ARTÍCULO

Los nervios del Imperio

 

La hacienda de la monarquía hispana durante los siglos XVI y XVII es, sin duda, uno de los temas historiográficos que ha atraído a un mayor número de estudiosos. Pocos de ellos, sin embargo, han sido capaces de ofrecernos trabajos originales, vivos, amplios de miras y planteamientos. Lo consiguieron historiadores como Ramón Carande, Antonio Domínguez Ortiz y Felipe Ruiz Martín, que en sus estudios huían del simple determinismo fiscal y económico para ayudarnos a entender (y casi a vivir) la sociedad castellana de los siglos XVI y XVII . La fuerza y la originalidad de estas obras no fue imitada, por desgracia, por los estudios que les siguieron. En la mayoría de éstos, lo que el lector encuentra son frías cifras, esquemáticas tipologías hacendísticas, presupuestos, estadísticas, con un completo olvido de los contextos políticos y sociales en los que tenían lugar esos desarrollos fiscales y económicos.

Con esto no queremos sugerir que los números sean innecesarios o inútiles. Queremos llamar la atención no sólo sobre la dificultad de recomponer parámetros estadísticos en sociedades cuyos registros y métodos de contabilidad no eran exactamente precisos, sino también sobre la necesidad de abandonar para siempre la creencia de que los comportamientos económicos y fiscales son autónomos de la cultura política dominante en una sociedad. Éste es el objetivo que intentan cubrir quienes cultivan lo que se ha llamado «nueva historia fiscal», en la que –en palabras del historiador James D. Tracy– «fiscalidad y deuda pública se analizan como puntos de intersección de la vida económica, las constituciones políticas, las estructuras sociales y las demandas provocadas por la guerra y los cambios tecnológicos». La idea central de estos historiadores es que, en cualquier época y país, la historia fiscal debe entenderse como el producto de sociedades vivas, complejas y cambiantes. En otras palabras, estos autores niegan la autonomía de lo económico y fiscal (ya sea propuesta por neoliberales o neomarxistas), para incidir en la necesidad de comprender que –especialmente en la época moderna– política y cultura, constituciones y mentalidades fueron determinantes en las decisiones económicas y fiscales, y que es imposible comprender las unas sin evaluar las otras. Si tuviésemos que destacar una entre las muchas virtudes de la obra de Juan E. Gelabert, historiador especialista en la historia urbana y fiscal castellana de los siglos XVI y XVII , sería precisamente su capacidad para recuperar las esencias vitales de la sociedad castellana del seiscientos, y de hacerlo integrando números y estructuras institucionales; pero también discursos, culturas, decisiones y actos políticos.

Uno de los presupuestos en que todos los historiadores parecen coincidir es que la historia fiscal del siglo XVII no puede comprenderse sin analizar lo sucedido durante el largo y conflictivo reinado de Felipe II. En él, especialmente en sus últimos quince años, todas las fuerzas y recursos de la monarquía fueron utilizados para alimentar la maquinaria de guerra creada para neutralizar política y militarmente a Francia e Inglaterra y, sobre todo, para recuperar el control político sobre la totalidad de los Países Bajos. La urgencia de esta misión, y la necesidad de comprometer todo en ella, se puede percibir en las palabras que Cristóbal de Moura, uno de los ministros favoritos de Felipe II, dirigió al marqués de Poza, presidente del Consejo de Hacienda, en 1596. En una serie de consultas, Poza había cuestionado la política global de Felipe II y sus consecuencias fiscales, y por ello sugerido que la monarquía necesitaba un período de recogimiento, de retirada de la escena internacional, de cerrar conflictos, para dar un respiro a los reinos y poner en marcha un programa de limpieza y reforma de las estructuras fiscales. La respuesta de Moura, en nombre del rey, a las propuestas de Poza resumiría toda la política de un reinado, y sus tremendas consecuencias futuras: «Muchos días ha que todos sabemos que conviene aplicar estas medicinas para que sane este cuerpo, mas en el estado que al presente tiene esta enfermedad no se puede admitir consejos por buenos que sean. Vuesa señoría nos dé el dinero que se le pide, y guarde lo demás para su tiempo».

