ARTÍCULO

La España austro-húngara de Ernest Lluch

 

«Estaba la nación dividida en dos partidos, como eran dos los rivales, pero ninguno de ellos era infiel a la nación en general, ni enemigo de la patria. Se llamaban unos a otros rebeldes y traidores, sin serlo en realidad ninguno, pues todos eran y querían ser españoles, así los que aclamaban a Carlos de Austria, como a Felipe de Borbón. Era un pleito de familia entre dos nobilísimos príncipes»
(A. Capmany, Centinela contra franceses, 1808).

Hasta hace relativamente poco tiempo, la llamada teoría de «las dos Españas» constituía una remisión inexcusable a la hora de explicar las particularidades de la historia propia. Aunque no fuera esa la única propuesta interpretativa de nuestro pasado que se alumbró en el ambiente derrotista y narcisista de hace un siglo, no resultaba nada fácil, sin embargo, sustraerse a su particular fuerza atractiva. Todavía en 1947 el propio Menéndez Pidal realizaría una cumplida demostración de las posibilidades que deparaba la utilización de tan castiza filosofía de la historia: para el ilustre filólogo la tensión entre las dos Españas dataría ya del mismo momento romano de Hispania, tal y como venía a poner de manifiesto la presencia de una España aliada de Aníbal y otra de los Escipiones. Recluidas luego en irreductibles posiciones ideológicas, cada una de esas dos Españas habría venido trabajando en la construcción de un imaginario histórico propio cuya trayectoria, paradójicamente, acababa por reducirse a una cuestión de dinastías, de Austrias frente a Borbones, de tradición frente a innovación. El combate ideológico resultaba ser así también historiográfico-dinástico, de acuerdo con un reparto de papeles que ya había venido disponiendo las cosas en ese sentido. A la identificación de la plenitud hispana con el momento de los Austrias, planteada en su momento por Menéndez Pelayo, se contraponía así la caracterización de «la alemana dinastía de los Austrias» como la causante del «mal» de España. Ella era justamente, en opinión de Macías Picavea, la responsable de «la enfermedad radical, original, primaria» que desde entonces sufría el país: el austracismo; una dolencia a la que en el cuadro de la «patografía» española nadie podía discutirle el primer lugar.

La teoría, que conocería asimismo versiones –la de Bosch Gimpera sin ir más lejos– nada complacientes en relación con el papel jugado por una y otra dinastía, resultaría todavía enormemente útil en la España franquista de los cuarenta y cincuenta. La interesada amnesia histórica y la propia renovación historiográfica sobrevenidas en la siguiente década acabarían no obstante por convertirla en algo tan obsoleto como políticamente incorrecto. De ahí la relativa sorpresa ante un libroSe trata de una remozada «versión castellana» –que no traducción– de La Catalunya vençuda del segle XVIII , aparecida en 1996. El libro recopila una serie de trabajos aparecidos ya con anterioridad, incluyendo no obstante nuevas consideraciones en muchos de ellos. El autor se mueve dentro de una línea de investigación y de una reflexión cuya aportación más característica la constituye su estudio sobre El pensament econòmic a Catalunya (1760-1840), Barcelona, Eds. 62, 1973. que, como el de Ernest Lluch, vuelve a colocarnos por un momento ante ese horizonte, reactivando un paradigma que creíamos hibernado. Se convoca en él –y se reivindica– la memoria de unas Españas vencidas hace ahora ya tres siglos, a raíz de una guerra dinástica y civil dicha de Sucesión (1704-1714). La divisoria entre una y otra España que aquí se plantea no obedece a una cuestión de ideologías ni, tampoco, traduce un antagonismo en términos de clases sociales. Los antiguos territorios de la propia monarquía protagonizan en este caso el enfrentamiento. La dialéctica que inspira el modelo sería así territorial antes que social. La Corona de Aragón, la gran derrotada en ese conflicto, vendría a resumir las Españas vencidas, sin tampoco por ello acapararlas del todo: en tanto en cuanto decían luchar por «las libertades españolas», los vencidos apelaban a un orden libertario en el que de hecho convergían «una determinada España (comprendidos bastantes castellanos), una determinada Corona de Aragón (mayoritariamente) y una determinada Cataluña (con una mayoría popular clara)». Tal resultaría ser en definitiva la composición de la España austracista, de unas Españas plurales y vencidas sobre las que la otra España borbónica y «unitarista» habría hecho caer un espeso manto de silencio. Las dinastías invertirían de esta forma los papeles asignados por los hombres del noventayocho: cimentadas sobre una diversidad territorial y una pluralidad de ordenamientos, las Españas austracistas se figurarían ahora como un espejo de libertades.

