Le Corbusier
ARTÍCULO

Ignorancia a la boloñesa

Acuarela/Antonio Machado Libros, Madrid
Trad. de Isabelle Marc
110 pp. 11 €
 

Quien quiere –como el autor de La fábrica de la ignorancia viene queriendo desde hace años– explicar a la sociedad en qué consisten las reformas de las instituciones de enseñanza superior que han venido llevándose a cabo durante los últimos tiempos en España y cuáles son sus consecuencias previsibles, y quien además se esfuerza por explicar a esa misma sociedad por qué mantiene con respecto a ellas una postura crítica, se enfrenta a una dificultad múltiple. El primer problema, y sin duda el más grave, es la indiferencia pública: pese a la rapidez con que todo el mundo se hace lenguas invocando «la educación» cada vez que ocurre una desgracia periodísticamente destacable, lo cierto es que la sociedad española no está demasiado preocupada por sus instituciones de enseñanza, como lo prueba la pasividad con que ha asistido al manifiesto deterioro de las aulas públicas de secundaria, patente a ojos vistas y más allá de indicadores presuntamente objetivos; no parece, por tanto, que vaya a rasgarse las vestiduras por el hecho de que las universidades presenten algunos defectos similares. El segundo problema es el riesgo de no ser comprendido o de ser malinterpretado: debido a la recién señalada indiferencia, el funcionamiento de las instituciones de enseñanza es poco conocido fuera de ellas mismas, y lo poco que sobre él aprendemos cuando estamos en sus instalaciones se nos olvida rápidamente al ingresar en la sociedad propiamente dicha, con lo cual es bastante difícil hacer entender los vicios de este funcionamiento a quien ni siquiera está informado de sus rudimentos; si a esto se añade la inercia ideológico-publicitaria o, como dice Jean-Claude Michéa, «la metafísica del progreso» vigente en nuestro medio, que hace siempre triunfar el prejuicio de que todo cambio es necesariamente a mejor, resulta que quien muestra su prevención contra las transformaciones de las universidades hoy en marcha (como frente a cualesquiera otras) puede fácilmente ser presentado públicamente ante quienes desconocen el asunto como el típico funcionario remolón que frena los avances de la historia en nombre de inconfesables privilegios de casta y del nostálgico apego a un pasado periclitado (se recordará el lapidario argumento con que el director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria contestó a los críticos del llamado proceso de Bolonia: «la historia no puede detenerse») o de algún quimérico futuro tan imposible como indeseable; y claro está que la sociedad, considerada en general, no quiere mantener holgazanes ni abandonar los raíles del adelanto histórico de los que nuestro país ha estado demasiado tiempo ausente.
Porque –y este es el tercer y último problema que mencionaré en este contexto– resulta aún más difícil hacer entender que quienes critican estas reformas (al menos la inmensa mayoría de ellos) no lo hacen porque consideren que la universidad española, en su actual estado, es una institución de la que podamos sentirnos satisfechos: conocen sus defectos tan bien como cualquiera de los que convivimos con ellos, pero este es un nuevo caso en el que conviene escapar de la falacia que pretende hacer buena una cosa simplemente a partir de la constatación de lo mala que es su presunta contraria (porque, de hecho, hay numerosos casos en los cuales una cosa y la contraria son igualmente malas y dañinas); el estado –lamentable por tantos conceptos– de la actual universidad española en su conjunto, que José Carlos Bermejo describe en la introducción de su ensayo («Oligarquía y caciquismo en la universidad española») no basta tampoco para hacer bueno el «proceso de Bolonia», entre otras cosas porque no es difícil que el «cambio revolucionario» encubra también aquí una estrategia para conseguir que nada cambie realmente. A este respecto deberían leerse combinadamente el capítulo «La imaginación al poder y la política de la imaginación» de La fábrica de la ignorancia y las páginas en que Michéa explica «por qué casi siempre es un poder cultural de izquierdas el que impone a las clases populares la modernización total de la escuela y de la vida –que, desde el siglo XVII, constituye la esencia misma del programa capitalista– de la forma más coherente y eficaz» (p. 53). Añádanle a todo esto un último factor que ha venido a complicar las cosas en estos últimos meses, aunque este factor no afecta tanto a la