las iglesias conocidas como «entusiastas» –Mormones, Iglesia de Pentecostés, Adventistas y Neofundamentalistas–, que han incrementado sus miembros en más del doble, alcanzando a finales de los ochenta 60 millones de simpatizantes, lo que suponía casi un tercio del electorado estadounidense. Su cristalización ideológica fue el movimiento de la Mayoría Moral, cuya plataforma política incluía la oposición al aborto, el restablecimiento de la oración en las escuelas, la lucha contra la pornografía, las propuestas de establecer unos programas educativos orientados a la transmisión de determinados valores morales a los niños, y que fue capaz de enlazar con movimientos conservadores en el campo económico, defendiendo los recortes de impuestos y la menor intervención del gobierno en los problemas sociales al ensalzar la responsabilidad que a los ciudadanos corresponde en el desarrollo de su destino. La difusión de estos postulados caló también en los partidos políticos, de forma tal que hoy en día es imposible entender las tendencias políticas y las orientaciones sociales de la sociedad estadounidense sin conocer las agendas de estas confesiones religiosas. Pero la manifestación política más sobresaliente ha sido el dominio del Partido Republicano en ambas cámaras del Congreso durante la mayor parte de la década de los noventa y, pese a los esfuerzos del presidente Clinton para incorporar a su programa de gobierno cuestiones afines a los cristianos entusiastas ––como la lucha contra la difusión de la violencia y la pornografía en el cine y la televisión o los juegos de azar organizados por los estados–, la última elección presidencial se saldó con el triunfo de un candidato inane cuyo único activo electoral fue un confuso conjunto de promesas llamado «conservadurismo compasivo».

Ante este panorama, la opinión de numerosos estudiosos de la historia estadounidense –Fogel incluido– es que, aun cuando la renta real media del 20% más pobre de la población se ha multiplicado por veinte en la centuria que separa 1890 de 1990, un ritmo muy superior al del resto del país, la crisis cultural, consecuencia de la industrialización y urbanización, que provocó el movimiento del Evangelio Social durante el «tercer gran despertar» permanece sin resolver. Problemas tales como la droga, el embarazo de jóvenes solteras, la violencia física sufrida por mujeres y niños, así como la criminalidad entre los quinceañeros, son indicativos de una crisis moral y cultural que no termina de sellarse desde hace más de cien años y que fortalece el convencimiento de que las reformas culturales deben sustentarse más en el plano personal que en el social y que el compromiso individual es la mejor base de los movimientos de cambio general. El resultado ha sido el fortalecimiento de un nuevo populismo y la demanda de la devolución del poder al pueblo.

A partir de ese punto, Fogel comienza a desgranar en el capítulo quinto de su obra lo que llama «la postmoderna agenda igualitaria». Para ello recurre a la mención de algunos rasgos típicos de las sociedades avanzadas, pero especialmente acusados en los Estados Unidos: el predominio de los servicios en las economías de esos países, los cambios en la estructura del consumo familiar y en el uso del tiempo, los dilemas respecto a la financiación de los sistemas sanitarios y, sobre todo, de las pensiones –destacando que estos dos últimos problemas no se plantean actualmente en términos de lucha de clases económicas sino de equidad intergeneracional debido a que lo que a comienzos del siglo XX era una política socialmente encomiable parece hoy un reto económicamente imposible–, pero, especialmente, su insistencia en la promoción de la educación como medio no sólo de asegurar la competitividad de la economía estadounidense en un marco a escala mundial sino, lo que es más relevante para sus preocupaciones de redistribuir la renta entre grupos sociales desiguales, como medio de reducir las desigualdades actualmente existentes. Nuestro autor señala que la desigualdad ha aumentado tanto en el seno de los países ricos como entre éstos y los países pobres, pero llama nuestra atención sobre algunos matices frecuentemente olvidados en este tipo de discusiones.