De ahí el esfuerzo de Lluch por hacernos ver la importancia de esas Españas vencidas, de alertarnos sobre un tesoro político y una memoria que no debemos dar por perdida. Y ello no tanto por ninguna reparación más o menos debida cuanto por la convicción de que, a pesar de ese silencio impuesto, la Corona de Aragón se mantuvo viva e, incluso, llegó a jugar un cierto papel en la España de los siglos XVIII y XIX . Y más lejos aún: constitución y derechos históricos en mano, la propia cartografía constitucional de la España actual no vendría sino a demostrar la vigencia de ese orden pretérito«...en la Constitución española de 1978, sin mapa explícito de España, si se combinan sus artículos 2 (nacionalidades), 3.3 (lenguas no castellanas) y 149.1.8 (derechos civiles especiales o forales con la Disposición Adicional Primera (derechos históricos) y la Disposición Transitoria Segunda (estatutos de la República de 1931), nos encontramos con que se dibujan nuevamente la Corona de Aragón, los territorios forales y Galicia», una formulación en la que Lluch reconoce la presencia de Herrero de Miñón (págs. 21-22). . Tanto es así que en el fondo y en lo fundamental la España constitucional podría considerarse como un trasunto de esas Españas. Sabiéndose residente en un territorio prácticamente deshabitado, Lluch no oculta su satisfacción ante la posibilidad de volver a instalarse –siquiera sea virtualmente– «en el ambiente austro-húngaro o de las Españas» pero, precisamente por ello, siente también al mismo tiempo la incomprensión y soledad que tal paso adelante conlleva: atrapados entre el fuego cruzado del nacionalismo catalán radical y el unitarismo de los españolistas astur-castellanos, los austro-húngaros no tienen ante sí precisamente un camino de rosas.

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Afortunadamente los costes que siempre impone la equidistancia no han impedido que en este caso el libro salga adelante. Con sus mimbres dispersos y sin perder nunca de vista el diseño de referencia, Lluch pone manos a la obra. Hay un primer nudo que se teje en torno a 17341736. Lo constituye materialmente un puñado de panfletos y un escrito de alcance mayor que se añade algo después. Es obra de exilados con historias muy diversas a sus espaldas, de un austracismo superviviente que, al amparo de un contexto internacional adverso a las pretensiones hegemónicas francesas, reivindica sin más la vuelta al anterior estado de cosas. Una demostración primera de que la Corona de Aragón continuaba viva. Sus propuestas nunca les impidieron ni la crítica interna ni la denuncia de algunos comportamientos anteriores no muy honorables por parte de los viejos aliados (Inglaterra, el Imperio). Pero sobre todo con ellos retornaba por un momento un olvidado lenguaje de reivindicación de «libertades». Se trata de un austracismo cuya presencia puede calificarse por lo mismo de «persistente», independientemente de que su principal teórico, el conde aragonés Juan Amor de Soria, procediese durante ese tiempo a una sustancial «depuración» y renovación de sus contenidos. De ellos se desprende que, consecuentes con su militancia antiabsolutista, los austracistas hispanos colocaron siempre las libertades por delante de la fidelidad dinástica.

La presencia de ese grupo, sus posibilidades mismas, se difuminan antes de llegar al medio siglo pero la conexión austríaca no se pierde del todo. Se reencarna incluso por segunda vez. No obstante, en ese austracismo pierde peso el pasado y lo gana el presente; pasa a operar con materiales de este último, tomados de las espectaculares realizaciones de Federico el Grande y de María Teresa. Su ejemplo se irradia. Si el primero aportaba un modelo de actuación en el campo económico y militar, la segunda se ofrecía como la referencia en punto a cuestiones de «organización territorial». Frente al espejismo inglés y sobre todo francés, tan habituales en el planteamiento de nuestra Ilustración, Lluch reivindica una desatendida influencia germánica, canalizada en este caso a través del cameralismo y que, a la vista de quienes la reciben y promueven, puede considerarse como un nuevo y novedoso fruto del austracismo. Su exitosa aclimatación en la España de Carlos III sólo puede entenderse, sin embargo, a partir del apoyo decisivo prestado –precisamente– por otro aragonés, el conde de Aranda, que en más de una ocasión había dejado constancia de su interés por los usos y costumbres de la nación aragonesa. A él se deberán buena parte de los cambios que más reconocidamente identifican ese momento ilustrado, insuflando con sus escritos y proyectos un aire propiamente habsbúrgico a la monarquía y promoviendo, con un «partido aragonés» de por medio, una concepción descentralizada de España «basada en el talante de la Corona de Aragón». Los vencidos volvían de esta forma a hacerse presentes.