confección del libro del profesor Bermejo como a su recepción: me refiero al infundio, que ha alcanzado carta de naturaleza entre nosotros, de que lo importante ya no es «Bolonia» (si me permiten los lectores una vez más nombrar con este solo vocablo una coyuntura tan vasta y compleja) sino su «aplicación», pues se advierte que su aplicación en tiempos de crisis podría desnaturalizar esta gran oportunidad, argumento cuya perversidad interna –merced a la cual aquellos que fueron sus promotores se declaran orgullosamente irresponsables de sus consecuencias– recuerda inmediatamente al que aún se utiliza cuando se trata de analizar los resultados de la LOGSE (de tan grato recuerdo), cuyos autores dicen exactamente lo mismo, aunque el decirlo una y otra vez no haya conseguido deshacer ninguno de los entuertos que la ley erigió en conflictos cotidianos en las aulas y que siguen hoy aumentando el malestar que se acumula en ellas. El libro de Bermejo tiene, por último, una pretensión añadida: no solamente intenta explicar en qué consisten las actuales reformas universitarias, sino por qué, sorprendentemente, aquellos que objetivamente son sus principales perjudicados, los profesores, son tan indiferentes como la propia sociedad al deterioro de sus condiciones de trabajo, cuando no enarbolan con entusiasmo la bandera de los cambios que han de llevarles al desastre.
Probablemente se recordará aún cómo, entre nosotros, la primera reacción oficial –tardía y torpe– al movimiento anti-Bolonia sostenido por importantes grupos de estudiantes en todo el país consistió en presentarlo periodísticamente como un problema de «falta de información», organizando a continuación una campaña propagandística que incluía visitas de altos cargos ministeriales a las principales universidades, cuyos resultados se preveían tan eficaces como los de las campañas otrora llevadas a cabo por la Iglesia para convencer al público en general de la necesidad de abrazar la fe católica. Bolonia es –se argüía– algo tan conveniente como la implantación del euro en el espacio económico europeo, es un sistema académico de medidas comunes que permitirá la movilidad de los estudiantes y la homologación de los títulos. Dejando aparte el absoluto fracaso de semejante campaña –hoy existe mucha más confusión pública acerca del proceso de Bolonia que la que había antes de ella, y sus supuestas «ventajas» se han hecho menos evidentes, la homologación de títulos encuentra gravísimas dificultades debido a la cantonalización del espacio europeo, y las propias titulaciones distan de mantener un sistema homogéneo, dejando aparte todas las que han señalado su voluntad de ser exceptuadas de este proceso–, su fundamento era completamente falso. No fue la falta de información sino, al contrario, su exceso (las cantidades ingentes de documentación publicitaria sobre las innumerables bondades que comportaría el convertir la universidad en un centro de formación profesional al servicio de las empresas, sobre todo de las empresas más avanzadas del sector tecnológico), lo que sensibilizó a los no demasiados que leyeron aquellos impresentables panfletos, lo que despertó los primeros conatos de oposición a todo lo que contenían de proyecto de mercantilización del conocimiento, de rebaja de contenidos de los primeros ciclos, de marginación de las humanidades o de pedagogización estupidizante de la enseñanza. Lo que sucedió después no fue que se diese más o mejor información, sino que vino a sostenerse que todo lo dicho hasta ese momento era pura verborrea, y que se trataba de un simple plan de acomodación de la universidad a las nuevas circunstancias económicas mundiales –era la época en que la retórica del «I+D+i», que se había presentado como generadora de un «nuevo modelo de crecimiento económico» que nos salvaría de la obscena especulación inmobiliaria y del pesado ladrillazo urbanístico, ya empezaba a ceder frente a los embates de la crisis–, una cuestión técnica que había que dejar en manos de los expertos y que no tenía ningún contenido político.
