Alo largo de los últimos años el debate sobre la posible independencia de Cataluña ha evolucionado desde unas posiciones basadas en elementos emocionales hacia otras que parecen recurrir a argumentaciones más dependientes de análisis racionales. Sin entrar en el análisis de sus causas, esta evolución se ha plasmado en el ámbito económico en un conjunto de obras que proporcionan argumentos favorables a la independencia por razones económicas, algunas de forma explícita y otras como parte de un discurso en el que se incluyen elementos culturales, políticos o históricos.
Esta reseña pretende examinar los argumentos de tipo económico que se recogen en tres libros cuyos autores abogan por la secesión de Cataluña. A pesar de que el resultado de las elecciones autonómicas del pasado 28 de noviembre refleja una pérdida de peso de las opciones políticas explícitamente independentistas (Esquerra Republicana de Catalunya y Solidaritat per la Independència suman catorce diputados, frente a los veintiuno de los primeros en la anterior legislatura, mientras que Reagrupament se ha quedado fuera del parlamento), no parece que los análisis de tipo económico a favor de la independencia vayan a perder relevancia en el futuro, dado que muchos de ellos también pueden servir para apoyar las reivindicaciones, siempre menos explícitas, de Convergència i Unió, claro ganador de los comicios.
Los argumentos expuestos por Ros Hombravella constituyen un compendio de las principales ideas a que recurren habitualmente los partidarios de la independencia de Cataluña para defender que la ruptura tendría efectos económicos positivos Véase, por ejemplo, la bibliografía del argumentario de Joan Canadell y Jaume Vallcorba, Les raons econòmiques de la independencia, Barcelona, Centre Català de Negocis, 2010. . De hecho, el libro parece haber sido escrito para cumplir ese fin, puesto que ni el autor esconde su posición de partida favorable a la independencia ni tiene reparos en obviar aquellos aspectos que podrían entrar en conflicto con su tesis de que los efectos económicos de la independencia serían sumamente positivos (para los catalanes, se entiende).
En consonancia con el propósito de escribir para los ya convencidos, Ros Hombravella no explica de forma más o menos precisa los límites de la tesis que da título al libro, esto es, qué entiende por la viabilidad económica de la independencia de Cataluña. Esta expresión se emplea para argumentar de forma recurrente que Cataluña sería factible económicamente como entidad política independiente, pero el concepto de viabilidad de la independencia también se interpreta en el sentido de la generación de un resultado neto beneficioso para los catalanes en caso de secesión. Esta interpretación es la que se ve reforzada tanto por el carácter comparativo del título del libro como por el énfasis que pone el autor en la descripción de los males económicos que padecemos los catalanes debido a formar parte de España.
La confusión sobre un concepto alrededor del cual gira todo el argumento no es un problema menor, pues mientras la respuesta a la primera acepción del término viabilidad puede ser afirmativa (en la Europa actual podemos encontrar varios Estados con economías menores o más débiles que la catalana que mal que bien se las arreglan, e incluso algunos que son bastante prósperos), la respuesta a la segunda cuestión requeriría analizar en detalle el impacto que la independencia tendría sobre todos los aspectos que influyen sobre el bienestar económico, es decir, un análisis tanto de los beneficios como de los costes de la independencia. Esto es lo que no hace el autor, puesto que no considera estos últimos y presta toda su atención a los potenciales beneficios de la independencia incurriendo, además, en algún error de bulto.
A pesar de las frecuentes referencias al rigor del análisis o al carácter técnico del debate, los argumentos son frecuentemente inconclusos, en múltiples ocasiones carecen de referencias o se apoyan en los propios supuestos de partida. Esto no supone un problema para los lectores ya convencidos de la tesis, pero constituye una verdadera carrera de obstáculos si se intenta analizar la racionalidad de los argumentos. Quien la supere podrá identificar en el libro tres tipos de razones en apoyo de la independencia de Cataluña. En primer lugar, la desaparición del déficit fiscal de Cataluña respecto al resto de España («expolio fiscal», según la terminología acuñada en los análisis soberanistas). En segundo lugar, la posibilidad de aplicar una política económica propia. Y, finalmente, en lo que constituye lo más parecido a una consideración de los posibles costes, se considera que el impacto que la independencia tendría sobre el comercio con el resto de España no sería relevante. A continuación se exponen y discuten estos tres argumentos.
