ARTÍCULO

La democracia en la Unión Europea

Trad. de Antonio Resines y Herminia Bevia
Prólogo de John Elliot
Siglo XXI, Madrid, 304 págs.
Ed. Andrés Bello, Barcelona, 409 págs.
Trad. de Carlos Gardini
 

La exitosa introducción del euro no oculta la crisis política por la que atraviesa el proceso de integración de nuestro continente. A medida que la Unión ha crecido en competencias y en número de Estados miembros, se ha debilitado su legitimidad. Cada vez con más frecuencia, los europeos nos hacemos preguntas de democracia elemental, sobre cómo actúa la Unión, en nombre de quién y por qué. Las respuestas suelen ser más o menos elaboradas pero, por lo general, insuficientes.

Desde mediados de los noventa, en buena medida la Unión ha estado empeñada en una huida hacia delante, obviando el difícil debate constitucional y concentrando su atención en iniciativas de gran envergadura pero desigual éxito y aceptación social, como la ampliación al Este, la defensa europea, la cooperación judicial y policial o la propia moneda única.

Sin embargo, tras el Consejo Europeo de Laeken en diciembre de 2001, los líderes europeos parece que aceptan el reto de pensar en la Unión Europea desde una perspectiva constitucional. Están dispuestos a alumbrar en 2004 un tratado homologable con las constituciones nacionales, que pudiera actuar como forma de poder de una polis naciente, es decir, orientando y limitando su desarrollo. Es cierto que se trata de una iniciativa sobre todo retórica y que, de no serlo, también corremos el riesgo de reformar las instituciones de la Unión vaciándolas de contenido constitucional real. Pero la cita de 2004 tiene algo de momento constituyente.

En los últimos años, la mera posibilidad de volver a pensar las bases constitucionales de la integración europea ha invitado a muchos autores ajenos al Derecho comunitario a hacer sus aportaciones teóricas a tan formidable empresa política. Estas aportaciones desde fuera no sólo deben ser bienvenidas, sino que son esenciales para liberar a la integración europea de uno de sus principales males, el gobierno de los expertos, a los que con mucha dificultad se entiende y controla, también en cuestiones constitucionales comunitarias.

El año pasado se han publicado en España traducciones de dos aportaciones netamente anglosajonas al debate, La democracia en Europa, del federalista Larry Siedentop, y La fuente impura, del euroescéptico John Laughland. A pesar del empeño de los gobiernos del Reino Unido de llegar siempre tarde a las grandes decisiones de la integración europea, la sociedad británica es admirable por su capacidad de debatir y de pensar Europa a través de libros y ensayos, think tanks, universidades, revistas y debates públicos.

El libro de Larry Siedentop, La democracia en Europa, trata de construir alternativas federales a la manera de pensar canónica y pragmática sobre la construcción europea, esa narrativa oficial en la que la unidad europea es a la vez necesaria, benéfica e inevitable. Siedentop es profesor de Pensamiento Político en la Universidad de Oxford y especialista en el clásico de Alexis de Tocqueville, La democracia en América.

Su libro está dividido en ensayos independientes, bien trabados por una idea central: la Unión Europea se ha construido desde arriba, a costa de debilitar poderes inferiores, lealtades cívicas e identidades nacionales a través de una burocracia central que en realidad controlan pocos Estados miembros. Desde mediados de los años ochenta la Comunidad camina hacia un Estado federal, pero no inspirado en los valores democráticos del federalismo, sino en una mezcla de elitismo y economicismo. El modelo actual y equivocado es el Estado unitario francés. El federalismo anglosajón sería el modelo adecuado, pero la Unión no está preparada para asumirlo, porque requiere cierta sofisticación en sus ciudadanos para hacer compatibles varias lealtades y varios niveles superpuestos de autogobierno.

El autor parte de una definición de federalismo ideal: la dispersión formal de la autoridad y la instauración de un sistema de pesos y contrapesos que permita la maximización de la participación popular en el proceso político. Pero este modelo «natural» no existe en la historia contemporánea, ni en Estados Unidos ni en ninguna otra federación, algo que Siedentop no acepta, al estar tan convencido de la superioridad histórica de los sistemas políticos del Reino Unido y de Estados Unidos. Lo que hay en las polis con una división vertical del poder son rasgos federales, más o menos definidos. En concreto, Siedentop pasa por alto que en la Unión la toma de decisiones, el derecho y el ámbito material de poderes son ya en buena medida federales. De este modo, en realidad lo que tiene lugar en Bruselas es una pugna dentro de un modelo federal original, el comunitario, entre muchos modelos de reforma parcial, sin que ni Francia ni Alemania ni ningún otro Estado miembro puedan nunca imponer sus reglas sobre cómo les gustaría que fuera la Unión del futuro a los demás. Siedentop debería entrar más en materia, analizar lo que hay con más detalle y realismo, para hacer mayores aportaciones al debate.