Es en las últimas 38 páginas del libro donde el lector encuentra los cuatro puntos cardinales de las tesis de Fogel y que me atrevería a identificar como los siguientes: la pregunta a propósito de si es posible redistribuir los recursos inmateriales al igual que sucede con los materiales; su afirmación según la cual completar la revolución educativa es el reto pendiente del cuarto gran despertar, pero que será una tarea muy cara; sus precisiones respecto a por qué ha aumentado la desigualdad en Estados Unidos; y, por último, una serie de conclusiones sobre qué puede deparar el futuro. Pues bien, y resumiendo: así como la política fiscal ha sido y es un arma eficaz para distribuir la renta, no parece claro que exista un sistema parecido para redistribuir los recursos inmateriales. Los medios hasta ahora experimentados para reducir las desigualdades materiales han tenido un éxito considerable, confiesa Fogel, pero ninguno será tan eficaz como la educación; el único inconveniente reside en que es muy caro: más exactamente, supondría dedicar el 11 o el 12% de la renta nacional de los Estados Unidos en lugar del 7% como sucede en la actualidad.

Las precisiones sobre la evolución de la desigualdad merecen, sin duda, un resumen algo más amplio. Fogel reconoce que, si bien tanto las fórmulas utilizadas para medir las condiciones de vida –que incluyen tanto las puramente financieras como las biomédicas– muestran una reducción de la desigualdad entre mediados del siglo XIX y mediados de los años sesenta del pasado siglo, a partir de 1970 la desigualdad económica ha vuelto a aumentar en los Estados Unidos. Ahora bien, en 1890 el 10% más rico trabajaba menos horas que el 10% más pobre; actualmente la situación es casi exactamente la contraria, pero la cuestión incluye características muy significativas; por ejemplo, en 1994 el 54% de las familias situadas en el decilo más alto de renta en ese país tenían trabajando tanto al cabeza de familia como, normalmente, a la esposa, y un 12% adicional lo componían personas que se encontraban en la cumbre de su profesión y de sus salarios. Es más, entre la década de los sesenta y la de los ochenta, las horas trabajadas por el núcleo de personas predominante en el decilo más elevado –profesionales altamente cualificados– aumentó un 12%, mientras que las del decilo más bajo disminuyó un 20%; pero ello no se debió a las dificultades de éstos para encontrar trabajo, ya que su consumo familiar aumentó un 11%, sino a que en un 75% se trataba de familias o personas que se encontraban transitoriamente en ese decilo de distribución de la renta, pero contaban con una riqueza acumulada suficiente para mantener sus niveles normales de consumo y, por lo tanto, aproximadamente sólo la cuarta parte restante era crónicamente pobre. Abundando en su análisis sobre la importancia de la educación, el profesor de Chicago apostilla que el aumento del coeficiente de Gini se ha debido, por un lado, al rápido aumento de las rentas de los profesionales altamente cualificados en los años ochenta y, por otro, al estancamiento de las retribuciones de quienes tenían un nivel de educación que no iba más allá del bachillerato.

Aquí he de añadir que la desigualdad entre naciones parece haber aumentado entre mediados de los años setenta y comienzos de los noventa, pues la medida internacional de la desigualdad pasó del 62,5 en 1988 al 66 en 1993. Es cierto que los países del llamado Tercer Mundo han visto aumentar su riqueza, pero a un ritmo muy inferior a los de las naciones desarrolladas y que, sin entrar a analizar las causas, los informes de la FAO y de las Naciones Unidas, de 1996 y 1993, respectivamente, señalaban que en los países subdesarrollados había 180 millones de niños menores de cinco años con un nivel de desnutrición equivalente al de las personas más pobres en Francia e Inglaterra antes de la Revolución de 1789. Un buen resumen se limitaría a constatar, como hace Fogel, que las desigualdades internacionales son hoy en día superiores a las existentes en el interior de los países ricos. Pero, al parecer, la tradición igualitaria permanece, y continuará, sana en los Estados Unidos de acuerdo con un decálogo optimista –págs. 236 a 242– que comprende tanto una mejor y más variada alimentación como mejoras en la educación, pasando por el fortalecimiento de la familia tradicional, la reducción de la desigualdad entre las naciones y la discriminación de las amenazas que hoy en día padece el medio ambiente en general y la atmósfera en particular. Ahora bien, siempre existen nubarrones capaces de ensombrecer tan dorado panorama: la resistencia a realizar una transición fácil de una minoría gobernante blanca y protestante a una mayoría ni blanca ni protestante, la incapacidad de las nuevas generaciones para orientar los descubrimientos científicos y la nueva tecnología hacia la resolución de los problemas genéticos o del medio ambiente, la combinación de una estructura demográfica y ocupacional que obstaculiza la entrada en el mundo del trabajo de jóvenes más preparados y con nuevas ideas, el mantenimiento de tasas de fertilidad que contengan el exceso de población del planeta o, y ésta es una preocupación muy americana y quizás más duradera que la actual lucha contra el terrorismo islámico, los riesgos de una confrontación entre Estados Unidos y China.