Aun jugando «un papel muy importante dentro de la Ilustración económica española», el cameralismo habría sido sobre todo un fenómeno característico de los territorios de la Corona de Aragón. La nómina de traductores, divulgadores y alumnos aventajados que puede adjuntarse (Nipho, Romà i Rossell, Enrique Ramos, Arteta) resulta ciertamente espectacular. Hay unos rasgos (papel del mercado americano, consideración de los gremios, ayudas oficiales) que, sin llegar a formar un mundo aparte, identifican y diferencian a ese grupo del constituido por «los economistas astur-castellanos». Una frontera invisible habría continuado funcionando a estos efectos. Dentro de ese mundo integrado de la antigua corona destaca desde el primer momento el papel de referente –de «espejo»– que pasa a jugar Cataluña, una posición larga y laboriosamente trabajada durante los dos primeros tercios del siglo. Nada casualmente por tanto el Principado será el escenario donde, a la altura de los ochenta, el austracismo persistente desarrollará su tercera representación, bien que esta vez con un acusado protagonismo catalán.

El solo hecho de haber podido llegar hasta ese momento ya resultaba en sí mismo poco menos que prodigioso. No de otra forma puede calificarse en este sentido el que la producción de libros en catalán, aun acusando fuertes «muescas» después de 1714, hubiese sido capaz de rehacerse e incluso de crecer modestamente a fines de esa centuria. Independientemente de que durante los siglos XVI y XVII el catalán no contemplase otro horizonte que el de la estricta supervivencia, habiéndose comportado a estos efectos como una «muerta viva», las «brutales prohibiciones» que siguieron a 1714 autorizan a considerar su supervivencia en este caso como la de una «asesinada viva», como la de alguien que a pesar de haber sufrido un auténtico «asesinato político y lingüístico» a manos de una «voluntad lingüística genocida» hubiera conseguido a trancas y barrancas mantener un hilo de vida. Esa tenacidad resultaría decisiva. Gracias a ella se haría posible finalmente la soldadura con el momento cultural del XIX . Que entre tanto los vencedores no hubiesen conseguido convertir la recién creada Universidad de Cervera en un foco de prestigio capaz de vehicular un proyecto modernizador fue algo que, sin proponérselo, ayudó también a esa supervivencia.

Si la eclosión de una cultura en lengua propia hubo de esperar hasta la primera mitad del XIX , la economía tuvo sin embargo menos paciencia. Su expansión durante el XVIII resultó tan espectacular que permite hablar incluso de una cierta «venganza catalana». Pierre Vilar había contado ya las características generales y el timing de ese proceso. Lluch, en clave de microhistoria, insiste a su vez en la vertiente exterior de esa expansión comercial. A través del análisis de las redes comerciales dispersas se ponen aquí los jalones de lo que fue una auténtica epopeya personal para sus protagonistas. La presencia de estos extranjeros que no lo eran en el ámbito de la monarquía constituía por lo demás un rasgo distintivo de larga duración: databa de un tiempo anterior al XVIII y de hecho venía a poner de manifiesto «una situación de heterogeneidad nacional dentro de una comunidad política más parecida a lo «austro-húngaro» que a lo unitario o a lo estrictamente extranjero». Una demostración, en definitiva, de hasta donde podía llegarse «con el comercio como billete de llegada y la monarquía compuesta como receptora». Fue esa una herencia que facilitó extraordinariamente las cosas para el gran salto adelante del siglo XVIII.

La expansión, de otra parte, tuvo consecuencias que se proyectaron más allá de la vertiente estrictamente comercial, afectando al campo de la política y de la cultura. Contribuyó en este sentido a que se creasen las condiciones necesarias para que, a partir del último tercio del siglo XVIII , llegara a plasmarse un «proyecto ilustrado» específicamente catalán. De esta forma, contrariamente a la caracterización sugerida en su día por Franco Venturi, la Ilustración –al menos en el caso Cataluña– no habría sido una cuestión de funcionarios, «una simple etapa castellanizadora». Cataluña habría jugado un papel auténticamente «protagonista» dentro del momento ilustrado, con propuestas propias encaminadas a «reformar parcialmente el uniformismo existente». Las Memorias históricas de Capmany, el Discurso de la Junta de Comercio –con Jaume Caresmar como su principal inspirador– y el Diccionario de escritores catalanesLas Memorias se editaron en Madrid entre 1779 y 1792, en tanto que la primera edición íntegra del Discurso, escrito en 1780, la ha realizado el propio Lluch en 1996. El título de la tercera obra es en realidad el de Memorias para ayudar a formar un Diccionario crítico de los escritores catalanes y dar alguna idea de la antigua y moderna literatura de Cataluña, editado por primera vez en Barcelona en 1836. son los tres pilares que «estructuran un auténtico proyecto para el país». Gracias a ellos fue posible disponer de un conocimiento «global» de Cataluña que incluía desde los trazos primeros de su pasado económico y urbano hasta la noticia de sus literatos, incorporando asimismo la reivindicación de un cierto grado de autogobierno. La labor de un Capmany habría contribuido así a devolver a Cataluña su «orgullo nacional». Por lo demás, el mensaje que se desprendía de ese trabajo colectivo poco tenía que ver con un discurso pasadista. Acreditaba por contra una «voluntad política de presente y de futuro» que había comenzado a manifestarse ya desde 1760 y que encontró en el Discurso su exposición más acabada y también posible.