Como nos han recordado algunos de los historiadores del período, el reinado de Felipe II fue un tiempo de expansión y no de moderación, pero la época de las vacas flacas, de resolver los desaguisados fiscales provocados por el llamado «rey prudente» no tardaría en llegar. En septiembre de 1598, dos años después de la misiva de Moura a Poza, la llegada del nuevo monarca Felipe III abriría las puertas a una constante riada de recomendaciones, memoriales y arbitrios que proponían las medidas que el nuevo rey debía adoptar para restaurar la fiscalidad real y con ella la misma monarquía. Estos mensajes contenían, sin embargo, una fuerte dosis de pesimismo. Se hablaba de restauración de España, de crear condiciones que permitiesen a la monarquía recuperar las bases que la habían convertido en la mayor monarquía de la historia de la humanidad, pero tras estos exaltados sueños se aprecia un sentimiento de crisis, un cierto fatalismo que llevaba a muchos a pensar que el tiempo de esplendor de la monarquía hispana había pasado definitivamente. Pocos autores expresaron tan claramente esta sensación de crisis como Martín González de Cellorigo, quien en 1600, además de asegurar que los españoles estaban viviendo el peor momento de su historia debido a la herencia dejada por Felipe II, refería que al contemplar la situación de la monarquía se tenía la sensación de que alguien había querido «reducir estos Reinos a una República de hombres encantados que vivan fuera del orden natural».

Si la tremenda herencia fiscal que Felipe II dejó a sus herederos es tema dominante de La bolsa del rey, el libro también se ocupa de los intentos de solución diseñados durante los complicados reinados de Felipe III y Felipe IV. Sabíamos de tales intentos bajo Felipe IV gracias a los excelentes estudios de Antonio Domínguez Ortiz y Felipe Ruiz Martín, entre otros. La gran novedad de este libro es la nueva visión que aporta del reinado de Felipe III, que la mayoría de los historiadores consideran un período determinado por la flojedad del monarca y su favorito Lerma, incapaces de ofrecer soluciones políticas y financieras a la situación de la hacienda. Pocos podrán seguir defendiendo tales opiniones después de las páginas que Gelabert dedica a este reinado. Desde 1598 hasta 1648, puede ahora decirse, la monarquía intentó –por todos los medios y recurriendo a cientos de expedientes fiscales y políticos– recomponer la maquinaria fiscal que le podría permitir sustentar su papel como la primera potencia europea, desde el principio de afirmar la independencia y fortaleza del poder regio frente a los derechos y poderes de sus súbditos castellanos.

Gelabert ha sabido descifrar, analizar y contextualizar los muchísimos medios y remedios (acuñación de moneda de vellón; millones; impuestos sobre la sal y la harina; ventas de títulos, oficios, vasallos, jurisdicciones y territorios; préstamos voluntarios; asientos de los banqueros internacionales, etc.) que muchos de los contemporáneos de Felipe III y Felipe IV vieron con una desconfianza no exenta de temor. La mayor o menor eficacia de tales arbitrios y medidas es, sin embargo, una historia más complicada. Ésta puede contarse en clave particular; analizando, por ejemplo, la incapacidad y falta de resolución de los gobernantes del período para imponer una profunda reforma fiscal. Pero también puede contarse en clave más global, teniendo en cuenta variables y acciones fiscales, económicas y políticas –como ha hecho Gelabert– para entender que si estas medidas no fueron más eficaces no se debió a la falta de proyectos de reforma de la hacienda real, ni a la falta de voluntad política para ejecutarlos.