Al finalizar la lectura de un libro como éste, uno se alegra de haber tenido la oportunidad de disfrutar de un análisis bien documentado e inteligentemente expuesto de la historia de las corrientes igualitarias en el país que actualmente es la primera potencia económica y política del mundo. Sin embargo, permanecen algunas dudas respecto a en qué medida el autor cumplió su propósito de presentar un nuevo programa de reformas, de orientación liberal, capaz de superar la patente desigualdad, sobre todo de bienes inmateriales, que caracteriza hoy a los Estados Unidos, aun cuando no sólo a ese país, como bien muestra un estudio sobre la posible convergencia de las estructuras sociales en Canadá, Alemania, Estados Unidos, Francia y, parcialmente, España. Es probable que ello sea debido a que el enfoque elegido por Fogel –el esquema de los «despertares» de origen religioso– no acabe de explicar tan cabalmente como él cree los ciclos de la historia americana y, sobre todo, falle en su aplicación a una sociedad postindustrial como es hoy su país y en la cual, por mencionar un rasgo muy visible, la influencia de los medios de comunicación es tal que resulta capaz de fijar los programas de los partidos políticos y de los candidatos a la presidencia y, si me apuran, orientar decisivamente las cuestiones que conforman la opinión pública dominante. La segunda laguna de este libro sobre la igualdad es que, a pesar de la riqueza de sus datos y de la agudeza con que se estudian, concluye ofreciendo una letanía de buenos propósitos que está muy lejos de constituir una propuesta coherente que incluya remedios para las hirientes diferencias existentes –dentro de los países y entre ellos– en la distribución tanto de los bienes materiales como de los inmateriales. Se hubiera agradecido, por ejemplo, que pronosticara cómo sería posible disponer de esos casi cinco puntos porcentuales del PIB –¡nada menos que 461.000 millones de dólares de 1996!– que se precisan para la mejora de la educación en el marco de unas condiciones que indican un rápido deterioro del actual superávit presupuestario.

El libro póstumo de Mancur Olson, profesor de la Universidad de Maryland, analiza una cuestión aparentemente muy diferente de la que preocupa a sus colegas de Nueva York y Chicago, respectivamente, puesto que él afronta en su libro el análisis de cuál es la esencia –algunos dirían «la naturaleza»– del poder político y las razones por las cuales algunas de sus formas dan origen a determinados modelos de comportamiento económico, mientras que otras dan lugar a otros diferentes. Pero existe, no obstante, una relación entre la posición de Olson, explicando por qué existen desigualdades entre países y regímenes políticos, y las pretensiones de Dworkin, buscando una y otra vez la igualdad, de tal forma que, de ser ciertas las teorías del primero, los propósitos del segundo serían irrealizables... salvo en la teoría.

