Una de las características más importantes de la ciencia económica de nuestros días es la capacidad que ha mostrado para extender su análisis a temas que tradicionalmente habían quedado muy lejos de su ámbito tradicional, como la política, la familia, el derecho, etc. Se trata, en pocas palabras de lo que suele denominarse el «imperialismo de los economistas», actitud que, pese a su indudable éxito –o tal vez por ello– no ha despertado siempre entusiasmo en el mundo del derecho, la sociología o las demás disciplinas afectadas por el nuevo análisis.
Entre las numerosas visiones críticas de este enfoque ha destacado en los últimos años la llamada teoría de la «mercantilización» (commodification), que pone en cuestión el hecho mismo de tratar como «mercancías» muchos de los servicios personales, instituciones o valores que han sido sometidos por los economistas a un estricto análisis de costes y beneficios. El trabajo más citado y discutido en esta línea ha sido, hasta ahora, un artículo que la profesora Margaret Radin publicó el año 1987 en las páginas de la Harvard Law Review con el expresivo título de «Market Inalienability».
Nueve años más tarde, la misma profesora Radin ofrece en Contested Commodities un estudio mucho más amplio de los límites que, en su opinión, debe tener la utilización del mercado como modelo para regular algunas instituciones y relaciones sociales, desde la prostitución a la maternidad de sustitución, desde la libertad de expresión al funcionamiento mismo de la democracia. Su punto de partida es un ataque a lo que denomina la «retórica del mercado», consistente en emplear el lenguaje mismo de la teoría económica (oferta, demanda, precio, etc.) para tratar de cuestiones como la adopción de un niño o el programa político de unas elecciones. Algunos de los economistas contemporáneos más brillantes –Gary Becker, James Buchanan o Richard Posner, por no citar más que tres ejemplos muy relevantes-serían, en su opinión, culpables de haber extendido esta teoría del mercado más lejos de lo que deberían ser sus límites adecuados.
Para Radin el problema principal que plantea esta extensión excesiva no es tanto que un tema específico –la adopción con precio, por ejemplo– pueda violar algunos valores fundamentales de una sociedad civilizada, sino el hecho de que la mera interpretación de los problemas en términos de un mercado abra una vía para mercantilizar la vida social entera; en el caso antes citado, por ejemplo, que empiece a darse valores en pesetas a que los niños sean blancos o negros, de sexo masculino o femenino, altos o bajos, etc.
Una primera solución a estos problemas sería la simple prohibición de determinadas formas contractuales. Así Radin está de acuerdo con la famosa sentencia del caso Baby M. por la que el Tribunal Supremo de New Jersey consideró nulo un contrato de maternidad de sustitución, resolución que abrió la vía a la no legalización de este tipo de contratos en casi todo el mundo. Pero en otros supuestos tal política sería simplemente absurda. Parece claro, por ejemplo, que tendría muy poco sentido prohibir sin más la prostitución. Pero sí resultaría posible, en cambio, limitar el alcance de un contrato de servicios de esta naturaleza. Sería lo que nuestra autora denomina «mercantilización incompleta», situación que permitiría la compra y venta de determinados bienes y servicios, pero en la cual las partes del contrato no actuarían exactamente igual que si estuvieran comprando o vendiendo lo que se consideran bienes o servicios típicos del mercado. En su opinión, tales casos exigirían, por sus características específicas, una detallada regulación pública, innecesaria en la mayor parte de las transacciones mercantiles. Radin ha escrito un libro muy sólido y bien documentado para defender su modelo de mercantilización incompleta; y el sentido común con el que lo ha redactado hace que, en muchos casos, sea difícil disentir de sus conclusiones. Pero no creo que la tesis fundamental de su obra –la necesidad de evitar la «retórica del mercado» y la conveniencia de abandonar la interpretación económica de muchos fenómenos sociales– resulte del todo convincente.
Es cierto que, en la mayor parte de las cuestiones discutidas en el libro, el análisis coste beneficio en términos monetarios puede resultar insuficiente para ofrecer una visión global del fenómeno. Pero sería cerrar los ojos a la realidad no aceptar que tal mercantilización existe de hecho en la vida social y que, bajo velos más o menos tupidos, seguramente ha existido siempre. Nos guste o no, la idea de que los políticos en los sistemas democráticos buscan la conservación del poder y para ello ofrecen ventajas a los grupos sociales que pueden ayudarles en su reelección es mucho más real que cualquier visión idealista de los miembros de un gobierno o de un parlamento trabajando con denuedo en la búsqueda del bien común. Y, nos parezca bien o mal, la gente ofrece sus servicios –o sus personas– a cambio de compensaciones económicas. Y en estas relaciones sociales no puede conseguir lo mismo una mujer guapa –el tema de la «mercantilización» de la mujer es uno de los que más parece preocupar a nuestra autora– que una fea; no será tan deseado un niño atractivo como otro desagradable, etc. En pocas palabras, habría que reconocer que el mundo es como es, y no como nos gustaría que fuera.