La existencia de un déficit fiscal en Cataluña frente al resto de España sería, tal como hace explícito Ros Hombravella, el principal argumento económico a favor de la independencia. De hecho, lo considera tan evidente que, sin detenerse a explicar a qué se debe la existencia de dicho déficit o si algún nivel del mismo resultaría aceptable, se explaya al considerar los destinos a que podrían destinarse esos recursos. A pesar de que, mientras se escribía el libro, el Instituto de Estudios Fiscales publicó las largamente reclamadas balanzas fiscales, según las cuales el déficit fiscal catalán en 2005 oscilaría entre el 6,3% y el 8,7% de su PIB, Ros Hombravella toma como base la cifra del 10,2% calculada por la Fundación Irla, lo más parecido a un think tank en la órbita de Esquerra Republicana de Catalunya.
La calificación del déficit fiscal como un «expolio» responde a una visión según la cual serían los territorios, y no los individuos, los que pagan impuestos. Esta concepción de la tributación en términos anteriores a una concepción liberal de la hacienda pública es aceptada de forma sorprendentemente amplia en Cataluña. Aunque resulte obvio, hay que recordar que los catalanes no pagamos más o menos impuestos por el hecho de serlo, sino que en Cataluña (y en Baleares, y en Madrid) se recaudan más impuestos per cápita porque las bases de los mismos son superiores a la media nacional. La raíz del problema no está tanto en la imposición como en el reparto del gasto que con ella se financia. Los nacionalistas claman, en ocasiones con razón, contra el escaso equilibrio territorial del gasto público en España, pero el déficit fiscal sólo desaparecería si se rompiera la caja única y se devolviera a cada territorio las aportaciones de sus contribuyentes. La defensa de este modelo coincide con la que se emplea desde posiciones conservadoras para reclamar límites al papel redistributivo de la hacienda pública, el cual provoca que los más ricos, al ser contribuyentes netos, puedan considerarse «expoliados». Como se ve, todo depende del criterio que se emplee para definir al colectivo afectado por la acción del sector público: puede utilizarse el territorio, pero también la renta o incluso la religión, entre otros. Sea cual sea, la exclusión de los colectivos perjudicados fiscalmente impediría cualquier tipo de actuación por parte del sector público. Si se recurre a un criterio territorial y se aplica a las comarcas, municipios o barrios de Cataluña, se corre el riesgo de acabar justificando la independencia de un territorio con aspecto de queso suizo.
El segundo argumento que sostiene Ros Hombravella es que las políticas económicas aplicadas en España han sido perjudiciales para Cataluña y que, ante las mismas circunstancias, una política diseñada por y para los catalanes les hubiese resultado más beneficiosa. En apoyo de esta tesis repasa de forma rápida la historia económica española de los últimos sesenta años para poner de manifiesto tanto los errores cometidos en algunos períodos como una supuesta animadversión contra la economía catalana. Sin embargo, la impresión que obtiene este lector no es la de una política con los efectos perniciosos que se le atribuyen, sino la de un período con evidentes altibajos, condicionados en gran medida por el contexto exterior, cuyas etapas expansivas fueron aprovechadas también por las empresas y los consumidores catalanes. El propio Ros Hombravella, tras enunciar su rotunda tesis crítica, no puede dejar de valorar positivamente algunas de las políticas ejecutadas en determinados momentos, para más adelante reconocer explícitamente que el argumento de que una política económica propia hubiera sido preferible se basa en su convicción de que, en contraposición a los errores cometidos por la política económica española, «nosotros, nuestros técnicos y nuestros políticos lo supiesen hacer bien» Todas las traducciones de las citas son del autor de la reseña. (p. 121). Sin embargo, el ejemplo más claro en sentido contrario lo aporta el propio autor al definir la forma en que él considera que debería aplicarse la política industrial, «respetando en todo momento al mercado […] [para generar] un entorno de estímulos favorables a la actividad» (p. 116), lo cual se contrapone a su valoración de la política de los Gobiernos de Convergència i Unió entre 1980 y 2003, que habría estado diseñada según los intereses de la microempresa «aferrada al proteccionismo para que no se instalen las grandes distribuidoras, más modernas y eficientes, también para el consumidor» (p. 65).