Olson tiene el don de resumir en pocas páginas y en un lenguaje sencillo sus tesis básicas, proporcionando rápidamente al lector un esquema de su pensamiento. Por lo tanto, al llegar a la página 30 se tiene ya una idea muy precisa del armazón que sostiene la obra y que su estructura en tres niveles: el primero describe el paso del bandido itinerante al autócrata sedentario –en su opinión, ese cambio supone el comienzo de la civilización, tal y como nosotros la entendemos– y cómo, en el caso del segundo, es la existencia de «intereses abiertos» –es decir, en los que participan tanto el tirano como sus súbditos– y no de contrato social alguno, la que opera como «mano invisible» que permite diferenciar entre una y otra forma de apropiación ilegítima, en el sentido de que el autócrata acaba prestando algunos servicios beneficiosos para sus súbditos aun cuando ésta no sea, por así decirlo, su intención. En el segundo nivel se explica el modo en que incluso el autócrata más ilustrado acaba sucumbiendo a la tentación de primar sus propios intereses sobre los de sus sometidos, generando de esa forma las condiciones para que ciertos grupos o dirigentes lo derroquen y, si ello sucede en circunstancias tales que ninguno puede proclamarse a sí mismo como nuevo autócrata, la dispersión de poder permitirá el nacimiento de la democracia. La democracia es, pues, un régimen de poder compartido que precisa para su funcionamiento un gobierno formalmente elegido –gracias a una jerarquía funcional y al mantenimiento de la paz– que asegure ante todo un orden pacífico, al igual que el respeto a los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos y la resolución pacífica de las controversias, pero también la provisión de un cierto nivel de bienes públicos y el pago de los correspondientes impuestos por parte de los ciudadanos.

Nada asegura, situados en ese tercer nivel, que una mayoría democrática no esté interesada en explotar a las minorías –recordatorio este de plena actualidad en algunas regiones españolas–, pero aquí vuelven a entrar en juego los «intereses abiertos», compartidos en democracia por un número generalmente muy amplio de ciudadanos, y otra categoría reforzada, los «intereses superabiertos», en los cuales todos participan en principio y que, por lo tanto, suelen estar reconocidos de forma especialmente solemne –generalmente en las constituciones o textos legales básicos– y defendidos por instituciones y procedimientos adecuados. Ese entramado legal e institucional fuerza un modus operandi en el cual el intercambio voluntario y la existencia de costes de transacción acaban logrando resultados que la jerga económica califica de «Pareto-eficientes». Ahora bien, recordando las premisas de su obra pionera La lógica de la acción colectiva, publicada en 1965, Olson subraya aquí que únicamente en los grupos pequeños puede tener éxito la acción colectiva voluntaria –en otras palabras, el tejido de acuerdos entre individuos racionales que beneficia a todos y a cada uno de ellos–, pues en los grupos grandes –como las democracias en que vivimos– los individuos no están motivados para actuar habitualmente en beneficio del bien común, ya que para ellos resultará beneficioso quedar excluidos de los costes inherentes al suministro de un bien colectivo. Pero otros pueden seguir el ejemplo y el resultado final acaso sea que el bien público en cuestión no se suministra; se precisará, por tanto, la existencia de incentivos selectivos –ya sean de carácter positivo o negativo– para que los grandes grupos que actúan en democracia se embarquen en una acción colectiva. Puede decirse que el difunto profesor de Maryland no se hacía demasiadas ilusiones ni sobre la justificación de los gobiernos ni, como enseguida se comentará, sobre el altruismo de los individuos; la democracia, en consecuencia, debe valorarse en la medida en que avale, en principio, paz, comodidad y seguridad para los ciudadanos y sus propiedades. Actualizando en cierto modo a Hobbes, opinaba que los grupos muy numerosos no pueden eliminar la anarquía y establecer un gobierno orientado al bien público basándose en el contrato social voluntario, y ello aun cuando existan intereses abiertos y superabiertos. La razón es que el ciudadano típico de una democracia no tiene normalmente un incentivo para embarcarse en un estudio serio de los asuntos públicos, pues sólo obtendrá una parte mínima de los beneficios de la acción política; ese hombre es, en gráfica expresión de Olson, un «ignorante racional». Por ello los votantes –y, en consecuencia, las mayorías electorales– son a veces incapaces de seleccionar sus propios intereses, siendo esa ignorancia racional la que permite a los grupos organizados actuar colectivamente e influir de modo decisivo en la vida pública y en las decisiones adoptadas por los diferentes niveles de gobierno. Es cierto que los gobiernos democráticos pueden ocasionar pérdidas de eficiencia en el suministro de bienes públicos, pero esas pérdidas resultan relativamente tolerables en comparación con las distorsiones originadas por la actuación de los grupos de presión o la cartelización organizada por sectores de intereses que persiguen objetivos especiales restringidos. Que se conviertan en simples manipuladores o en enemigos de la democracia depende únicamente, creo yo, de cómo reaccionen los gobiernos a su existencia y funcionamiento, ya que la libertad económica exige una actitud decidida por parte de los poderes públicos. Habitualmente, gobierno representativo y crecimiento económico sostenido han ido de la mano, pero existen casos –y la España franquista es uno de ellos– en los cuales la presencia de libertades económicas establecidas bajo un régimen políticamente autocrático facilita, incluso de forma inesperada, la transición hacia la democracia.