Dentro del relato de Lluch, este tercer y último momento de 1780 vendría marcado por el acoplamiento de los planteamientos generales del austracismo con las más específicas reivindicaciones de la nación catalana que, de esta forma, habría dado un paso decisivo en su particular camino de reconstrucción y reafirmación identitaria. Haciendo suyas las sugerencias de Rubiò i Balaguer, el autor de las Españas vencidas rechaza de plano la interpretación de quienes desde el «nacionalismo catalán estereotipado» (Rovira i Virgili, Soldevila) habían convertido el XVIII catalán en un siglo en el que decadencia y desnacionalización se habrían conjugado simultáneamente. Desde el observatorio de Lluch, el paisaje no resultaría sin embargo tan desolado: la historia económica probaría la inexistencia del primero de esos procesos, en tanto que sobre el segundo podrían plantearse algunas dudas sobre la idoneidad de alguno de los indicadores (la lengua por ejemplo) utilizados. Como la propia actuación de Capmany viene a poner de manifiesto, la reclusión de la lengua propia al ámbito de los asuntos domésticos no suponía en modo alguno la anulación de toda «voluntad política y cultural» ni, por lo mismo, tampoco incapacitaba para comprometerse en relación con «proyectos políticos» al servicio de Cataluña. A partir de una asumida situación de diglosia, la primacía exterior del castellano era el precio a pagar por mantener encendida la llama propia.

El setecientos finalmente no habría «pasado en vano». Fueron los hombres de 1780 quienes precisamente sentaron las bases de la Renaixença. Y hay que esperar a la Mancomunidad de Prat de la Riba para volver a encontrarnos ante un momento similar. En el «largo camino en silencio» al que se refería Soldevila, Lluch descubre así «hostales», «ciudades para hacer parada y fonda». Independientemente de ello, en la autopista hacia el esplendor noucentista y justamente en su tramo final, algunas víctimas mortales se habrían producido. Tendiendo a configurar una memoria cada vez más exclusivista y permanentemente retroalimentado por ella, el ascendiente nacionalismo catalán habría prescindido finalmente del lazo imaginario que le unía con la vieja Corona. Una dinámica en la que con mayor motivo terminaría por caer el «nacionalismo español unitarista» en Aragón. En el remolino político del último tercio del XIX la Corona de Aragón sencillamente desaparecería. Las Españas vencidas habrían experimentado así un segundo y decisivo cuarteamiento que, esta vez, no producirá exilados.

