ARTÍCULO

La calidad de la democracia española

 

Aunque un cierto distanciamiento crítico de la democracia no sea exclusivo de España, ni el descontento aquí tampoco provenga de preferir otra forma de gobierno, sino de las deficiencias que se comprueban en las que tenemos –la mayor parte de la gente quiere más, no menos democracia–, me limito a comentar tres libros que, pese a que sean muy distintos por género, método y contenidos, tienen en común haber sido escritos en España, tanto por ser el país que más nos interesa como porque en cada uno el deterioro de la democracia se presenta con caracteres específicos. Se trata de dos ensayos que se mueven en los extremos del género: el de Leguina, rondando el periodismo, trata temas acuciantes de la actualidad desde un punto de vista harto subjetivo, que incluye observaciones autobiográficas, mientras que el de Ruiz Soroa alcanza una dimensión teórica que sobrepasa con mucho un planteamiento nacional. El tercer libro, en cambio, simplemente nos ofrece los datos obtenidos en una encuesta.
El libro de Joaquín Leguina, dividido en nueve breves capítulos que traslucen su origen periodístico, parte de la crítica de la Transición que las nuevas generaciones pusieron en marcha a finales de los noventa para, desde allí, pasar a otros temas de actualidad en relación con la Ley de la Memoria Histórica, un contexto que ha llevado al juez Garzón a intentar encausar al franquismo, acontecimientos concatenados que el autor aprovecha para culminar con una crítica global del zapaterismo, al que hace último responsable de tanto desaguisado. El trasfondo de todos estos temas, estrechamente ligados entre sí, supone una evaluación de la calidad de la democracia española, treinta y cinco años después de la muerte del dictador, lo que en concreto lleva a preguntarse si la persistencia de elementos franquistas habría desfigurado el carácter democrático de «la monarquía parlamentaria» instaurada. El autor evita una respuesta explícita a esta cuestión, aunque, al hablar de un «antifranquismo sobrevenido» –valientes guerreros que alancean al moro después de muerto–, alude claramente al despropósito que implica esta sospecha. Con sus imperfecciones y deficiencias, Leguina piensa que la democracia española sería homologable a las del resto de los países de nuestro entorno, por lo que le produce especial encono que algunos conecten al PP, un partido liberal-conservador, con el franquismo, con el que ya únicamente se identifican restos poco significativos.
A la disputa con Almudena Grandes, surgida de la crítica que la escritora hizo a su artículo «Enterrar a los muertos», publicado en El País en abril del 2010, a mi modesto entender, el autor dedica demasiadas páginas, muchas de ellas reproduciendo artículos de otros, si bien resulta explicable al incurrir la escritora de lleno en el insulto calumnioso, cuando escribe que «sucesivas derrotas políticas y la gratitud a una presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, que le ha arreglado un puestecito» (p. 134). Una cosa queda clara: en España falta una cultura del debate y la divergencia de opiniones fácilmente se desliza hacia el insulto personal. Algo de suma gravedad por su nefasta incidencia en la ciencia, la política y la economía: en el ámbito académico se omite cualquier mención del colega que no sea elogiosa; y ¡ay del político que se atreva a manifestar una opinión propia, o del empleado al que no le parezca que lo mejor para la empresa es lo que el jefe decida!
A finales de los noventa se constata «un movimiento revisionista respecto a la Transición democrática [...] contra la ejemplaridad de la Transición tan predicada durante largos años, los contestatarios –en parte, hijos de la generación que había protagonizado esa Transición– ponían en solfa las bondades de esta, llegando a denunciar como cobarde una de las piezas que fueron claves en aquella aventura democrática: la Ley de Amnistía de 1977 que, según estos críticos, no solo había sido aprobada bajo la amenaza y el ruido de los sables, también dotó de impunidad a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo, además de haber servido para imponer una supuesta amnesia colectiva sobre la Guerra Civil y sus funestas consecuencias» (pp. 13-14). Al comienzo del libro, el autor expone su posición con claridad meridiana en un párrafo que contiene tantas verdades como verdades a medias y algunas rotundas falsedades.
