Entre la Guerra de los Comuneros (1520) y la revuelta de Squilace (1766), no se desataron en Castilla movimientos populares generalizados que amenazaran la estabilidad del régimen absolutista en su conjunto. Esta constatación empírica ha servido de coartada para que varias generaciones de historiadores de muy distintas orientaciones propongan una imagen demasiado estática y estable de las relaciones sociales en esta región durante la Edad Moderna, contribuyendo a que su estudio quede atrapado en las estrechas paredes de la historia «desde arriba». El libro de Pedro Lorenzo abre las puertas a una perspectiva invertida del largo período de los Austrias y es, por consiguiente, una bocanada de aire fresco en la presentación y ordenación de datos empíricos relevantes sobre el período. Otra cuestión es si consigue realmente renovar el análisis teórico de los conflictos sociales preindustriales como parece ser también su pretensión. El largo Siglo de Oro que ha forjado la historiografía española e hispanista reduce la actividad popular colectiva a lo anecdótico. Dominada por el clientelismo y la integración corporativa, ideológicamente uniformada por el peso de la ortodoxia religiosa apoyada en la Inquisición, la sociedad castellana de los siglos XVI y XVII aparece motivada por el casticismo excluyente y el cierre estamental, reproduciendo la posición dominante de la nobleza rentista sin apenas cuestionarla. Esta imagen tiene entre sus puntos de apoyo teóricos fundamentales el consenso sobre el carácter oligárquico y socialmente restrictivo de los procesos de decisión política en la monarquía absolutista, así como la asunción de que toda la evolución económico-social se hallaba marcada por una lógica de «reacción señorial» constantemente avivada por las crisis fiscales de la aristocracia y la monarquía.
Sin cuestionar esta interpretación global del período, e incluso apuntalándola en sus principios básicos, Lorenzo pone al descubierto la urdimbre de conflictividad social y específicamente popular subyacente al imperio de la justicia de los Habsburgo en su centro territorial peninsular, actividad de protesta que a menudo desembocaba en acción colectiva y en alteraciones de las pautas de gobierno y las políticas fiscales en ciudades y villas, tanto en zonas de realengo como en el señorío. Más aún, la investigación desvela que, a pesar de ser conducido con rapidez hacia la vía del pleito judicial, la autoorganización popular contaba con abundantes recursos para reproducirse en las localidades, dotarse de líderes adecuados y apelar a una rica cultura de la dignidad corporativa capaz de proporcionar principios de activismo altamente codificados que se repiten en los abundantes ejemplos de conflictos urbanos y aldeanos por el norte y el sur de la región.
Pero se pretende algo más. A pesar de carecer de una presentación de intenciones expresa, el libro deja claro su deseo de hacer frente a lo que se considera «explicación tradicional» del conflicto en sociedades preindustriales elaborada con variaciones por autores como Mousnier, Hobsbawm, Rudé o Edward Thompson. Lorenzo arremete contra el reduccionismo economicista generalizado en dicha explicación afirmando la dimensión principalmente política que presentan toda crisis social y su desenlace; se distancia también del irracionalismo milenarista que se predica de las motivaciones de los insurgentes en el mundo precapitalista, encontrando que en las intenciones de éstos predominaban las evaluaciones estratégicas y ad hoc sobre los principios ideológico-emocionales durables; y, por encima de todo, cuestiona que el desarrollo de las movilizaciones estuviera dominado por la violencia indiscriminada y por la actividad tumultuosa y espontánea, frente a lo cual aporta una ilustrativa tipificación de los factores que gobernaban la autoorganización popular y la puesta en práctica de estrategias surgidas del cálculo de posibilidades y precedidas de mínimas expectativas de éxito. Estas tres cuestiones recorren las páginas del libro un tanto desordenadamente, se repiten demasiadas veces sin por ello dar más solidez a una pretensión crítica que produce, ella misma, cierta insatisfacción. Muchos de los autores con los que discute Lorenzo elaboraron sus hipótesis hace ahora alrededor de un cuarto de siglo, y esto hace que el empeño presente menos actualidad de lo esperable. De hecho, los enfoques que contribuyeron a fraguar la «interpretación tradicional» han sido cuestionados con el paso de los años por sociólogos, politólogos e historiadores, pero esto no se refleja suficientemente en la bibliografía. Se echa de menos el empleo en la construcción de las hipótesis de textos a veces básicos de teorías del conflicto vertidos ya al castellano, especialmente en enfoques de acción colectiva que el propio autor adopta, como la organización vista desde una perspectiva de «movilización de recursos» (McCarthy, Zald, Tilly, Craig Jenkins) o la tipificación de los líderes como «empresarios políticos» situados entre el altruismo y el egoísmo, tal y como se estila en la teoría de la «elección racional» (Taylor, Popkin). Las ausencias no pueden justificarse por un supuesto interés no confesado del autor por circunscribirse al diálogo con historiadores sociales, pues se incorporan importantes ideas de los trabajos del sociólogo holandés Rod Aya.
