ARTÍCULO

Del sujeto al discurso

 

Parece ser que definitivamente Marx jugó una mala pasada no sólo a la prognosis de la revolución y a las previsiones del «fin de la historia», sino también a la historiografía social: a toda ella, marxista o liberal. Los requerimientos de la teoría han traído ciertamente de cabeza a nuestra historiografía empeñada durante largo tiempo en la identificación de un sujeto que dotara de sentido a una época que se suponía de la burguesía revolucionaria. Se buscó desde arriba y desde abajo, se detectaron endebleces o se lamentaron también ausencias y, pese a todo, el sujeto no parecía reconocerse con claridad. Tanto es así que da la impresión de que la historiografía sencillamente había decidido desistir en cuanto se plantearon seriamente algunas objeciones a un esquema interpretativo que parecía bastante cómodo. Lo lamentable es que se hiciera cuando, desde mediados de la década pasada, en otros ambientes historiográficos se estaba produciendo un más rico debate y replanteamiento sobre la burguesía europea. La prueba más contundente de esa negligencia se halla en el índice de las obras de referencia de tal debate. Repásese el correspondiente a la obra capital coordinada por J. Kocka, Bürgertum im 19. Jahrhundert (Munich, 1988), para constatar la sonora ausencia de una referencia al proceso español.

El libro de Jesús Cruz viene, en inglés y desde Delaware, a servir de despertador. Ahorra además algunos recorridos porque reconduce el debate desde donde está actualmente planteado. Recogiendo una sugerencia de R. Romanelli, advierte desde su presentación que el objeto de estudio y discusión no es si hubo o no una burguesía que llevara adelante un proceso revolucionario en España, sino si entre finales del siglo XVIII y mediados del ochocientos es posible detectar un proceso de formación de una cultura burguesa que pudiera decirse expresión de una conciencia de esa clase social (p. 10). Propone para ello un estudio de sociología histórica que permita calibrar la realidad de una transformación en los grupos sociales a los que más habitualmente se les supone cemento de una clase social burguesa: comerciantes, banqueros, burócratas, profesionales y políticos (diputados y ministros). Fabrica una serie de muestras familiares, reconstruye sus patrimonios, rastrea sus conexiones locales y regionales y describe sus estrategias de relación social. Con todo ello entra, en la segunda parte del libro, a estudiar la dinámica social de esos grupos en el arco cronológico que maneja y plantea abiertamente su tesis principal, ya avanzada en el n.º 23 de Historia Social.

Afirma tal tesis que, a diferencia de lo que han supuesto una historiografía liberal (Artola, Jover, Atard) u otra marxista más actualizada (Petit, Clavero, Peset), no se constata la superación de un modelo social corporativo y su sustitución por otro que funcionara bajo la lógica de un individualismo posesivo burgués. Unas prácticas sociales informadas por la idea del laissez-faire, el mercado libre y el dominio del individuo y su lógica no llegan a consolidarse en la España de la primera mitad del siglo XIX . «La puesta en funcionamiento de un nuevo orden jurídico no implicó necesariamente una revolución en las prácticas sociales» (pp. 171-172), que siguieron funcionando, como en el Antiguo Régimen, informadas por relaciones culturales basadas en criterios de parentesco, amistad y patronazgo. Este planteamiento se sostiene sobre dos argumentos. El primero de ellos se extrae del análisis sociológico realizado en la primera parte del libro que revela una llamativa continuidad en los sujetos y sus prácticas sociales en el período considerado: unas mismas formas de acceso a esas elites por vía no de imposición de una lógica de mercado que valorara el mérito sino de amistad, relaciones familiares o locales; unos mismos modos de reproducción del status familiar; prácticamente idénticas estrategias de consolidación del patrimonio y de su estructura.

El segundo argumento es de tipo cultural y se sostiene desde un presupuesto teórico que exige diferenciar un discurso público y otro privado. El primero, relacionado con el foro público de la política, es ante todo un medio de expresión ideológica de proyectos que afectan al Estado y su ordenamiento y a la sociedad y su funcionamiento ideal. El segundo, expresado ante todo en un foro doméstico, muestra las prácticas culturales de reproducción social internas a los sujetos. El argumento desarrollado por Cruz detecta una evidente contradicción entre ambos: mientras el primero de estos discursos, el público, permite constatar una asimilación cultural de los valores más idiosincráticamente liberales (individualismo, democracia de propietarios, valoración del mérito personal, defensa de la propiedad privada y de la generación de relaciones sociales mediante su funcionamiento en un mercado no intervenido corporativamente, etc.), el segundo, sin embargo, muestra unas prácticas internas de esos mismos sujetos bastante contradictorias con esos principios, poco «burguesas». El «discurso privado» de las elites españolas de la primera mitad del siglo pasado estaría más cerca de los principios de una sociedad corporativa y de defensa corporativa también de su status, que de una asimilación real y efectiva de los valores esenciales del «espíritu burgués». El ejemplo de la familia Cabarrús que se estudia con detenimiento sería un ejemplo perfecto de esta dicotomía.