Recordemos en brevísima síntesis hechos harto conocidos que, sin embargo, se mantienen en la penumbra. Tras la muerte del dictador, fracasado el intento de organizar asociaciones políticas dentro de las estructuras del Movimiento, la fracción reformista del franquismo, impulsada por la Corona, logró que las Cortes aprobaran la última Ley Fundamental, la de la Reforma Política, que convirtió a España en una «monarquía parlamentaria» con dos Cámaras, elegidas por sufragio universal. Era la única manera, no solo de salvar la Monarquía, sino de que permanecieran incólumes las demás instituciones del Estado, aunque para ello hubo que enfrentarse a un franquismo, ciertamente minoritario y residual, pero que estaba fuertemente arraigado en las Fuerzas Armadas y aspiraba a mantener las «esencias» del régimen.
Una media verdad es dar por supuesto que la Transición resultase del consenso entre el régimen y la oposición democrática, cuando, en realidad, fue imposición de la fracción reformista, aunque es obvio que, por débil que fuese la oposición, no podía desaprobar cualquier movimiento encaminado a restaurar la democracia. Aun así, optó por la abstención en el referéndum del 15 de diciembre de 1976 para mostrar claramente que la reforma se hizo sin su participación y con criterios que no compartía, pero que contó con el apoyo de la mayor parte de la población, como pusieron de manifiesto los votos.
Para celebrar elecciones democráticas se necesitan partidos y hubo que improvisarlos a la mayor brevedad: la UCD, desde el Gobierno, y muchos otros, la llamada «sopa de siglas», desde una sociedad civil por completo desarticulada. El único partido de la oposición con cierta implantación, sobre todo en Madrid y Barcelona, era el comunista, pero, por sus principios leninistas, no era nada democrático en su organización interna. El PSOE renovado estaba aún dando los primeros pasos en su refundación, haciendo encaje de bolillos para que el Gobierno no legalizase al PSOE histórico.
Caracterizar las primeras elecciones del 15 de junio de democráticas es también una verdad a medias. Los partidos políticos se habían formado desde la cúspide, con un fuerte déficit democrático que muchos creímos que sería coyuntural –había que garantizar la gobernabilidad mientras la sociedad iba adaptándose a la convivencia democrática–, pero que ha terminado por ser el factor principal de corrupción en la vida política española de los últimos treinta años. El candidato a la presidencia del partido gubernamental fue el mismo presidente franquista que había dirigido la reforma desde el interior del régimen, sin tener siquiera el detalle de dimitir en el último minuto, como obligó a sus ministros. El partido gubernamental contó con el apoyo de los medios, la prensa del Movimiento y, sobre todo, de la entonces única cadena de televisión pública, y en las provincias, donde la desarticulación social era aún mayor, la decisiva de los gobernadores civiles.
A todo esto se suma la Ley Electoral que decretó Adolfo Suárez el 18 de marzo de 1977 con el único objetivo de asegurarse la mayoría absoluta: listas cerradas y bloqueadas, sistema proporcional con correcciones de tal tamaño que lo desfiguran por completo, al ser la provincia el distrito electoral, pero limitando el número de diputados a trescientos cincuenta, lo que favorece a las que tienen menos habitantes y perjudica a las más pobladas. En suma, en un plano nacional se beneficia a los dos primeros partidos a costa de los demás, y en la provincia, a los partidos nacionalistas que con muchos menos votos pueden obtener más escaños que los partidos nacionales a partir del tercer puesto. Con pequeñas modificaciones, la Ley Electoral que sigue vigente, y al favorecer a los dos primeros partidos y a los nacionalistas periféricos, no queda la menor posibilidad de que quieran cambiarla los que de ella se benefician.