Desde 1598 a 1648 y a pesar de que hubo períodos de relativa calma militar –especialmente entre 1609 y 1618–, la monarquía hispana se vio obligada a gastar enormes sumas a fin de mantener su presencia militar en territorios clave para conservar su poder e influencia. De hecho, la lectura de La bolsa del rey permitiría decir que en esa época las medidas fiscales que la monarquía diseñó y puso en práctica, seguían determinadas por una apremiante sensación de urgencia que hacía creer que los compromisos de la monarquía debían atenderse sin dilación. La solución para ello era no tanto introducir reformas globales en el sistema cuanto exprimir al máximo lo que ya se tenía, sin miramientos, de nuevo, ante las consecuencias políticas y económicas de tal estrategia. Hacer demasiados experimentos, intentar cambiar sustancialmente el sistema fiscal, habría supuesto enormes dilaciones temporales y un aumento de las tensiones políticas. El resultado de ello habría sido una reducción sustancial –al menos temporal– de los ingresos percibidos por la corona, en momentos en que una reducción del presupuesto hubiera sido pura y simplemente suicida. Tal dilema, la necesidad de allegar la mayor cantidad de dinero a la mayor velocidad para evitar el hundimiento de la monarquía, y al mismo tiempo evitar daños irreparables a la estructura fiscal y económica de los reinos, apareció como el problema más importante que debían resolver quienes servían a la monarquía o colaboraban con ella en la definición de programas y prioridades fiscales. Todos ellos se vieron, sin embargo, dominados por un principio político central, que Alonso Ramírez de Prado, consejero de Hacienda y colaborador del privado duque de Lerma durante el reinado de Felipe III, resumiría con las siguientes palabras: «Sin hacienda ni habrá paz ni justicia y la religión correrá mucho peligro, y así en esto es menester poner todas las fuerzas e ingenio humano».

El que las medidas fiscales propuestas no tuviesen la eficacia deseada por los monarcas y sus más cercanos colaboradores, se debió también a la resistencia que instituciones, ciudades y lugares presentaron a la imposición de medidas radicales de reestructuración fiscal. Estamos acostumbrados a leer la historia de España en ese período como la historia de una monarquía que había sido capaz no ya de integrar, sino de anular a todos y cada uno de los demás poderes dentro del cuerpo político; Gelabert nos cuenta una historia donde destaca el activismo de la monarquía, pero también el dinamismo de las instituciones centrales y de los poderes provinciales y locales.

Sabíamos por los trabajos de Charles Jago, I. A. A. Thompson, Pablo Fernández Albaladejo y José Ignacio Fortea, que las Cortes castellanas de la primera mitad del siglo XVII habían sido mucho más activas, fiscal y políticamente, de lo que habían asegurado historiadores anteriores. Menos, aunque algo, se sabía de las actitudes, acciones, planes y contraplanes de las ciudades representadas en las Cortes, y otras muchas pequeñas localidades, que fueron capaces no sólo de ofrecer alternativas a los planes fiscales de la monarquía, sino también de obstaculizar y, a veces, hacer que la monarquía abandonase algunos de sus designios. Baste aquí con recordar los conflictos provocados en la década de 1630 por el llamado «impuesto de la sal» –una de las joyas del programa fiscal ideado por las autoridades bajo el liderazgo de Olivares– que amenazaron la estabilidad política en muchas zonas del reino castellano. Los capítulos que Gelabert dedica a estos problemas no son, sin embargo, una simple reproducción de datos ya conocidos, sino una relectura inteligente de unos debates y unas dinámicas que habrían de condicionar el futuro, y no sólo fiscal, de la propia monarquía.

Y aquel futuro, es decir, las consecuencias para Castilla y la monarquía de las experiencias fiscales, y por lo tanto políticas, de la primera mitad del siglo XVII es el tema central del último capítulo de La bolsa del rey. Gelabert estudia cómo la llamada «presión fiscal» afectó a las estructuras poblacionales, sociales y locales. Es importante recordar que el sistema fiscal castellano estaba basado en el consumo, y por ello su fuente principal eran los impuestos indirectos; que gravaba esencialmente a los habitantes de ciudades realengas, y estaba basado en una clara desigualdad fiscal. Fueron los llamados «pecheros» los que, incapaces de escapar a la presión fiscal como lo hacían nobles y eclesiásticos (sobre cuyas actitudes el autor tiene páginas excelentes), tuvieron que llevar el peso de una carga fiscal que siguió creciendo a pesar de las crisis económicas y el declive.