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Para una España política trabajada por dos siglos de centralismo y unitarismo, la excavación de la ciudad austracista puede deparar lecciones interesantes sobre la forma en que los antiguos supieron «acomodar la diversidad», conviviendo sin mayores problemas dentro de un orden constitutivamente «asimétrico». Pero existen también sus riesgos. Siempre está latente, por ejemplo, la posibilidad de una cierta idealización de ese pasado, especialmente cuando en el horizonte que se contempla la España vencedora parece tener los días contados. En este punto, la excavación debe ser cuidadosa con la catalogación de los restos, respetuosa a la hora de reconstruir y leer un puzzle del que hemos perdido el modelo y del que nunca dispondremos de la totalidad de sus piezas. Acreditando una scholarship impecable, el mapa levantado por Lluch suscita sin embargo algunas reservas en la caracterización y acoplamiento de algunas de sus piezas mayores. Así, por ejemplo, con el austracismo. Si por tal se entiende una identificación más o menos precisa con el orden político anterior a la llegada de los Borbones, no se comprende entonces que su principal teórico, Amor de Soria, se refiriese a Villalar como el momento a partir del cual, precisamente, la libertad comenzó a ser «prostituida» en España, insinuando a su vez como posible modelo más la monarquía trastamarista de los Reyes Católicos que el propio orden habsbúrgico que incorporaba Carlos V. Cuyos sucesores por otra parte –y dicho sea de paso– tampoco resultan muy favorecidos en el retrato realizado por el noble aragonés. Antes que la continuidad de una historia y de unas tradiciones efectiva y supuestamente compartidas en torno a la idea de una «Corona de Aragón»Ver a este respecto J. Casey, «Patriotism in Early Modern Valencia», en Spain, Europe and the Atlantic World, R. Kagan, G. Parker eds. (Cambridge, U.P., 1995), págs. 188-210; P. Sanz Cañamares, Política, hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias (Zaragoza, 1997). , el lenguaje del austracismo revela una conexión más cercana y coyuntural con los planteamientos antiabsolutistas y libertarios de quienes como Leibniz, Andrew Fletcher o Boulanvilliers, venían denunciando los peligros de una nueva monarquía universal. Austracista se era básicamente por defender los derechos de uno de los pretendientes dentro del conflicto sucesorio, pero ello no tenía por qué implicar hacerse cargo confesionalmente de la actuación de esa «Casa» en los dos últimos siglos. De ahí que cualquier guiño de complicidad en relación con ese pasado austríaco pudiera ser interpretado como un auténtico despropósito. Por contra, la referencia a Fernando e Isabel no dejaba de tener su sentido.

No menos discutible resulta asimismo la pretendida localización y monopolización de la bandera del austracismo en manos aragonesas: Castilla tampoco fue después de todo una superficie políticamente plana que el absolutismo hubiera moldeado a su placer desde el primer momento. Como herederos de la misma herencia también hubo aquí sus dudas, dudas que por otra parte no dejaron de hacerse notar independientemente del reconocimiento mismo de Felipe V. Como algunas investigaciones vienen poniendo de manifiesto, la instauración de una nueva casa dinástica no implicó necesariamente la pacífica liquidación de un «estilo» de gobierno al que también se debía fidelidad. La irrupción de un llamado partido español, inspirador de una oposición sistemática al reformismo filipino, constituye en este sentido una buena demostración. La aparición de obras como el Aparato del derecho público hispánico, de Pedro José Pérez Valiente (1751), demuestra a su vez la presencia de un activo –aunque desatendido– constitucionalismo tradicional del que los propios protagonistas del motín contra Esquilache no vacilarán en echar mano. Todo ello podría ser leído perfectamente en clave austracista. Esa España perdida proyectaría entonces su sombra bastante más allá del estricto ámbito de la Corona de Aragón.

También en este punto con sus limitaciones. Aun reivindicando con todo derecho un lugar propio, el austracismo tampoco era una especie de poderosa fuerza oculta que hubiese estado detrás de cada uno de los movimientos políticos del XVIII aragonés. La sensación, más bien, es la de una rápida difuminación antes de llegar al medio siglo, sin posibilidad de constituir un foco de activismo residual que pudiera compararse con el jacobitismo escocés. De ahí las dificultades para hacer valer su presencia en momentos posteriores. Cuando en 1760 los diputados de las cuatro capitales de la Corona de Aragón hicieron llegar su conocida Representación a Carlos III, su pretensión no era otra que la de poner de manifiesto algunas de las incongruencias mayores de la Nueva Planta, no la de reclamar la reintegración de derechos perdidos. Lejos de servirse de la cultura política de la vieja monarquía, el lenguaje empleado en la exposición deja entrever unas fuentes que son ya ilustradas. Que en determinados círculos de la extinta corona aragonesa existía una sensación de discriminación es evidente, pero las propuestas que desde ella se formularon contemplaban un horizonte que nada tenía que ver con el de la monarquía de las Españas ni con la política de aquel momento. Con su decisión de abastecerse de otras fuentes, el austracismo, como tal, firmó su decreto de autodisolución, pasaba a ser otra cosa. Las referencias a María Teresa tampoco me parece que ayuden mucho: después de todo, como ha puesto de manifiesto Barudio, fue la soberana austríaca quien dentro de la «Augusta Casa» combatió más decididamente contra los poderes estamentales y su capacidad de «autodeterminación corporativa». Algo que en su momento la rama hispana no se habría atrevido a hacer. Por la misma razón de fondo me parece bastante improbable que Aranda pudiera incorporar un aire austracista a la monarquía a partir de las lecciones del autócrata que fue Federico II. Puede discutirse hasta qué punto Aranda se acercaba a una visión descentralizadora pero, en cualquier caso, ese «talante» aragonés poco tendría que ver con quien se ufanaba de gobernar a «sus» prusianos como Moisés a «sus» judíos.