Los resultados fueron, sin embargo, doblemente sorprendentes: el partido gobernante no consiguió la mayoría absoluta ni, como se esperaba, el Partido Comunista fue el segundo partido más votado, sino un PSOE recién renovado que parecía traer una brisa democrática rejuvenecedora. En la primera oportunidad que se les dio a los españoles de manifestarse, imponen dos correcciones importantes a la reforma oficial: por un lado, las Cortes elegidas se convierten en constitucionales, dispuestas a aprobar una Constitución, claramente democrática, en cuya elaboración ya sí funcionó el consenso, que implicase el final de la legalidad franquista, sin salirse, eso sí, de las coordenadas impuestas por la Ley de Reforma Política; por otro, al ser el socialista el primer partido de la oposición, nos libraba de la conjunción del franquismo reformista con el eurocomunismo que, en las condiciones de la «guerra fría», garantizaba a la derecha la permanencia indefinida en el poder, sin que el Partido Comunista pudiese gobernar por mucho que renunciase a su ideología revolucionaria y a su dependencia de la Unión Soviética, y adquiría relevancia un PSOE, todavía sin cuajar, pero del que se esperaba una aportación esencial a la democratización del país.
También es una verdad a medias negar que la Ley de Amnistía de 1977 no fuese aprobada, como dice Leguina, «bajo la amenaza y el ruido de los sables», cuando bajo esta presión transcurrió toda la Transición. Y, aunque garantizar «impunidad a los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo» no fuera su objetivo como hoy se empeña parte del revisionismo –nadie en sus cabales pensaba en 1977 que cabía pedir responsabilidades por los crímenes del bando nacional a un régimen bien protegido por unas Fuerzas Armadas que se identificaban con el régimen de Franco y observaban con prevención cómo este iba acoplándose a la democracia–, lo cierto es que a la larga surtió este efecto, pero que era imprescindible para lograr una convivencia en paz. Con todo, no cabe negar la evidencia de que el clamor «¡Libertad! ¡Amnistía!» provenía de la oposición democrática y fue esta la que mostró una enorme alegría cuando, en octubre de 1977, las primeras Cortes nacidas del sufragio universal aprobaron la Ley de Amnistía, hasta hoy vigente.
Señalar, como hace el revisionismo, que la Transición habría impuesto una «supuesta amnesia colectiva sobre la Guerra Civil y sus funestas consecuencias» es también una verdad a medias y Leguina tiene razón para criticarla. Por lo pronto, nada de «amnesia colectiva»: todo lo contrario, durante la Transición la amenaza de una guerra civil se vivió con tal intensidad que esto explica la pasividad de la población en aquella trágica noche del 23-F: nadie trató de oponerse al golpe, seguros de que en la Europa democrática la dictadura militar no podría durar mucho y, aunque durase, era preferible a un enfrentamiento bélico entre hermanos. El temor a una nueva guerra civil, no su olvido, explica el empeño en no recordar un pasado tan trágico, una amnesia que escogieron los españoles como modo de evitar una nueva guerra civil, que sin duda es lo más contrario a una amnesia, aunque probablemente olvidar sea la única manera de sobrevivir a un mal recuerdo.
Al ser la forma en que se hizo la Transición fuente principal de la legitimidad del régimen vigente –de la legalidad franquista a la nueva legalidad democrática, manteniendo la más estricta continuidad en la jefatura, las instituciones y administraciones del Estado–, se comprende que la generación que la llevó a cabo la elevara a la categoría de modélica, pero tampoco debiera sorprender que la de los hijos, y sobre todo la de los nietos, veinte años más tarde la pusiesen en entredicho. También en Alemania la generación que hizo la guerra aceptó sumisa el sistema político que dictaron los vencedores, manteniéndose en silencio sobre su colaboración entusiasta con el nazismo. Fueron los hijos quienes en 1968, también veinte años más tarde, rompieron con el pasado, exigiendo a los padres que se responsabilizasen de su comportamiento durante el Tercer Reich.
Nada se entiende de la Transición sin la angustia que en el ánimo de todos los españoles, de un bando y del otro, producía el trágico recuerdo de la Guerra Civil. A finales de los años noventa, en cambio, había desaparecido la presión militar –un hecho fundamental que nos aleja definitivamente de la España del siglo xix y la primera mitad del xx– y estábamos integrados en la Unión Europea, un acontecimiento tal vez de tanto, o mayor, calado. Se ha disipado por completo la amenaza de una guerra civil, incluso en el caso extremo de que el Estado llegase a desmembrarse, aunque no falten quienes siguen apelando a ella para tratar de impedir, como se hizo durante los cuarenta años del franquismo, los cambios que rechazan.