El tercer argumento favorable a la independencia que se encuentra en el libro de Ros Hombravella hace referencia a los intercambios comerciales. En este caso, considera que el impacto sería imperceptible, dada la tendencia decreciente que observa en el superávit comercial de Cataluña frente al resto de España, conclusión a la que llega tras comparar el déficit en dos períodos. El razonamiento es erróneo por dos motivos. El primero se debe a un sencillo error de cálculo, dado que el superávit comercial no habría caído desde el 9,1% del PIB en el período 1995-19983 Según Josep Oliver, Joan Luria y Albert Roca, La apertura exterior de las regiones en España, Valencia, Tirant lo Blanch, 2003. al 5,3% (incluyendo servicios) en 2001, según los cálculos que Ros Hombravella efectúa a partir de la tabla input-output de Cataluña, sino que, según dicha fuente, habría aumentado hasta el 10,5%. El error se origina al dividir el saldo de la balanza de bienes y servicios por el valor de la producción, en lugar de hacerlo por el PIB Según la tabla input-output de Cataluña en 2001, el saldo de la balanza de bienes y servicios de Cataluña respecto al resto de España fue positivo en 14.217 millones de euros, la producción ascendió a 269.610 millones y el PIB a 135.708 millones. Véase «Cuentas económicas simplificadas de la economía catalana 2001» (p. 53) disponible, junto a los resultados de 2005, en http://www.idescat.cat/es/economia/tioc/ . El dato del año 2005, no disponible cuando Ros Hombravella realizó sus equivocados cálculos, también muestra un ligero aumento hasta el 10,8%. Si bien no es descartable que el superávit comercial catalán con el resto de España muestre a medio o largo plazo una tendencia a la baja Véase la evolución del saldo comercial de Cataluña con el resto de España, a partir de datos de C-Intereg, en L’economia catalana: fets estilitzats, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2010, p. 114. , los datos de las fuentes que cita Ros Hombravella no permiten llegar a dicha conclusión.
Sin embargo, el aspecto más cuestionable es que el impacto comercial de la independencia se calcule a partir del saldo de los intercambios, en lugar de hacerlo empleando la magnitud de los mismos. Considerar el saldo como la variable relevante responde implícitamente a una concepción del problema en términos relativos (¿quién perdería más con la independencia?), cuando lo que se discute es el impacto absoluto sobre una de las partes (¿cuánto perdería Cataluña?). Para hacerse una idea de la magnitud de este impacto hay que recordar que el valor de las ventas de bienes y servicios de Cataluña al resto de España equivalía en 2005 al 36% del PIB catalán (o al 18% de su producción) y que una relevante literatura académica ha identificado las fronteras políticas como un elemento que tiene un impacto no despreciable sobre los flujos comerciales. Así, las estimaciones referidas a economías industrializadas muestran que las fronteras reducen el comercio en porcentajes que oscilan entre el 25% y el 50% cuando se comparan con los flujos que se producen entre regiones de un mismo país Véase una revisión sintética de esta literatura en Asier Minondo, «El efecto frontera», Boletín económico de ICE, núm. 2.888 (septiembre de 2006), pp. 65-75 (puede consultarse en http://www.revistasice.com/cmsrevistasICE/pdfs/BICE_2888_6580__A863B5BDCDFB969B22663F906D62D15C.pdf. Para un análisis más completo puede consultarse James Anderson y Eric van Wincoop, «Trade costs», Journal of Economic Literature, núm. 42 (septiembre de 2004), pp. 691-751 (puede consultarse en http://www.hss.caltech.edu/~camerer/SS280/TradeCosts.pdf). . Dado el alcance de la investigación académica sobre este tema, un debate sobre los efectos económicos de la independencia no debería obviar la evidencia de que las fronteras políticas pueden producir algún tipo de fricción sobre las relaciones económicas.
Las otras dos obras reseñadas se diferencian de la que se ha comentado hasta este punto en que carecen de un contenido explícitamente económico, pero, a pesar de ello, incluyen algunas referencias adicionales a los impactos económicos de la independencia que permiten complementar la revisión de los argumentos de sus defensores. El libro de Pinyol i Balasch recoge una propuesta de declaración de independencia presentada en un congreso de Esquerra Republicana de Catalunya cuyos seguidores protagonizaron posteriormente la escisión que daría lugar a Reagrupament. Se trata de un libro cuya tesis (existe una voluntad de opresión cultural, política y económica contra Cataluña por parte del resto de España que puede solucionarse únicamente por la vía de la independencia) se combina con una llamada a la constitución de una mayoría política favorable a la secesión. En consonancia con una voluntad de transmitir la necesidad de una urgente salvación nacional, recurre a un estilo de frases cortas, en algunos casos sentenciosas, con escasa elaboración argumental y que se asemejan a una colección de eslóganes.
Además de una reiterada referencia al «expolio fiscal», el libro recoge otros dos argumentos de tipo económico. El primero, incluido de forma superficial en el capítulo introductorio, es que, para Cataluña, el hecho de convertirse en Estado independiente no tendría «prácticamente ninguna incidencia monetaria y comercial», ya que «pasaría a ser automáticamente miembro de la Unión Europea» (p. 23). Pinyol sustenta esta argumentación en una interpretación particular de la Convención de Viena de 1978 sobre sucesión de Estados en materia de tratados. Al contrario de lo que afirma, dado que España no es signatario de dicha Convención y que, aun si lo fuera, ésta no se aplicaría dado que las normas de la Unión Europea serían prevalentes para admitir a los nuevos miembros, el ingreso de Cataluña no sería automático. Por supuesto, nada le impediría solicitarlo, pero habría que tener en cuenta que la admisión de nuevos Estados miembros en la Unión Europea suele requerir la unanimidad.