Desde ahí concluye el autor que convendría diferenciar en el proceso de cambio y transformación que se produce en España entre 1812 y 1850 política y sociedad. La primera conocería evoluciones por vía constitucional y legislativa que la segunda desconocería por continuidad en unas prácticas anteriores. «Hablemos, pues, de revolución en el marco de una continuidad social y un lento desarrollo económico. En beneficio de una mejor comprensión histórica, refirámonos a ésta como la era de la revolución liberal española». Es la última y contundente frase de sus conclusiones.

En mi opinión, es este segundo soporte esencial de su planteamiento el que requiere más consideración y puede producir mayor debate crítico. Es un argumento que ha transitado del sujeto al discurso, a los discursos diferenciados que afectan a lo público y lo privado, pero que finalmente retorna al sujeto aunque sea sólo para despedirlo. Es por tanto una apuesta fuerte que debe medir en primer lugar sus implicaciones generales, las de método. Si el primer conde de Cabarrús y su desdoblamiento de personalidad cuando, por una parte, critica el mayorazgo y, por otra, lo constituye para su familia y patrimonio, sirven de pauta para determinar una falta de consecuencia entre discurso público y privado, podríamos también preguntarnos cuántos comunistas en este siglo realmente han militado en los partidos comunistas de Europa occidental (en la oriental ya sabemos que prácticamente ninguno), o cuántos católicos pueden contarse entre los fieles de la Iglesia católica. Pero aun suponiéndole, como al soldado el valor, al burgués unas señas de identidad estereotipadas, el argumento puede seguir presentando algunos puntos si no débiles, al menos discutibles.

El que reclama una más urgente reconsideración es, precisamente, el de la bifurcación que se da por supuesta. Procedente del planteamiento teórico de J. Habermas y de su desarrollo historiográfico posterior, se acepta un principio de la sociología positiva que quizá no sea tan transferible como se supone a una realidad histórica. Porque puede dar lugar a contrariedades que están patentes en las conclusiones de este libro que afirma, por una parte, que el ámbito familiar seguramente no había llegado a ser un espacio tan privado como se ha supuesto desde un estudio centrado en la legislación civil como materia prima y, acto seguido, insiste en que el problema mayor de la historiografía que ha venido tratando la cuestión está en que se ha preocupado exclusivamente de un discurso político sin prestar atención a un «discurso privado» que revela otra faceta que contradice los principios del primero. No parece, por tanto, que las fronteras fueran tan nítidas como informaba el presupuesto. Aquí la teoría importada desde una filosofía de la evolución social puede, de nuevo, estar jugando malas pasadas al discurso historiográfico que la asume. Tan traicioneras quizá como otras que, con acierto, se han descartado desde el principio del libro.

Esto se manifiesta, al menos, en dos puntos fuertes del argumento. Por una parte, en la aceptada idea de que el discurso liberal decimonónico español, lo que Cruz definiría como «discurso público», está elaborado sobre el principio de una antropología individualista y que construye, así, sus propuestas digamos también «públicas» sobre tal supuesto. Es decir, que los primeros modelos del constitucionalismo, los primeros proyectos de codificación civil y mercantil y los primeros diseños de una administración pública respondían a esos requerimientos e imposiciones de una antropología política individualista. Para el pensamiento ilustrado en principio más cercano a este paradigma ya planteó sus dudas C. Petit en un trabajo que habría resultado aquí de gran utilidad y en el que ya detectaba, y explicaba, la ambivalencia en el pensamiento y acciones «privadas» de Cabarrús que sorprenden a CruzC. Petit, "Signos financieros y cosas mercantiles o los descubiertos de la ilustración cambiaria", en V. Piergiovanni (ed.), The Growth of the bank as institution and the development of money-business law, Berlín, 1993.. Por otra parte, estudios como el de B. A. Shain sobre el mito del individualismo americano (Princeton U.P., Princeton, 1994) o algunas incursiones en una reinterpretación de nuestro primer constitucionalismo (Petit, Clavero, Lorente), vienen mostrando que puede ser mucho suponer que aquellas fueran culturas, sin más, del individuo y su antropología. Creo que una relectura del segundo o del tercero de nuestros modelos constitucionales y sus culturas, que interesan también a la cronología del libro de Cruz, podrían deparar más de una sorpresa al respecto.