Terminada la «guerra fría», en una España plenamente integrada en las instituciones europeas, que ha salido de nuestra tradicional pobreza y que ha empezado a construir un Estado social digno de este nombre, nada más natural que las nuevas generaciones se desprendan de los temores y prejuicios que marcaron a la que llevó a cabo la Transición. Pero, además de un cambio de perspectiva generacional, cabría mencionar otros factores de menor envergadura, pero que hacen inteligible que se haya producido una revisión del pasado.
Uno de los detonadores de un revisionismo que empezó por exigir sepulturas dignas para los asesinados sin juicio alguno en la España nacional, y que pronto pasa a criticar que algo tan elemental no se hubiese planteado en la Transición, para dar el paso siguiente, al ponerla en entredicho, y acabar glorificando la República y la España leal, fue la mayoría absoluta en la segunda legislatura de Aznar. Se proclamó solemnemente que, después de la larga interrupción del franquismo y de los casi tres lustros de gobierno socialista –que habría sido el precio que hubo que pagar por la connivencia de la derecha con el franquismo–, España habría vuelto a su cauce normal, instalando de nuevo el gobierno liberal-conservador de la Restauración. El triunfo de Zapatero, que la derecha ha tardado en digerir, si es que ha llegado a hacerlo, fortaleció esta tendencia revisionista con la que se conoce como Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, «por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura») que, pese a que la mayor parte de la población se haya mantenido al margen, tuvo el inconveniente de reactivar la hostilidad entre los dos bandos supervivientes.
No es el momento de criticar el concepto de «memoria histórica», insistiendo una vez más en que implica una contradicción en sus términos: una cosa son la memoria individual y la colectiva, y otra muy diferente la historia, como ciencia social. Ya el sociólogo francés Maurice Halbwachs (1877-1944) diferenciaba la «memoria colectiva» de la historia escrita pero, eso sí, recalcando que hasta los recuerdos más íntimos surgen en un marco social, de modo que la memoria siempre sería colectiva, propia del grupo social al que se pertenece, la familia, la religión, la clase social; el concepto cuestionable más bien sería el de memoria individual. En cambio, la historia, aunque bucee también en el magma de la «memoria colectiva», es una ciencia que pretende objetividad con métodos propios en la recolección de datos y en la manera de interpretarlos. Cabe muy bien rechazar el concepto de «memoria histórica» por confundir la memoria colectiva con la historia, pero no repudiar, tirando la criatura con el agua sucia de la bañera, el de «memoria colectiva», que resulta imprescindible para entender tanto la apología oficial de la Transición como el posterior revisionismo.
Liberado de la disciplina del partido, Leguina se muestra crítico contundente de una ley que aprobó con su voto en el Congreso, sin detenerse a reflexionar sobre lo que supone votar en contra de lo que dicta la conciencia. Esto tal vez constituya una de las mayores deficiencias de nuestro sistema democrático, al colocar en ámbitos distintos la política y la moral, fuente sin duda de las demás formas de corrupción. Admito que retirarse de la política activa por consideraciones morales o políticas, como hizo Luis Gómez Llorente, y con él otros muchos, ha servido únicamente para dejar el campo libre a los que carecen de cualquier escrúpulo en su afán de perpetuarse en el poder. Al fin y al cabo, sin una cuota de poder no se puede intentar mejora alguna, pero solo se adquiere respetando las reglas del juego, sobre todo las no escritas.