El tiempo pasaba para todos y, en este sentido, la historia del XVIII fue quizás algo más que un irreductible conflicto entre borbonismo absolutista y austracismo libertario, entre la España vencedora y las Españas vencidas. Sin recurrir a la dialéctica, echando mano simplemente de la interacción de las cosas, cabe admitir que entre tanto –y tomando prestado el término a Benedict Anderson– una nueva comunidad imaginaria había comenzado a construirse, cimentada sobre supuestos racionalistas antes que propiamente historicistas, con una abstracta reivindicación de patria de por medio. Los hombres de 1780 echaron mano de esos supuestos y los compartieron. El propio lenguaje de Romà i Rossell, con su anclaje en lo público y su llamada al «cariño» y al fortalecimiento de los «lazos de Unión y mutuo amor entre las Provincias» de España ya permite detectarlo. También en el caso de Caresmar: su petición de reconocimiento de la diversidad constitutiva de España no me parece que encubriese tanto una «iniciativa autonomista» cuanto la indicación de que esa diversidad provincial debía ser tenida en cuenta por la monarquía a la hora de «prescribir las reglas oportunas que a cada una le sean más conducentes y propias». Pero es a la monarquía y no a la provincia a quien se supone que compete esa intervención. Y de resultas de la cual, como el propio Caresmar concluía, no cabía sino «esperar la prosperidad y fuerza del todo de la Nación». Entre tanta diversidad, una «Nación» otra se insinuaba. Incluso comenzaba a aludirse ya a un «cuerpo nacional perpetuo, activo e ilustrado», un cuerpo «depositario del amor a la patria» cuya encarnación política –sin mayores problemas– Romá la veía en el mismísimo Consejo de Castilla.

Antes que tecnología disciplinar de una estatalidad pura y dura, la instauración borbónica inyectó dosis nuevas de dinasticismo en el cuerpo político. De ahí la presencia de lo que desde un punto de vista estatal no serían sino puras incongruencias, como entre otras cosas viene a poner de manifiesto la continuidad –a pesar de la Nueva Planta– de los fueros del Señorío de Vizcaya, de la Provincia de Guipúzcoa y aun del Reino de Navarra. O, en la misma onda aunque en escenario más distante, la forma nada absolutista con la que se llevó a cabo la cesión del Reino de Cerdeña a la casa de SaboyaA. Mattone, «La cessione del Regno di Sardegna dal trattato di Utrecht a la presa di possesso sabauda (1713-1720)», Rivista Storica Italiana, CIV, 1992, págs. 5-89. . La lógica de los intereses de la Casa no tiene por qué coincidir sin embargo con la que se derivaría de la aplicación del disciplinamiento estatalista. Tampoco la interpretación de sus decisiones. En este sentido, la caracterización de la lengua como una «asesinada viva», por la petición de desagravio que inmediatamente evoca, puede resultar una imagen reconfortante, pero mucho me temo que la Cataluña del XVIII tenía poco que ver con la Yugoslavia de Milosevic. Por ello, expresiones como las de «voluntad lingüística genocida», «leyes lingüísticas genocidas» y demás no me parecen particularmente afortunadas, cargadas como resultan de un presentismo descontextualizador que les resta toda credibilidad. A no ser que queramos convertir un proceso de relativa asimilación lingüística –existente por otra parte desde mucho antes y no inducido por una permanente voluntad opresora– en un antecedente de las campañas de depuración de nuestros días. Que la Nueva Planta activara ese proceso a favor del castellano parece evidente pero, junto a las ya aludidas «muescas», los gráficos de Lluch recogen también algún que otro incremento de los libros editados en catalán. La cuestión, por lo demás, va más allá de una simple cuestión de estadística: lo que debe discutirse es la posibilidad misma de hablar de una «política lingüística» para las sociedades del antiguo régimen, es decir, de la presencia o no de una voluntad política decidida a todo trance a crear una comunidad lingüística unificada. El hecho de que la mismísima Francia absolutista ignorase tal pretensión no es una mala demostración de hasta qué punto la lengua pudo no constituir la preocupación principal dentro del cuadro de prioridades políticas del dinasticismoD. Bell, «Lingua populi, lingua Dei: language, religion, and the origins of french revolutionary nationalism», American Historical Review, 1985, págs. 1403-1437. . Como prueba el propio caso del catalán, las medidas represoras de la Nueva Planta no impidieron que la documentación notarial y la de buena parte de archivos públicos, mercantiles y privados continuara redactándose en esa lenguaS. Solé, «La llengua dels documents notarials catalans en el periode de la Decadencia», Reçerques, 12, 1982, págs. 40-56. . En todo caso, una cosa es imponer el castellano como práctica oficial del poder de una nueva dinastía y, otra bien distinta, el que esa decisión implique la consumación de un genocidio lingüístico.