El segundo argumento de tipo económico que emplea Pinyol para defender la independencia es la existencia en España de «una estrategia económica destinada a reducir la economía catalana a una economía provinciana» (p. 56). Para ello, una coordinación de los agentes políticos y económicos habría favorecido a una oligarquía empresarial tanto en el proceso de privatización de las empresas públicas como en la concesión de contratos por parte de la Administración, provocando una «exclusión de las empresas catalanas de los sectores estratégicos». Sin pretender negar la existencia de entramados oligopolísticos en numerosos sectores de la economía española, que en algunos casos se sustentan sobre vínculos políticos y actuaciones no neutrales por parte de la Administración, considerar que las empresas catalanas sean ajenas a dichas prácticas y denunciar que no se hayan visto favorecidas por la reestructuración del sector público empresarial parece una posición parcialmente interesada. La privatización de autopistas en los años ochenta o la creación de Gas Natural en los noventa serían dos contraejemplos evidentes de la participación de empresas catalanas en dichos procesos. Pinyol también cita al audiovisual o a la prensa como ejemplos de sectores cuyas empresas «practican la connivencia constante entre el poder político, el administrativo y el económico» (p. 52), aparentemente sin ser consciente de la existencia en ambos de empresas catalanas bastante importantes.
El tercero de los libros que considero relevantes para resumir los argumentos económicos favorables a la independencia es algo menos reciente, ya que fue editado hace cuatro años, pero tras la elección de su autor (Alfons López Tena) como diputado en las recientes elecciones autonómicas en las listas de Solidaritat per la Independència, el partido liderado por el ex presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, vale la pena recuperarlo. El libro constituye, una vez más, un compendio de los agravios que España habría ejercido sobre Cataluña, los cuales –para el autor– no han desaparecido con la llegada de la democracia o el desarrollo de la autonomía, sino todo lo contrario. En el ámbito económico, más allá de una curiosa interpretación de la protección arancelaria del mercado interior según la cual ésta habría respondido a la «finalidad esencial de someter y destruir la nación catalana» (p. 132), la tesis principal del autor gira alrededor de la magnitud del déficit fiscal. Más allá de la recopilación de estudios diversos con resultados variables, el mayor interés lo proporciona el hecho de rescatar los cálculos que Antoni Castells, hasta hace bien poco conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, realizó a finales de los años noventa sobre cuál sería el valor del déficit fiscal catalán si los impuestos se pagaran en función del PIB y el gasto público fuera proporcional a la población Antoni Castells, «Les relacions fiscals de Catalunya amb Espanya: algunes reflexions en el context europeu», en AA.VV., Catalunya i Espanya. Una relació econòmica a revisar, Barcelona, Proa, 1998. , lo cual consideraba razonable. Criticando la pretensión de alcanzar la neutralidad financiera a escala territorial, lo cual no parece ser compartido por ninguno de los autores reseñados, Castells calculaba que, bajo un supuesto de presupuesto equilibrado, el resultado de una imposición proporcional al PIB y un gasto público proporcional a la población daría lugar a un déficit fiscal en Cataluña equivalente al 6,05% del PIB. Se trata de datos de 1994, pero no parecen muy alejados del rango de valores que calculó el Institut d’Estudis Financiers para el año 2005.
López Tena también argumenta que, en un mundo cada vez más globalizado, formar parte de una unidad política de tamaño relativamente grande como España no constituye ninguna ventaja, dado que no es necesaria para acceder a un mercado global. En esto coincide con una línea argumental defendida desde posiciones nacionalistas a favor de los Estados de pequeño tamaño. Pero esta tesis no se sustenta en argumentos económicos que favorezcan ser menor, sino en la ausencia de ventajas de formar parte de un Estado grande. Con ello, la secesión pasa a justificarse no a partir de una ventaja económica, sino como respuesta al conjunto de agravios de todo tipo que sufriría Cataluña. Bajo la aparente pretensión de llevar a cabo un debate centrado en elementos objetivos, la ausencia de referencias a los costes de la independencia y la referencia habitualmente exagerada y parcial a los ataques que Cataluña recibiría del resto de España en múltiples dimensiones parecen mostrar una pretensión de que el debate continúe basándose en aspectos emocionales y no en un análisis mínimamente racional de los pros y los contras de la secesión.
