ARTÍCULO

Los jueces y la política

 

El fenómeno del llamado «activismo judicial» de la «judicialización de la política», de la «montée du droit» y de la conservación de éste en un nuevo eje de la vida política en la sociedad europea ––Francia, Bélgica, Italia, sobre todo– y española ha dado lugar en estos últimos años a una literatura tan abundante como variopinta y, las más de las veces, interesada y superficial, cuando no simplemente escandalosa, de la que hasta ahora muy pocas enseñanzas podrían extraerse.

El libro de Laurence Engel, Lemépris du Droit, pone por vez primera el dedo en la llaga y apunta al corazón del problema, a sus causas últimas, desde su propio título. Si el derecho ha pasado súbitamente a primer plano, si los jueces se han convertido de repente en protagonistas en el escenario de las finanzas y de la política, es porque algo falla en el funcionamiento de nuestras instituciones y porque ese fallo se percibe como esencial por la ciudadanía, como un riesgo inminente y grave que amenaza la propia pervivencia del sistema.

Por mucho que se insista en la denuncia del afán, supuesto o real, de notoriedad de ciertos jueces, a los que se ha venido a calificar peyorativamente de «jueces estrellas», por mucho que quieran magnificarse sus, supuestos o reales, errores, por mucho que se especule con sus, supuestas o reales, tendencias políticas, es forzoso admitir que los jueces, luzcan o no estrella, no inventan los problemas de los que se ocupan. Los problemas (de la corrupción, de la financiación ilegal de los partidos políticos y otros muchos menos llamativos, pero no menos importantes) son, obviamente, el resultado de una acción de otros, y otros distintos son también los que los llevan ante los jueces y los colocan encima de su mesa demandando una respuesta. La justicia es esencialmente rogada; alguien ha de pedirla, y ha de pedirla, precisamente, a los jueces, que han sido colocados ahí para eso.

La pregunta es, entonces, por qué toman los ciudadanos (en su calidad de administrativos, de usuarios de los servicios públicos, de electores, de adversarios políticos, de empleados o de socios minoritarios) esta iniciativa, por qué acuden al juez y, en particular, al juez penal (aunque no sólo a él), con estas demandas cuando el trasfondo de las mismas es sustanciamente político. La respuesta está dada desde hace mucho tiempo: porque quien podía decirlo dijo, en efecto, que no aceptaría reponsabilidades políticas de ningún tipo hasta que los jueces no declarasen las responsabilidades penales correspondientes.

Quienes han judicializado la política, quienes han convertido a los jueces en estrellas han sido, sin ninguna duda, los políticos, los mismos políticos que, tras haberse negado a sustanciar en su sede natural los conflictos concernientes a su actividad y haber remitido éstos a los tribunales, han dirigido el coro contra el activismo judicial y la judicialización de la política, invocando el sagrado principio de la separación de poderes y, en ocasiones, sacando a colación, incluso, el viejo espantajo del fascismo para descalificar a los jueces que se han atrevido a cuestionar su conducta reprochándoles el juramento prestado un día a Petain o a Franco. De lo uno y de lo otro hay ejemplos notorios en Francia y España.

La apelación al derecho, el uso democrático del derecho que está en la base de este fenómeno, plantea tres tipos de cuestiones, en opinión de Engel: la rebelión de los ciudadanos contra la impunidad, que tienen tan interiorizada las élites político-administrativas-financieras de nuestras sociedades; la distancia existente entre el discurso mítico y la práctica política; y la necesidad de reflexionar sobre el lugar que corresponde al ciudadano en el funcionamiento de la democracia.