Desde la crítica del revisionismo y de la Ley de la Memoria Histórica, el autor arremete contra el juez Garzón, que habría intentado el desafuero de encausar al franquismo, sin mencionar el hecho de que pertenece al grupo de amigos de José Barrionuevo que, capitaneado por Felipe González, siguen considerando injusta la condena del exministro, y si no hablan directamente de prevaricación de los magistrados que dictaron la sentencia, como de los jueces, incluido Garzón, que instruyeron el sumario, es por las consecuencias jurídicas que esto habría implicado. Uno de los mayores escándalos de la España democrática, en un período en el que lamentablemente no han escaseado, es que un expresidente de gobierno haya arremetido contra una sentencia del Tribunal Supremo, empeñado hasta hoy en proclamar la inocencia de los condenados. ¿Cómo puede mantenerse un mínimo respeto por la justicia como institución si hasta el jefe del Ejecutivo, con toda su plana mayor, la pone en cuestión?
El libro culmina con una crítica despiadada de toda la política de Zapatero en su primera y segunda legislaturas: desde el error mayúsculo de reabrir el proceso estatutario, seguido de la negociación con ETA, así como los contenidos ideológicos del «nuevo socialismo», incluyendo el apoyo al feminismo militante. Es obvio que tomar partido ante todas estas cuestiones convertiría esta reseña en un libro más extenso que el que comento. En un punto, sin embargo, tengo que manifestar mi acuerdo con que «el progresismo ilimitado del presidente Zapatero tiene como objetivo marcar sobre todo diferencias ideológicas con la derecha, ya que no lo puede hacer en el campo –que es el que más importa– de la política económica» (p. 191). Cierto: el carácter de izquierda de un gobierno se muestra en que avance en el reparto de la riqueza, ofreciendo poco a poco una mayor igualdad de oportunidades. Ahora bien, enjuiciarlo con este criterio exige tener en cuenta que, dada la integración económica en la Unión Europea y las presiones de los «mercados» en un mundo globalizado, no es mucho lo que los gobiernos pueden acometer, aunque siempre quedan espacios para actuar, sin deslizarse necesariamente hacia una sociedad cada vez menos igualitaria, como ha ocurrido en los años de Zapatero.
Ante el temor –conoce a su gente– de que le acusen de «equivocado», «resentido», o incluso de «vendido o de «miserable», Leguina manifiesta que su «único cambio, tras dejar atrás mis responsabilidades institucionales, ha consistido en hacerme la promesa de no soportar en silencio el sectarismo, venga de donde viniere» (p. 212). Nunca es tarde si la dicha es buena, pero permitirá que el lector se pregunte por qué ha necesitado más de treinta años para tomar determinación tan sabia.

* * *
Del ensayo periodístico demos un salto a la sociología y preguntémonos qué aporta esta ciencia al esclarecimiento de la «calidad de la democracia en España», justamente el título del segundo libro que comentamos. En realidad, se limita a exponer la opinión de los españoles sobre cinco temas –democracia y legitimidad, Estado de derecho, representación política, capacidad efectiva de gobierno y sociedad civil– a partir de una encuesta realizada entre el 5 y el 20 de mayo de 2007 por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el marco de un convenio entre el CIS y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC). Los resultados confirman los datos conocidos por otras fuentes, sin sorpresa algunaDe haber tenido más espacio, hubiera valido la pena comentar los resultados de este libro con los que aporta Miguel Martínez Cuadrado, La democracia en la España de los años noventa, Barcelona, Ariel, 1996. .
En el primer capítulo se constata la satisfacción con la democracia como forma de gobierno (8,63 sobre 10), aunque menos con su funcionamiento (6,88) y, sobre todo, con su contribución a la cohesión social (5,19). En cambio, en lo que respecta al Estado de derecho, la insatisfacción es grande tanto por la escasa imparcialidad de la justicia ante las desigualdades económicas (2,51) o ante las desigualdades políticas (2,28), con una puntuación también baja, del 3,88, respecto a la accesibilidad a la justicia. La valoración es más alta en la transparencia de la Administración (5,58) y escasísima la corrupción que el ciudadano percibe en sus relaciones directas con las administraciones (9,81), pese a que los ciudadanos reconocen que el sistema tiene una capacidad muy limitada para detectar la corrupción (3,09) y se supone una alta corrupción en la clase política (2,88).