Olson dedica casi una cuarta parte de su libro a aplicar su modelo analítico al caso de las autocracias soviéticas, a su descomposición y al legado que ello dejó. Con todo el interés que las reflexiones de Olson siempre tienen, se trata de las páginas más caducas de la obra y el lector puede saltárselas para concentrarse en el capítulo final, dedicado a resumir las opiniones del autor respecto a la aparente paradoja según la cual, siendo los mercados condición sine qua non para una evolución próspera de la economía, y existiendo prácticamente en todas las sociedades que en el mundo han sido, en algunas han facilitado la prosperidad, mientras que en otras conviven con el atraso, incluso con la miseria. Su tesis es que ello nada tiene que ver con los efectos de la intervención de los poderes públicos pues, como bien dice, incluso en los países más ricos y liberales el Estado interviene mucho y en ocasiones equivocadamente. Su conclusión es que las diferencias entre Suecia y Mozambique no se deben al intervencionismo estatal, sino a algo muy diferente: a saber, no a los mercados que en ambos países existen, sino a los que funcionan en el primero y brillan por su ausencia en el segundo. Los mercados de los países pobres son del tipo que Olson caracteriza como de «transacciones autoobligatorias»: es decir, los bienes que se negocian en ellos se intercambian directa e inmediatamente por otros bienes o por dinero. Carecen, sin embargo, de mercados capaces de cubrir transacciones efectuadas en lugares diferentes o que implican promesas de realización en momentos de tiempo alejados el uno del otro. Pero ello exige que ambas partes confíen en el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas, lo cual no es seguro en los países pobres, en los que el derecho de propiedad y los derechos contractuales, en sí mismos un bien público inapreciable, están protegidos muy débilmente. En otras palabras, si el gobierno no percibe que apoyar decididamente ese cumplimiento redundará en su interés, esa sociedad habrá iniciado el camino que le conduce inexorablemente a la pobreza.

Es imposible resumir en menos de 175 páginas un modelo tan lúcido y explicarlo con tanta claridad como hace Olson en este libro, y no es fácil adivinar qué respuesta hubiera dado Olson a las demandas de los movimientos antiglobalización, pero es más que probable que hubiera juzgado con escepticismo la eficacia de soluciones tales como la condonación de la deuda externa de los países pobres, insistiendo en cambio en el levantamiento de cualquier restricción al comercio y en el aumento de la inversión en salud y educación al tiempo que se refuerzan el respeto a los derechos individuales y la consolidación del entramado institucional preciso para el fomento de los mercados como medio para asegurar un crecimiento económico sostenido y desterrar al gran enemigo del desarrollo de los países pobres: la corrupción.

Es una lástima que los lectores que no hayan podido leer el libro de Olson en su versión original se vean obligados a sufrir la tortura de una lastimosa versión en español que, y apunto sólo unas muestras, traduce (pág. 160) «the input-output possibilities» por «las posibilidades de entrada salida», vierte directamente a nuestro idioma «stationary bandit» como «bandido estacionario» (pág. 8), o cita como única versión en español del clásico libro de Schumpeter Capitalism, Socialism and Democracy la publicada en Barcelona en 1986, olvidando la muy anterior editada por Aguilar en 1951.