Sin embargo, y siempre según sus defensores, la nueva unidad de cuenta académica tiene la prodigiosa capacidad de decirle a cada estudiante (al medir su tiempo según el European Credit Transfer and Accumulation System, o ECTS, que los alumnos han traducido sabiamente como «Estudiante, Cúrratelo Tú Solito») lo que en dinero cuesta realmente su educación, y a cada profesor (al someter su trabajo a las nuevas Agencias de Evaluación de la Calidad creadas a tal efecto) lo que vale de verdad en el mercado su docencia o su investigación. Entonces –explican los expertos– aquellos a quienes las cuentas son desfavorables (porque cuestan mucho y valen poco), es decir, los perezosos, los señoritos, los absentistas y los parásitos, que se huelen que van a tener que pagar y trabajar más o que aprender y ganar menos, claman contra la «mercantilización» del conocimiento porque sus mercancías se cotizan a la baja. Y lo más patético para estos expertos es escuchar a los profesores de humanidades que piden que se haga con ellos una excepción, aduciendo que, aunque no producen valor económico, son «socialmente rentables» porque hacen buenos ciudadanos: una sandez –piensan los tecnócratas– que, además de falsa (hay muchos torturadores políticos, maltratadores de mujeres o abusadores de niños que conocen de memoria a Beethoven y a Poussin), es ofensiva (¿es que los ingenieros de caminos o los empleados de banca son todos ellos defraudadores fiscales o terroristas?). Se nos recuerda, en fin, que el avance de la democracia ha hecho de la universidad un bien de consumo extendido a toda la ciudadanía y, por tanto, ahora no puede subsistir a menos que sea rentable como negocio. No por ello va a privatizarse, pero sí va a reformarse tomando como modelo instituciones privadas, como las escuelas de administración de empresas y las universidades corporativas, que han conseguido poner en el mercado un producto educativo capaz de atraer a los clientes con más recursos porque suministran los conocimientos demandados por las empresas que mejor retribuyen a sus empleados; estas instituciones han copado los primeros puestos en el ranking de la creación de riqueza basada en el conocimiento (en el cual las universidades españolas ocupan puestos vergonzosos), y las universidades públicas tienen que imitar sus métodos para competir con ellas por el prestigio internacional. «¿Qué será entonces del Arameo, de la Física Fundamental, del Derecho Romano o de la Metafísica?», exclaman dolientes y corporativos quienes se dedican a estas ramas. Pues ellos verán lo que hacen –contestan los técnicos–: o consiguen rentabilizar socioeconómicamente sus actividades, o desaparecerán. Lo peor de este discurso tecnocrático es que olvida que todo el vacío elogio del conocimiento en el que se basa, su glorificación de la ciencia, o incluso del papel social de las humanidades, se apoya en un modelo de universidad que, precisamente en cuanto templo del saber, debe su valor como entorno de investigación y docencia al hecho de haberse instalado desde la época ilustrada en una suficiente independencia con respecto a las reglas del mercado y de la rentabilidad socioeconómica o política inmediata, es decir, el modelo mismo que se trata de desprestigiar y destruir. Pero si se elimina esa autonomía, se elimina también la fuente de la que emana el «poder» del conocimiento del que tanto nos maravillamos.
Como decía con toda claridad Rafael Argullol en El País del 7 de noviembre de 2009 («Disparad contra la Ilustración») a propósito de una «fuga de cerebros» que está teniendo lugar en las universidades españolas de forma bastante sutil –las autoridades ministeriales fomentan la jubilación anticipada de quienes podrían suponer un obstáculo para la flexibilización del conocimiento–, el discurso de la eficacia que parece haberse apropiado de las administraciones universitarias es perfectamente compatible (y a veces concomitante) con el desprecio por la ciencia y la cultura en una «academia de tramposos» en la que los profesores más honestos trabajan a fondo perdido y sin ayuda institucional, y «los oportunistas, en cambio, lo tienen más fácil: saben que su futura estabilidad depende de una buena lectura de los boletines oficiales, de una buena selección de revistas de impacto donde escribir artículos que casi nadie leerá y de un buen criterio para asumir los cargos adecuados en los momentos adecuados. Todo eso puntúa, aun a costa de alejar de la creación intelectual y de la búsqueda científica». Esta «Academia de tramposos» es la que describe minuciosamente José Carlos Bermejo cuando explica el modo en que el franquismo consiguió prolongarse en la universidad a pesar de que la LRU se había propuesto liquidarlo, y cuando muestra la actual hipertrofia de procedimientos arteros por los cuales los delirantes métodos de evaluación de la calidad de la enseñanza y la investigación están completamente corrompidos de principio y por su propia