El libro de Lluch se pretende un relato de la España austracista, de las Españas vencidas, pero inevitablemente los orígenes de la empresa acaban por pasar factura: es una historia de la Catalunya vençuda lo que final y efectivamente se nos cuenta. Lo que cuenta. Y de nuevo no sólo es cuestión cuantitativa, de mayor número de páginas o de capítulos, sino de concepción misma del proyecto, del esprit que lo anima. El austracismo que supuestamente debía de presidir la exposición se metamorfosea en historia de inspiración ya no tan austracista. Es historia de la nación catalana desde un observatorio y una metodología característicamente nacionalista. No interesa ni se plantea la nación como una realidad contingente y variable. Simplemente se presupone, se da por constituida, se blinda frente a cualquier intervención. No hay interacción posible. Es típicamente historia nacionalista de la nación, sin que se contemple otra vertiente en su consideración, sin atender la posibilidad de una historia de la nación antes del nacionalismo. Dando un cariñoso tirón de orejas a los viejos maestros de casa, Lluch procede a reivindicar un lugar nacional honorable para el XVIII , un siglo que a pesar de las adversidades acaba convirtiéndose sin embargo en «el despertador de la personalidad catalana». Es la historia de esta última, su continuidad, lo que importa. A este respecto, el papel de la lengua, por mucho que sea «el aspecto nacional catalán más directamente constatable», no debe confundirnos: si la aparición de una «conciencia lingüística» se demoró hasta el siglo siguiente no por ello se produjo un vacío; en el entretanto otros elementos se encargaron de mantener vivo el fuego de la nación. El «desvelo» de la identidad propia habría comenzado sencillamente por «los aspectos más globales», pero la solidez de las «bases» del «proyecto catalán» no permite albergar dudas. Tampoco cabe albergarlas sobre el propio papel de la lengua, a quien «más tarde e inevitablemente» corresponderá culminar el proceso.

Lluch salva así la paradoja de que «hombres que no creían demasiado en el futuro viable del catalán» fuesen sin embargo los responsables de «la catalanización de los temas», del «proyecto político» puesto entonces en marcha. Avalado por sus Memorias históricas, Capmany, sin mayores problemas, puede ser presentado entonces como «el máximo ejemplo» de esa nueva situación. Planteada en esos términos, su particular relación con el catalán no cuestiona en ningún momento su label de catalanidad. Incluso aunque esto último no siempre se manifestase con la debida claridad, no debe perderse de vista que «por debajo, a menudo muy por debajo, de sus exposiciones había aspectos que le confrontaban con el nuevo orden nacido en 1714». Sin duda Capmany, en sus recovecos más profundos, atesoraba la memoria viva del austracismo, pero la cuestión es que, además, a nivel de superficie y muy visiblemente, existe asimismo una larga relación de citas y de escritos que siembran cuando menos algunas dudas en relación con una caracterización monolítica, catalanista, de los principios y de las fidelidades que pudieron inspirar la acción política del historiador barcelonés. La cita que encabeza esta reseña es una muestra pero hay más, tanto del Capmany anciano de 1810 como del que escribía en la primera madurez de 1773. Y también del Capmany de los ochenta: como censor de la Real Academia de la Historia, Capmany, en 1782, no tuvo ningún problema para calificar como «favorable con reparos» un Elogio de Felipe V cargado de «invectivas directas contra catalanes y contra Barcelona»; además de constituir una auténtica zafiedad política, a Capmany parecía preocuparle sobre todo el hecho de que ese tipo de escritos se produjesen en un momento en el que precisamente «la nación española no forma más que una sola familia». Tampoco se trata por lo demás de abrir una guerra de citas: la aportación de Capmany pudo resultar crucial en la materialización del proyecto de 1780, pero la complejidad de su trayectoria invita a desconfiar de una caracterización exclusivamente recluida en torno a ese momentoSobre la posibilidad de integrar las facetas de su pensamiento, avanzando al mismo tiempo una razonable explicación, ver R. Grau y M. López Guallar («El pensament historiogràfic d'Antoni Capmany: de la Il.lustració al Romanticisme», Primer Congrés d'Historia Moderna de Catalunya, Barcelona, 1984, vol. 2, págs. 589-596). .