Una principal debilidad que se ha identificado en las distintas explicaciones espasmódicas del conflicto social, como también en la «economía moral» de E. P. Thompson, es su dependencia de una perspectiva normativista y colectivista de los intereses: las decisiones individuales se consideran indistinguibles de los comportamientos colectivos, que a su vez son dictados por normas morales, las cuales, se asume, son compartidas por socialización o «experiencia». El declive de este tipo de explicaciones ha permitido una fulgurante expansión de los análisis inspirados en la obra de Mancur Olson, quien precisamente llamó la atención sobre los problemas que comporta la agregación de los intereses individuales racionales. La posición de Lorenzo es ambigua en esta principal cuestión de fondo, en gran parte debido a que, por un lado, su interpretación es plenamente racionalista pero no está apoyada en la literatura de la «elección racional», y, por otro, sigue apegado a presupuestos normativistas, identificados con la tradición y con formas de solidaridad que, se nos dice, reproducen un supuesto radicalismo ideológico popular irreductible. Como consecuencia, el actor social popular –caracterizado como «pragmático» en la obra– resulta de manera implícita, o bien un cínico que actúa de modo diferente a como piensa, o bien un manipulador que sabe siempre cómo debe actuar ya que posee una información perfecta sobre las opciones disponibles dados los recursos que posee.
Como sucede a menudo entre los historiadores que abordan el conflicto histórico, la obra dedica mucho más espacio a describir la dinámica del levantamiento que a analizar los fundamentos del orden social en el que éste tiene lugar. En este caso, en lugar de una larga y manida síntesis sobre la sociedad castellana bajo el absolutismo, se nos ofrece un recorrido por los dos principales procesos sociopolíticos contra los que, se afirma, se organizaban los vecinos de las villas: la oligarquización de los concejos y la reacción señorial en el campo. El primero se disecciona al detalle, distinguiendo entre etapas e incorporando aclaraciones conceptuales sugerentes, pero sin llegar a comprobar empíricamente algunas aseveraciones. El segundo está en cambio demasiado sesgado hacia la dimensión política a pesar de que la historiografía viene reconociendo que la ofensiva de los señores por las crisis de rentas afectó sin duda más en profundidad a las relaciones sociales urbanas y rurales. En conjunto, la explicación que se ofrece a partir de estas dos variables presenta los conflictos populares en clave defensiva, como una reacción a dinámicas de fondo imparables, lo cual es un tanto paradójico ya que confirma la visión dominante en la historia social sobre el Siglo de Oro.
La principal aportación de esta investigación es el análisis del universo de la autoorganización popular en el barroco castellano. En este terreno, los datos empíricos ordenados se ponen al servicio de una rigurosa elaboración teórica para producir una serie de acabadas tipologías del liderazgo, de las estrategias políticas de los artesanos y campesinos en diferentes contextos, y de los comportamientos codificados y ritualizados repetidos por los vecinos de las villas en las distintas fases de la protesta. Aunque la Castilla de la crisis del siglo XVII no había sido estudiada desde el prisma espontaneísta y tumultuoso tradicional, el autor se adelanta críticamente a tal posibilidad y descubre con numerosos ejemplos la otra cara de una cultura popular comunitarista de la que se nutría un tipo de protesta organizada, difusa y recurrente que en adelante tendrá que ser tenida en cuenta por la historia social y cultural.
En lugar del universo cortesano a la dicotomía señorío versus realengo, el foco central de análisis de esta obra es acertadamente el de las relaciones entre el poder central y la sociedad política de las localidades, esas células parcialmente autogobernadas que eran los concejos, si bien se echan en falta algunos conflictos característicos del período como la segregación de aldeas de las jurisdicciones urbanas (H. Nader). Queda confirmada la extensión de la conflictividad concejo a concejo y se afirma de manera concluyente que, aun de forma atomizada, existió allí un sólido poso de reivindicación en favor de canales de representación política discordantes con los que imponía el diseño institucional absolutista. Sin embargo, para explicar las causas y las motivaciones del descontento social bajo los Austrias y para, en definitiva, comprender las condiciones bajo las que éste estallaba en forma de pequeñas, pero innumerables, «crisis constitucionales» de ámbito local, es necesario un ulterior esfuerzo intelectual colectivo por parte de historiadores y científicos sociales, sin duda sirviéndose de algunas afirmaciones y otras muchas intuiciones de este arriesgado trabajo.