Si la tesis central del libro está construida desde un análisis de familias, de aquellas que podían tener un contacto más directo con la política y su foro público, debería comenzarse por plantear la entidad del propio sujeto familiar y tomar nota, ante todo, de la impronta que una antropología católica necesariamente imprime al respecto, como se ha demostrado ya para otros ámbitos de cultura similarM. Cavina, Il potere del padre, 2 vols., Giuffre, Milán, 1995.. La discriminación de un espacio «privado» de las familias y otro «público» de la política conviene sin duda al argumento del historiador, pero quizá no tanto a la antropología asumida de los historiados. Un análisis de las formas y ámbitos de sociabilidad, en la línea ensayada para Italia por M. Meriggi, por ejemploM. Meriggi, Milano borghese. Circoli ed élites nell'Ottocento, Marsilio, Venecia, 1992., podría haber permitido una mayor matización en las delimitaciones de ámbitos, precisamente por el carácter fronterizo que ocupan entre familia y Estado.

Pienso que sería también a este respecto interesante tomarse en serio la sugerencia de K. M. Baker sobre el carácter «inventado» de la sociedadK. M. Baker,  "Enlightment and the institution of society: notes for a conceptual history" en W. Melching y W. Velema, Main trends in cultural history. Ten essays, Amsterdam-Atlanta, 1994. para una reinterpretación de la española en el período que considera Cruz. Exigiría un replanteamiento del método, considerando no sólo la dimensión del «dato» obtenido del análisis cuantitativo de unas muestras sino, al menos en la misma medida, la valoración de la sociedad como «idea». Para ello es necesario prestar audiencia también a unos textos que se dirían «públicos», aunque su materia sea «privada». También podríamos estar ya precavidos sobre el riesgo de una consideración unívoca del liberalismo. Es el segundo punto de tensión del argumento al que me refería anteriormente. Las consideraciones metodológicas expuestas hace alguno años por M. BarberiM. Barberis, Sette studi sul liberalismo rivoluzionario, Giapichelli, Turín, 1989. o la reciente traducción de los Apuntes de historia de las constituciones de M. Fioravanti (Trotta, Madrid, 1996) marcan pautas a seguir para una necesaria discriminación de sus discursos. A este respecto el continuum que marca la interpretación de Cruz sobre el tema del liberalimo español puede resultar bastante engañoso al conectar, entre 1812 y 1845, culturas liberales que no comparten unos mismos valores en su discurso «público» con el resultado de que asume, respecto de estos discursos, unos estereotipos tan vulgares como los que, justamente, desecha para la interpretación sociológica. No es sólo que el concepto constitucional varíe sustancialmente entre esas fechas, sino que con él lo hacen otros que interesan más al objeto del libro, como el de los derechos y el de la libertad. No debería ser extraño al interés de este libro el manejo que de tales conceptos hicieron las diversas culturas liberales, pues en ellos está también cifrada una información pertinente de la dimensión respectiva de individuo, familia y corporación y sus conexiones con la política.

La concepción de una democracia de padres de familia de nuestro primer sistema constitucional, la inexistencia durante todo el período considerado de una efectiva codificación civil o la tenue frontera conceptual entre familia y municipio de la ciencia más relacionada a mediados de la centuria con lo «público», la ciencia de la administración, ya deberían poner sobre la pista de que no nos hallamos ante unos discursos liberales imperantes que respondan muy exactamente a los paradigmas usualmente admitidos. Con su consideración probablemente la tesis del libro de Cruz no se resentiría: una transformación social en los términos que la teoría requería para establecer un big-bang del mundo burgués como arranque de la contemporaneidad no se opera históricamente. Ganaría quizá en osadía y podría plantearse no en los términos de una contraposición entre discurso político-público y familiar-privado, sino en una consideración más integral del liberalismo, de los discursos liberales españoles del siglo pasado. Por ello, y porque lo más fácil es hacer de francotirador desde una revista de crítica de libros y lo más complicado y meritorio construirlos con una tesis sólida, no dudo que el de Cruz debe servir de referente para la reapertura de un debate que, ya se ve, no debía haberse desahuciado tan alegremente.

01/12/1996

 
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