El lector tiene en sus manos tres excelentes obras que le permiten recordar, de un lado, y en contra de lo insinuado por Dworkin, que en la mayoría de las democracias occidentales el fin de la acción política no es exclusivamente garantizar la máxima libertad individual posible, sino asegurar las condiciones que permitan mantener un mínimo de bienestar para todos sus ciudadanos. Es posible que, como sostiene Fogel, en ese bienestar predominen cada vez más los bienes inmateriales, pero, de ser así, ese rasgo diferenciaría aún más las democracias de los países liberales y ricos de las situaciones que caracterizan los regímenes autoritarios y pobres del Tercer Mundo o la de aquellas naciones –no pocas de ellas latinoamericanas– que tienden a creer, erróneamente, según Olson, que se puede huir de la pobreza refugiándose en brazos de tiranías de uno u otro género. Pero no es fácil convencer a los apóstoles del moderno apocalipsis con razonamientos dirigidos a demostrarles que, precisamente, en los valores liberales, el progreso tecnológico, el buen funcionamiento de los mercados y la actuación limitada y responsable de los gobiernos democráticamente elegidos reside la única esperanza de los países en vía de desarrollo. Ahora bien, la explicación de ese error debe abarcar también el análisis de una evidente situación de desigualdad, esforzándose por poner en orden cifras contradictorias e intentando prever si, en el futuro, podrá corregirse esa tendencia a la desigualdad.

Pues bien, a lo largo del siglo XIX el PNB per cápita creció a una media anual del 1,3% en Estados Unidos y Gran Bretaña y de casi el 2% en el siglo XX, con el resultado de que, entre 1870 y 1913, el PNB por cabeza se duplicó en Estados Unidos, y entre esa última fecha y 1995 se quintuplicó (en España se multiplicó por 44 entre los años 1960 y 2000). Ese crecimiento no ha hecho sino incrementar la desigualdad entre países ricos y pobres, como bien muestra el hecho de que en Estados Unidos la renta per cápita a precios de 1990 pasó de 10.000 dólares en 1950 a 24.000 cuarenta años después, mientras que en Mozambique descendió de 1.000 dólares a 850. Por cierto, esta comparación pone de manifiesto los riesgos inherentes en las comparaciones de este tipo, puesto que si ponemos a un lado, de nuevo, a Estados Unidos y en otro a China en vez de Mozambique, durante el período 1975-1995 se comprueba que la renta per cápita en este último país ha crecido casi 4,5 veces, mientras que el país americano lo hizo sólo 1,4. El resultado ha sido que la diferencia entre ambos países se redujo en un ratio de 19 a 6, justo lo contrario de lo sucedido con Mozambique. Las sospechas de que, no obstante, algo no casa se confirma con un estudio del Banco Mundial que reúne datos de ochenta países para los últimos cuarenta años y que demuestra estadísticamente que la renta per cápita de los países pobres ha crecido al mismo ritmo que la de los ricos. Ahora bien, en la escena doméstica los datos vuelven a indicar la existencia de desigualdades; así, en Estados Unidos y en el período 1979-1997, la renta media de la quinta parte más rica de la población pasó de ser nueve a quince veces superior a la de la quinta parte más pobre. Con todas las cautelas necesarias, la conclusión sería que la distribución de la riqueza, tanto en el mundo como en la mayoría de los países, se ha hecho más desigual. Semejante resultado no hubiera sorprendido a Olson, pues en la lógica de su modelo está implícito, y este es también un dato, que en los países desarrollados el incremento de la riqueza de los grupos más afortunados ha ido emparejado con la mejora notable de la inmensa mayoría de la población, mientras que en las naciones menos desarrolladas –léase Rusia, no pocos países latinoamericanos o africanos– los nuevos ricos han aumentado su fortuna a costa de los pobres. Pero tampoco le hubiera asombrado que, a pesar de las enormes diferencias de riqueza existentes en los países democráticos y capitalistas, la desigualdad se tolera mejor, ya que en general se acepta como la consecuencia de un sistema competitivo, en el cual hay más igualdad de oportunidades, muy al contrario de lo que sucede en los países menos desarrollados.