vanidad, y, por tanto, son fácilmente adaptables a las luchas de poder y las estrategias de promoción personal más mezquinas, dando lugar a «la paradoja de la publicación» en que ha desembocado esta infernal burocracia de la inopia intelectual («si es necesario publicar en revistas de prestigio, eso puede lograrse bien accediendo a esas revistas, bien pasando a considerar como revistas de prestigio aquellas revistas en las que ellos ya publicaban, lo que se puede conseguir fácilmente convirtiéndose en evaluador en las comisiones que establecen la catalogación de las revistas científicas»). Pues, dejando aparte la perversión que en sí misma constituye la reducción de la investigación en humanidades a los procedimientos de evaluación de la eficacia sólo aptos para medir rendimientos técnicos inaplicables en este ámbito, la organización del consumo de fondos públicos por parte de los profesionales de esta nueva burocracia ha llegado a establecer una absurda equivalencia que «confunde sistemáticamente el número de publicaciones de un grupo de investigación con la rentabilidad industrial de ese grupo, así como esa supuesta rentabilidad empresarial con el desarrollo económico global y el interés social» (La fábrica de la ignorancia, p. 90). 
Al establecer las condiciones generales y la genealogía del dilema en que se encuentran hoy todas las instituciones educativas heredadas de la Ilustración, Jean-Claude Michéa nos eleva un poco por encima de nuestros asfixiantes problemas, específicos del momento concreto que atraviesan las universidades de los países desarrollados, y nos coloca en un contexto más amplio que, si no dibuja una vía de solución, al menos nos deja ver con claridad la esencia de la contradicción, de la «pinza» en que se encuentran presos hoy los funcionarios de la enseñanza y la investigación pública: en la medida en que estas instituciones son la pieza clave del espíritu ilustrado y del republicanismo histórico, constituyen los principales residuos que nuestras sociedades conservan de ese elemento vertebrador de la democracia, y en ellas residen aún las posibilidades reales de transmitir conocimiento y la práctica de las virtudes que los clásicos consideraban propias de la «sociedad decente», aunque convivan con «costumbres y estructuras totalmente absurdas»; pero por otra parte, «bajo el influjo de la vertiginosa oleada de las reformas liberales-libertarias, la escuela tiende mecánicamente a convertirse en el conjunto integrado de los diferentes obstáculos materiales y morales a los que debe enfrentarse un profesor si tiene la desgracia, por alguna extraña perversión, de empeñarse en seguir transmitiendo algo de espíritu ilustrado o de civismo» (p. 56). En nuestro país, lo más curioso y escandaloso es que los estudiantes han sido los principales valedores de este espíritu. Nada que ver con Mayo del 68 o, al menos, con lo que habitualmente entendemos bajo semejante rótulo. Nadie podía prever que, tras haber elegido nada menos que su brillante futuro profesional como coartada retórica para desmontar la universidad y convertirla en feria empresarial, y después de haberles machacado durante décadas con discotecas, botellones, Gran Hermano, Operación Triunfo y chikilikuatres, serían precisamente ellos los primeros –y, en realidad, los únicos– que tendrían agallas para defender el pabellón de la ciencia, la independencia de la universidad o las Humanidades. ¿Quién habría imaginado que sus voces serían las únicas que protestarían heroicamente ante el hecho de que –como decía Pierre Bourdieu– esté privándose a los creadores de cultura científica e intelectual de los medios con los cuales llevar a cabo esa creación, evaluarla y someterla a crítica? A ver si va a ser verdad eso de que algo estamos haciendo mal en la educación de nuestros jóvenes.

01/02/2010

 
COMENTARIOS

José Mª Redondo 19/08/13 19:42
Estoy absolutamente de acuerdo con lo expuesto por el profesor Pardo, pero no entiendo el sentido dado a "Esta «Academia de tramposos» es la que describe minuciosamente José Carlos Bermejo cuando explica el modo en que el franquismo consiguió prolongarse en la universidad a pesar de que la LRU se había propuesto liquidarlo".
También quisiera saber que materias quedan sustraídas de la formación humanística. Me ha comentado un profesor de Filología de la Complutense que Historia, Geografía desaparecen y la Literatura cercenada y reescritos los Clásicos.
Gracias anticipadas

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