En este contexto adquiere especial relieve el lúcido análisis que Engel hace de su libro del papel que a la ley, al derecho y a los jueces se ha venido asignando en la sociedad europea continental desde la Revolución francesa hasta nuestros días. «Frente a la intervención del juez en la vida pública –dice Engel, pág. 27–, un sentimiento de incomprensión parece apoderarse de aquellos que descubren su rigor», es decir, de las élites administrativa, política financiera que han venido a convertirse en los nuevos «justiciables». Y añade: «La esfera del derecho es extraña al universo estatal, como lo es, más ampliamente, al conjunto de la sociedad francesa. Se cultivan en ella las artes y las letras, la técnica y la ingeniería; se forma en ella una categoría sui géneris: los altos funcionarios; pero lejos de la tradición británica y germánica, no hay en ella una élite jurídica. Nuestra incultura en la materia es notoria. Ésta se explica, por otra parte, por nuestra historia, sobre la que convendrá volver en detalle. Desemboca también en una mezcla de extrañeza frente al funcionamiento jurídico (el rigor de la regla, la atención prestada al procedimiento, el papel que desempeñan las formas) y de hostilidad frente al medio judicial (una hostilidad recíproca, supuesto que este medio vive necesariamente excluido de la élite y degustando sin duda como una revancha el papel que le concede hoy la opinión pública). Nuestro genio nacional está hecho de una espontaneidad y de una inventiva sin duda simpáticas. Pero problemáticas también, desde el momento en que resultan contraproducentes».

La cita ha sido larga, pero necesaria, porque da de lleno en la diana. En la nuestra también (no hay más que eliminar la referencia a los altos funcionarios, que nosotros no formamos, como es notorio), que es una copia, borrosa como todas las copias, del original francés. También la nuestra es una relación esquizofrénica con la ley, en la que vemos más el diseño de un mundo ideal que nos propone un legislador intocable y todopoderoso que una simple, pero útil, herramienta para transformar y mejorar poco a poco el concreto mundo en que vivimos, que es como conciben la ley, más modestamente, los anglosajones. Basta, pues, entre nosotros con ponerla en el boletín oficial correspondiente, porque no se ha hecho para ser aplicada. De ahí el asombro y el desconcierto que produce en la clase política que un juez, es decir, un personaje secundario del escenario estatal, al que el legicentrismo revolucionario situó conscientemente desde el primer momento en un segundo plano, se empeñe en aplicarla, asombro y desconcierto que alcanzan el rasgo de lo inconcebible cuando ese empeño tiene como destinatarios, ¡ahí es nada!, a quienes elaboraron la propia ley, a los ungidos por la voluntad popular. ¿Quiénes son los jueces para pretender tal cosa si no representan a nadie?

De aquí venimos y esa es la concreta causa de nuestros problemas actuales. Hasta el más modesto funcionario sabe que el derecho sólo da forma a la voluntad de la autoridad política a cuyas órdenes está; eso y no otra cosa es lo que su superior político le pregunta –cómo puede hacerse lo que él quiere, si no puede hacerse– y lo que en último término le ordena. Luego, claro, viene el desengaño cuando el simple ciudadano, víctima de un atropello, se agarra a la ley, que es lo único que tiene el que carece de poder, político, económico o mediático, y el juez, que tampoco tiene otras palabras y otras razones que las de la ley y el derecho, atiende a su demanda.

Le mépris du Droit, la distancia insalvable entre un derecho situado en el plano de lo ideal y la realidad cotidiana, una cultura propia política tradicional de la que la cultura jurídica no forma parte. Esta es la cuestión. Reducir esa distancia es el camino. Eliminarla un día, la solución. Pero para eso se necesita una nueva actitud y ésta sólo puede surgir a partir de una reflexión sincera sobre las experiencias de estos últimos años. Si nuestra clase política elude la autocrítica y se complace en seguir culpando de la judicialización de la política a sus adversarios políticos o mediáticos y a los «jueces estrella», la situación seguirá empeorando y la esclerosis de las instituciones progresará también hasta que un día no tengan otros valedores que quienes las manejan a su antojo.

El libro de Engel nos convoca a todos a esta reflexión. Es un libro importante por esa razón, más allá de sus concretas propuestas, que he preferido silenciar aquí para evitar la tentación de «ahorrar» con la descripción su lectura, que considero imprescindible, no sólo para los juristas, sino también, y en mayor medida incluso, para todo ciudadano a quien le preocupe el estado de la res publica.

01/10/2001

 
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