Las consecuencias de un sistema de estas características fueron en muchos casos desastrosas. Gelabert nos relata la creciente despoblación de las ciudades (especialmente en Castilla la Vieja y Extremadura); la creciente emigración de zonas realengas a tierras controladas por la nobleza; o la no menos importante «descapitalización de la industria» con la aparición de una enorme masa de rentistas que obtenían sus beneficios de la compra de juros y censos. No menos trascendente fue el creciente endeudamiento de todas las instituciones públicas –desde la monarquía a los concejos locales–, la transformación de las relaciones de poder en las localidades, o la creación de una dinámica de aislamiento entre muchas localidades para escapar a los intentos de la corona, y las élites ciudadanas, de imponer sobre ellas el grueso de la carga fiscal. Una frase resume estas tendencias, y lo dramático de la historia que nos cuenta el autor: «El corazón de la península se hundió. Salvo la "mancha" de la capital precisamente en su centro, el paisaje urbano circundante quedó hecho añicos» (pág. 345). Como nos recuerda Gelabert, éstos no serían fenómenos pasajeros, sino que acabarían convirtiéndose en rasgos estructurales, que condicionaron el desarrollo económico de la península en los siglos siguientes.

Las últimas páginas del libro las dedica Gelabert a tratar temas de más altos vuelos políticos: a dilucidar por qué Castilla no se vio envuelta en los grandes conflictos políticos que afectaron a otros reinos y a otras monarquías en la década de 1640 –la restauración portuguesa, las revueltas de catalanes y napolitanos, la guerra civil inglesa, o la Fronda en Francia–. Para explicar esta supuesta «anomalía» castellana, otros historiadores han hecho «encaje de bolillos» (como lo llama el autor); Gelabert, en cambio, llama la atención sobre dos explicaciones posibles. La primera de ellas sorprenderá a quienes ven en la monarquía hispana del seiscientos un régimen autoritario y monolítico. Cree el autor, y sus argumentos son en general convincentes, que las presiones políticas que en otros reinos condujeron a rebeliones y revueltas no estaban tan desarrolladas en Castilla; en Castilla destacaba, según sus palabras «el respeto [...] mostrado en toda ocasión por los príncipes hacia unas formas políticas tradicionales que exigían el consentimiento de los súbditos para meter mano a sus bolsas» (pág. 368). Lo que no habría sucedido en otros reinos.

La segunda razón, más coyuntural, para explicar la ausencia de una revuelta importante en Castilla en la década de 1640 sería la caída de Olivares en 1643. Fue este un hecho que por sí solo provocó una importante relajación de la tensión política, en la medida en que la caída del otrora poderoso favorito permitió la restauración de formas de gobierno más «tradicionales» sin necesidad de recurrir a la violencia. Las últimas páginas del libro están dedicadas precisamente a la presión política creciente como reacción a Olivares y sus métodos de gobierno, a las conspiraciones políticas contra el valido que se suceden desde finales de la década de 1630, a la conciencia entre muchos contemporáneos de que sólo la defenestración del conde-duque podría permitir la reconducción de los procesos políticos por caminos distintos de los que habían seguido portugueses, catalanes e ingleses.

Sin negar que estos son análisis inteligentes de una situación muy compleja, al que suscribe le queda la duda de si las razones aducidas por Gelabert son suficientes para explicar el que Castilla –en palabras del autor– no se subiera «al carro de las "revoluciones contemporáneas"» (pág. 367). Parece más probable que esta falta de coraje revolucionario –o como se le quiera llamar– se debiera sobre todo a esa misma dinámica fiscal que Gelabert estudia a lo largo de su libro; una dinámica fiscal que habría provocado, entre otras cosas, la localización de la resistencia y, en definitiva, la desestructuración del cuerpo político castellano. El análisis de los conflictos políticos en la Castilla de las décadas centrales del siglo XVII que Gelabert hace en La bolsa del rey presenta, sin embargo, todos los visos de ser una historia inacabada. Estas páginas se parecen más a una delineación de un programa de investigación, de una serie de importantes hipótesis, de anuncio del que sin duda será tema central de sus próximos trabajos. Son, en cualquier caso, un brillante broche final para uno de los mejores y más serios trabajos historiográficos de las últimas décadas; un libro destinado –como los de sus más preclaros antecesores– a convertirse en clásico y, esperemos, en inspirador de nuevas generaciones de historiadores.

01/11/1998

 
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