El tercer apartado, que se ocupa de la representación política, ofrece información valiosa sobre las percepciones de los ciudadanos sobre el funcionamiento de los partidos políticos. La confianza en los partidos políticos es baja (3,99), así como la valoración del sistema electoral (4,00), y se da por descontada una escasa receptividad de los políticos a las demandas ciudadanas (3,80), con una valoración también muy baja respecto a la capacidad de la oposición de cumplir su función fiscalizadora o de constituirse en alternativa de gobierno (3,92).
El cuarto apartado se centra en la cohesión territorial, descentralización y eficacia de los gobiernos central y autonómicos. El 62,3% de los españoles no ven diferencias en la eficacia de la administración central y la autonómica, y la mayoría tampoco ha sufrido discriminación por alguna de las administraciones (8,52). Con pequeños matices, se valoran por igual la eficacia de los ayuntamientos (5,16), la de las autonomías (5,06) y la del Estado (4,94). El 50% de los encuestados piensan que la atención sanitaria, que gestionan las autonomías, es lo que más ha mejorado, seguida de la limpieza de las calles (el 47,2%), labor de los ayuntamientos. El último capítulo, dedicado a la sociedad civil, confirma que, fuera de las elecciones, la sociedad española presenta un bajísimo nivel de participación política (2,41), con una densidad asociativa muy baja (3,28), que se corresponde con una confianza social también baja (3,39).
El estudio pone de manifiesto que «la sociedad civil obtiene la peor nota dentro de las dimensiones relacionadas con la calidad de la democracia» (p. 134), así como «el bajo grado de confianza que tienen los ciudadanos en los partidos políticos y que identifican a la política en general como uno de los problemas importantes de nuestro país» (p. 9). Es altamente significativo que, en el tema de la corrupción, la opinión mayoritaria pase como sobre ascuas, a pesar de que cuando se hizo la encuesta, en mayo del 2007, ya había estallado el caso Gürtel. Como los españoles esperan de los políticos que actúen en provecho propio, el hecho de que se descubra corrupción en un partido poco modifica su preferencia de voto. Se da por supuesto que el contrincante hace lo mismo, aunque en ocasiones, si está en el poder, pueda ocultarlo mejor.
En el muy breve capítulo 2, titulado «Bases para evaluar la democracia», se hace referencia a dos modelos para evaluar la calidad de la democracia: el primero se basa en la opinión de los políticos y expertos, y el segundo propone una «metodología participativa» en la que los ciudadanos son el principal protagonista. «La auditoría ciudadana de la calidad de la democracia en España en 2008 que se presenta en esta obra ha tenido en cuenta elementos de estas dos aproximaciones empíricas y puede considerarse como un tercer modelo. Por un lado, sitúa a los ciudadanos como los principales evaluadores del sistema a través de una encuesta nacional de tamaño suficiente para que los resultados sean estadísticamente significativos. Por otro, incluye algunas de las dimensiones propuestas por el proyecto británico Democratic Audit (que trabajó sobre la opinión de políticos y expertos), adaptándolas al desarrollo analítico de nuestro modelo de democracia constitucional y a las características propias de la democracia española» (p. 13). En el trabajo publicado falta, sin embargo, cualquier referencia a la opinión de los políticos y expertos, quedando esta complementariedad de los dos métodos en mera intención, que luego no se llevó a cabo. Como nada se dice sobre la forma en que participaron los cuatro autores, ni quién, o quiénes, son responsables directos de la redacción del texto, no cabe pedir cuentas a nadie.
La reducción de la sociología a comunicar los resultados de una encuesta de opinión muestra hasta qué punto esta ciencia se encuentra en crisis. No basta con recoger datos, sino que la verdadera función de la ciencia es interpretarlos, brindando una explicación plausible de las opiniones que se hayan expresado, para lo que se necesita un cierto entramado teórico. Una vez recogidas las opiniones de los españoles, habría que haber intentado aclarar a qué se debería la insatisfacción con el Estado de derecho, en especial con la justicia, el distanciamiento crítico de los ciudadanos ante los partidos, o por qué es tan débil la sociedad civil, de la que depende la salud y fuerza de una democracia. «Una de las explicaciones más frecuentes a este fenómeno subraya el legado histórico del franquismo, que produjo una gran desmovilización social y política de los españoles durante los casi cuarenta años de dictadura» (p. 135). Con este juicio termina el libro, cuando hubiera debido ser el comienzo de un análisis que esclarezca, si tienen razón quienes, con Leguina, piensan que el franquismo hoy es un fenómeno «sobrevenido», o quienes, por el contrario, creen que las deficiencias más graves de la democracia española provienen de la persistencia de algunos aspectos del franquismo que sobreviven treinta y cinco años después de la muerte del dictador.