En las páginas de su libro Lluch reconoce que «la actual discusión sobre qué es España y sobre qué fue España» le ha llevado a la conclusión de que «estamos ante uno de esos momentos en los que el presente es también historia». Contándome entre los que piensan que la historia no es sino otra forma más de pensar el presente, se comprenderá hasta qué punto comparto un planteamiento que, incluso, apuraría hasta sus últimas consecuencias: el presente siempre es historia. Pero aquí también conviene andarse con cuidado. Una cosa es admitir que el laboratorio de la historia está en nosotros mismos y otra el proyectar nuestras obsesiones sobre un mundo que definitivamente hemos perdido, figurarnos como si fuéramos habitantes efectivos del mismo, como si pudiéramos «oír sus voces» según se ha escrito. Algo de esto ocurre en el libro de Lluch. Fascinado por sus Españas vencidas, Lluch finalmente acaba atrapado por la lógica implícita de ese paradigma. Un cierto «posicionamiento» se hace entonces inevitable: su libro resulta un desagravio y una reivindicación al mismo tiempo. Honestamente el autor informa de sus precauciones: «He procurado, lo aseguro, no exagerar en el sentido contrario a la historia oficial castellanista dominante», pero la necesidad misma de esa declaración no viene sino a confirmar hasta qué punto la vieja dialéctica ha vuelto a colarse por la puerta de atrás.

Frente a ella, la terapia de equidistancia que se receta tampoco garantiza, por otra parte, tan buenos resultados. Su éxito es dudoso: el tratamiento produce efectos inmediatos sobre la población austracista pero da por desahuciados a los demás. No tienen cura. Convocados en representación de la Corona de Castilla, Sarmiento, Campomanes y Jovellanos comparecen no obstante como «contrapunto» de la Corona de Aragón. Cada uno, por lo demás, con su dolencia: opuesto al mercado, Sarmiento es el primitivo que permite medir el salto teórico efectuado por los otros dos y de quien, fundamentalmente, merece recordarse una defensa del gallego que «dada la dureza de la represión lingüística es todo un mérito». En el «todopoderoso» Campomanes se reconoce «otro mundo», aunque instalado en una concepción «preprotoindustrial» que le impidió entender las sutilezas y complejidades del crecimiento económico moderno. De Jovellanos, en fin, se resaltan los excesos de la propia historiografía, deslumbrada por un neoliberalismo que el asturiano contradice frontalmente con su «proclividad práctica a las ayudas estatales» y las anteojeras de quien, después de todo, estaba «arraigado en la civilización agropecuaria».

Las Españas vencidas parecen así firmemente decididas a recordar sus señas propias, a mantener su apuesta por la diferencia. Es posible que en cierto sentido no falten motivos para ello pero, impulsada por esa dinámica, su historia deviene finalmente una construcción tan autorreferencial como la de la propia España vencedora. Fundado sobre la exclusión mutua, el modelo tiene una forma de ver las cosas que empobrece. 1700 no fue the day after en esta historia. Entremedio y entre tanto otras posibilidades, otras historias, pueden haberse perdido. De ellas también tendríamos quizás algunas cosas que aprender. El libro que venimos comentando podría constituir por ello una buena ocasión para dar por concluido definitivamente ese ciclo. La reivindicación de Lluch lo es de una historia y, por lo mismo, lo es también como sabemos de un presente. Las Españas vencidas pueden desde luego inspirar su construcción y cabe incluso apuntar, como así se hace, que la Constitución de 1978 es «más parecida a lo que vertebró la España de los Austrias» que el orden posteriormente vigente entre Felipe V y Alfonso XIII. Confieso que conociendo un poco de cerca lo que fue el pasado de los Austrias hispanos tendría mis dudas a la hora de solicitar carné de austracista. También las tendría –y no menores– para el club que vino después. Como historiador y precisamente por ello no prestaría tanta audiencia a la historia, no convertiría ninguna foto fija de su película en un modelo de referencia. Ya sabemos que su capacidad de determinación sobre el presente encubre sus peligros y encierra sus trampasVer J. Mª Portillo, «¿Historia que constituye? Miguel Herrero de Miñón y los derechos históricos vascos», Revista de Libros, 26, 1999, págs. 20-21. Y sumamente pertinente a estos efectos, J. Habermas, «¿Aprender de la Historia?», en Más allá del Estado Nacional (Madrid, Trotta, 1997). . Sacar adelante esa película tiene sus dificultades. Y después de todo tampoco es tan sencillo encontrar a un director que sea capaz de convertir El sueño de una noche de verano en nuestro sueño.

01/12/1999

 
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