Es valiente, pero no original, su denuncia de que la Unión ve a los ciudadanos como consumidores y, a lo sumo, como portadores pasivos de derechos frente al poder. Esta perspectiva es fruto de la evolución de Bruselas pero también del Estado contemporáneo. Nuestro autor reclama a cambio la herencia histórica del cristianismo y del liberalismo político europeo, con su énfasis en los derechos individuales, para construir Europa. Critica también la venganza hacia las capitales nacionales que ciertas regiones practican a través de Bruselas y denuncia la falta de culturas políticas democráticas en estas regiones.

El libro de John Laughland, Lafuente impura, se subtitula Los orígenes antidemocráticos de la idea europeísta. El director de la European Foundation de Londres ha escrito un texto de confrontación abierta con los defensores de la Unión Europea y de denuncia de sus presupuestos ideológicos desde una visión ultraliberal, infantil y simplista que sólo destila el peor nacionalismo inglés, por desgracia reflejado a diario en los tabloides de gran difusión.

Para Laughland, los bloques supranacionales de integración regional destruyen la democracia y no se justifican por la interdependencia económica y la supuesta necesidad de gestionar asuntos que sobrepasan a los Estados. Las raíces del proceso de integración europea están en el imperialismo germano y en el nazismo, que también criticaban al nacionalismo y querían unificar Europa, en contra de un sistema anglosajón de equilibrio de poderes. Los fascismos europeos estaban conectados con ideologías que luego se utilizaron para definir la integración europea, como el personalismo o el socialismo. Bruselas pretende abolir el Estado del mismo modo que el internacionalismo comunista. Las instituciones europeas no son democráticas porque no hay parlamentos nacionales decidiendo (no se menciona al Parlamento europeo), aunque es correcto que haya normas de mercado interior en el plano europeo. Alemania y Francia quieren imponer un proyecto de unidad europea según un modelo tecnocrático y dirigista. Alemania participa en el mismo por razones de seguridad idénticas a las que le llevaron a formular la doctrina del Lebensraum. A la larga, se trata de abolir la vida política de los Estados sin pasar por un debate constitucional.

John Laughland no tiene en cuenta las tesis diametralmente opuestas publicadas por Allan Millward en 1991, a partir del estudio de la documentación de las negociaciones del Tratado de Roma de 1957, que fundamentan lo que este historiador ha llamado «el rescate europeo del Estado-nación» a través de la integración comunitaria. Por otra parte, las posibles contribuciones de la investigación histórica de Laughland sobre las ideas acerca de la unidad europea entre la década de los treinta y la de los cincuenta, quedan oscurecidas por la superficialidad con la que extrae conclusiones y por el prisma deformador, nacionalista y ultraliberal a través del cual analiza la Unión Europea actual.

Su crítica del globalismo, aliado con el europeísmo para controlar a los países libres desde una instancia superior, es más propia de un cómic que de un libro de reflexión. Del mismo modo, la reclamación de más política y menos tecnocracia queda ridiculizada por el reduccionismo con el que define qué es política; a la postre, sólo la practicada por sus afines en el Reino Unido.

El libro de Laughland da al final argumentos a sus numerosos enemigos, al rozar la caricatura (a ello contribuye seguro la mala traducción). El de Siedentop es otra historia, más sosegada y bien argumentada, pero sin asentarse en un buen conocimiento de la realidad comunitaria. Es llamativo que tanto Siedentop como John Laughlan ven a la Unión Europea como un juego de suma cero, en el que no puede haber integración sin pérdida de soberanía nacional y de democracia liberal. Ambos afirman el a priori de la mayor legitimidad nacional sobre la legitimidad europea, sin demostrarlo. Y ninguno de los dos admite que los problemas constitucionales actuales de los Estados miembros –empezando por los del Reino Unido– son los mismos que los de la Unión: mayorías versus minorías, el control sobre los expertos que toman decisiones o las consecuencias que puede tener la existencia de un demos o de varios demoi.

01/03/2002

 
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