Pero es también posible confiar en un horizonte más esperanzador; en concreto el que se desprende de un modelo diseñado por otro Premio Nobel de economía, el profesor de Chicago Robert Lucas Jr. Imaginemos, nos dice, un mundo integrado por países que en el año 1800 tenían todos una renta media por cabeza de 800 dólares del año 1985 –aproximadamente la renta per cápita de los países actualmente más pobres y, más o menos, la existente en la era preindustrial– e igual población. En esa fecha un grupo de países inicia una senda de crecimiento, cifrada en un ritmo del 2% anual, mientras que los restantes permanecen estancados. Esta hipotética avanzadilla disfrutaría el año 2000 de una renta media de 33.000 dólares. Posteriormente, por ejemplo cada cincuenta años, otros grupos de países comienzan a crecer a un ritmo igual al 2% del grupo inicial, más un margen proporcional a la diferencia entre el primero y el segundo grupo, y así sucesivamente, de tal forma que un país que hubiera quedado rezagado en la revolución industrial podría alcanzar idéntico nivel de renta que las nacionescabecera. Por lo tanto, los países de la segunda oleada de salida –en 1850– crecerían a un ritmo anual del 4,5%; los que iniciasen su despegue en 1900, al 7%; y los más rezagados –los de 1950– gozarían de un ritmo anual nada menos que del 9,5%. Es interesante subrayar que, según este modelo, y a diferencia de la exigencia dworkiniana de una única subasta de cestas con iguales recursos, el factor decisivo para que un país inicie su crecimiento es la renta media del mundo en cada momento. Esto significa que cuanto más rica sea la comunidad de naciones, más probabilidades de crecer tendrá un país inicialmente anclado en la era preindustrial. Curiosamente, estos supuestos ofrecen un perfil de crecimiento mundial parecido a lo realmente sucedido en estos dos últimos siglos: un suave despegue durante el siglo XIX, una fuerte aceleración en la mayor parte del siglo XX –cuando la renta global se incrementa– y un ritmo más pausado en las últimas décadas de dicho siglo, debido a que sólo quedaban unas cuantas economías preindustriales sin iniciar su crecimiento.

A diferencia de las construcciones dworkinianas, aquí no hay «prueba de la envidia»; es más, el modelo se basa en dos motores de crecimiento que se refuerzan mutuamente: primero, una vez lanzado el grupo inicial de países, el ritmo de avance de los siguientes depende del diferencial de renta entre el conjunto pionero y el de cada uno de los grupos subsiguientes; segundo, el «grado de aprovechamiento» de los rezagados está normalmente ligado a tres causas: su capital humano, la existencia de instituciones y reglas que rompan las posibles barreras al crecimiento y, en último lugar, la forma en la cual aprovechen los inevitables rendimientos decrecientes y el flujo de recursos de todo tipo que desde las economías maduras se transfieren a los países en crecimiento para incrementar su nivel de renta.

Este modelo pretende aclarar algunas cuestiones clave para todos aquellos preocupados sobre todo por la igualdad. Si en un largo período inicial de casi ciento cincuenta años el crecimiento entre los países originó diferencias internacionales de renta pronunciadas, en la medida en la que ahora nos hallemos en un período de lenta convergencia hacia una tasa global de crecimiento en torno al 2%, cabría esperar una reducción paulatina de esa desigualdad, con la esperanzadora consecuencia de que no parece existir una frontera infranqueable entre naciones ricas y pobres en la medida en que éstas se encuentren dispuestas a sembrar en su propio terreno las semillas de crecimiento que en su día aseguraron el éxito de aquéllas. Confiemos en que la realidad no desmienta una vez más la teoría, pero la revisión del pasado enseña a no descartar nada, como demuestra el historiador de Princeton Harold James en un reciente libro en el que analiza cómo la Gran Depresión de los años treinta destruyó rápidamente la globalización que comenzó a forjarse sobre la base del orden económico internacional en las últimas décadas del siglo XIX. ¿Pura coincidencia con la situación actual?

 

BIBLIOGRAFÍA CITADA

Gordon S. Wood, The Radicalism of theAmerican Revolution, Nueva York, Knopf, 1992.

Anson P. Stokes, The Church and the Statein the United States, 3 vols., Nueva York, Harper & Bros, 1950.

William G. McLoughlin, Revivals, Awakenings and Reform. An Essay on Religion and Social Change in America, 1607-1977, Chicago, University of Chicago Press, 1978.

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Robert Lucas Jr., «Some Macroeconomics for the 21 st century», Journal of EconomicPerspectives, vol. 14, nº 1, invierno 2000.

Harold James, The End of Globalisation:Lessons from the Great Depression, Cambridge, Harvard University Press, 2001.

01/05/2002

 
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