* * *
Empero, ¿cómo valorar la calidad, sin antes dilucidar qué entendemos por democracia? Quien, siguiendo a Abraham Lincoln, la defina como «el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo», tendrá muy poco afecto a la instalada; quien, en cambio, la reduzca a un mero procedimiento para resolver pacíficamente la transmisión del poder, estará mucho más satisfecho. En esta cuestión incide el tercer libro que comentamos de José María Ruiz Soroa. Dígamoslo desde el principio: es un buen libro por su claridad expositiva, amplia información y, sobre todo, solidez de las tesis que defiende. Reúne siete ensayos, escritos en ocasiones diferentes, pero vinculados por una misma intención de defender la democracia constitucional y representativa frente a otras formas aparentemente más radicales, como la democracia directa, o más ilusorias, como la deliberativa. Subsume estas dos últimas en el concepto de «esencialismo democrático», que consiste en pensar que «la democracia, como régimen político de gobierno, posee una esencia o, lo que es lo mismo, una verdad última o una legitimación final» (p. 13), lo que, según el autor, no es el caso.
En el capítulo primero se ocupa del «esencialismo» más recurrente en los últimos decenios: el de considerar «mutuamente excluyente la relación entre la idea de Constitución y la de autogobierno popular» (p. 13). La democracia constitucional defiende un ámbito inmodificable, fijado de una vez por todas en la Constitución, que en líneas generales incluye los derechos fundamentales de la persona y las reglas básicas de ordenamiento del Estado de derecho, que los valedores de la democracia como autogobierno del pueblo rechazan como antidemocrático por mantener unos contenidos y espacios que la voluntad de la mayoría no podría cambiar. La generación actual no debería quedar sometida a lo que decidieron las anteriores, pero la consecuencia de esta exigencia es que «si lo que legitima las reglas políticas en una sociedad es su adopción por la mayoría de los ciudadanos realmente existentes en cada momento, no podrían existir reglas» (p. 34). No cabe votar en cada caso la regla que regula la votación, porque para poder hacerlo hay que contar previamente con estas reglas. Para tomar una decisión por mayoría se precisa una larga lista de precondiciones, que empiezan por el hecho de que exista una comunidad política que quiera serlo. La existencia de reglas previas no limita la expresión de la voluntad mayoritaria, sino que la hace posible. Ruiz Soroa concluye que «no hay decisión sin procedimiento, ni voluntad popular sin instituciones. […] La clave está en comprender la voluntad popular de una manera pluralista o compleja, nunca monista» (pp. 40 y 44).
Una vez establecido el constitucionalismo, como un elemento fundamental de la democracia, en el segundo capítulo se defiende a la de-mocracia representativa frente a la direc-ta. El autor comienza con una revisión de la única democracia directa que ha existido –la democracia ateniense–, que se define por la identidad de los gobernantes y gobernados, haciendo hincapié en la cantidad de problemas que implica la participación directa de todos los ciudadanos, incluso en la Grecia clásica, donde quedaban excluidos los menores, las mujeres, los extranjeros y los esclavos: en suma, la mayor parte de la población.
La representación, producto de una sociedad estamental, que facilita la representación de los distintos estamentos, es el invento político medieval de mayor alcance. En este contexto nos encontramos con una explicación a la debilidad de la participación ciudadana que también había constatado la encuesta del CIS: «España es uno de los países europeos con menores tasas de interés ciudadano, competencia cognitiva y participación políticas; la pasividad, la apatía y la desimplicación son muy altas. Lo cual demuestra, por comparación con otras sociedades europeas de prolongada tradición representativa liberal, que no es la institución representativa la que crea ciudadanos poco participativos, sino más bien su ausencia» (p. 52). Podría resultar que el franquismo tuviera algo que ver con la escasa participación política de los españoles.
La crítica que hace el autor al ideal deliberativo de democracia me parece contundente, y solo invito a que se lea con fruición y aprovechamiento. En cambio, mayor es mi desacuerdo en el tratamiento de la religión, en este caso la católica, en su relación con la democracia. Según el autor, el debate se plantearía en estos términos: «La religión, cargada de verdades particulares, termina por denunciar a la democracia como relativista e indiferentista (inmoral, en suma). Y los demócratas, apoyados en una concepción consensualista o dialógica de la formación de los valores civícos, terminan por denunciar a la religión como incompatible por sí misma con la democracia» (p. 99). Aunque religión y democracia tengan un fondo común en la misma valoración de la dignidad que fundamenta la igualdad de todos los humanos, la religión no solo posee «un exceso de verdades y ese es el auténtico problema adaptativo que plantea a la democracia» (p. 101), sino que también maneja una idea absoluta de verdad que puede colisionar con la opinión mayoritaria y, de hecho, esto sucede a veces. La solución del autor consiste en pedir que la religión amplíe su capacidad de tolerancia, entendida en su sentido fuerte, es decir, que respete la opinión de los otros desde el reconocimiento de la autonomía moral del otro, una propuesta que al final falla, porque el catolicismo, al apelar a la voluntad divina como su último fundamento, parte de una concepción heterónoma de la moral, que, justamente, cuestiona de hecho la autonomía de la moral. Pero más allá de consideraciones filosóficas, los problemas que plantea la Iglesia católica en España no son tanto cuestión de mayor o menor tolerancia –un campo, ciertamente, en el que las iglesias aún tienen mucho que aprender, pero todo se andará–, sino de poder, empeñada en mantener privilegios, sobre todo en determinados ámbitos, como la educación y la financiación estatal, blindados por un concordato preconstitucional.
Los dos últimos capítulos se refieren directamente al «conflicto» en el País Vasco, un tema que sorprendentemente ha quedado fuera de los dos libros anteriores, como si la presencia del terrorismo en este último medio siglo no hubiera sido un factor, heredado del franquismo, que ha marcado la calidad y los límites de la democracia en España. Ruiz Soroa tampoco encara directamente esta cuestión, sino que se centra en desmontar los postulados jurídicos del independentismo vasco.
Frente a la retórica soberanista, empieza por criticar el concepto desfasado de soberanía que «ha devenido en herramienta improductiva e inadecuada para orientarse adecuadamente en la estructura de las organizaciones políticas actuales, sean las nacionales o las supranacionales» (p. 138). Es del mayor interés su puesta a punto del foralismo vasco, que no sería más que la forma de gobierno de la monarquía absoluta a través de poderes estamentales y locales. «El régimen foral vasco no tiene nada de especial en la Europa medieval, pero lo que sí va a marcar su especialidad será su larga duración, hasta época tan tardía como la de finales del siglo xix» (p. 142). Muy útil es el último capítulo sobre «El derecho de autodeterminación», aunque me temo que no va a convencer a los nacionalistas que luchan por la independencia, cuyos conceptos no serán convincentes ni cabrán en derecho, pero no por ello, si dan las circunstancias adecuadas, dejarán de ser eficaces.
Un punto flaco del libro es el planteamiento exclusivamente teórico, que se centra en los contenidos de los conceptos, desde una perspectiva predominantemente jurídica que, por lo demás, no ha de extrañar en un jurista. Pero los problemas que plantean las democracias de nuestro tiempo no pueden aislarse del sistema socioeconómico establecido y de los distintos poderes que en este orden se sustentan. La cuestión clave es cómo teniendo todos un voto, y siendo los pobres los más, y los ricos una pequeñísima minoría, la voluntad de la mayoría coincida casi siempre con los intereses dominantes del orden establecido, y cuando excepcionalmente no es así, las instituciones democráticas pronto amenazan con desplomarse.

01/09/2011

 
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