ARTÍCULO

Otro Estado del bienestar. El nuevo modelo sueco

Gota a Gota, Madrid
152 pp. 20 €
 

El debate sobre el Estado del bienestar, su sostenibilidad y su futuro suscita, por desgracia, más pasiones que razonamientos. Para quienes creen posible la permanente reivindicación de nuevas conquistas sociales y defienden un modelo de gestión pública, el cuestionamiento de este modelo, o la reflexión sobre sus costes y consecuencias, constituyen una expresión de insensibilidad social que excluye la posibilidad de diálogo.
Posturas tan extremas no son hoy ya, afortunadamente, generales, pero aún existen. Y sobre todo, perviven todavía dos ideas muy arraigadas, y que ofrecen tenaz resistencia al debate: la primera es la convicción de que los bienes y servicios propios del Estado del bienestar (sanidad, educación, servicios sociales...) deben ser provistos directamente por el sector público, como única forma de asegurar su carácter universal e igualitario (cualquier participación privada se mira con desconfianza, por su riesgo de «mercantilizar» o, incluso, de «parasitar» el campo de lo social). La segunda tiene que ver con una falta de preocupación respecto de los costes, y de sus consecuencias para el crecimiento económico y el empleo. No es que se consideren inexistentes o irrelevantes (aunque haya quien piense que casi cualquier tamaño del Estado del bienestar es viable), pero sí se tiende a minimizar la importancia de esta cuestión.
Entendámonos. Un Estado que asegure a sus ciudadanos la igualdad de oportunidades (a través, fundamentalmente, de una educación universal y gratuita) y la protección frente a la adversidad (a través de un sistema sanitario universal y gratuito, y una cobertura de las contingencias de jubilación, invalidez, viudedad y orfandad, entre otras) es algo universalmente aceptado, que goza de un respaldo social pleno, y que aun en los países más reticentes a la intervención de los poderes públicos en la vida económica se acepta sin reservas. Son, en definitiva, ideas que han dejado de ser ya patrimonio de la izquierda. Pero que el Estado del bienestar sea hoy indiscutible e indiscutido no significa que lo sea también su tamaño. Muy al contrario, sus límites son actualmente tema de vivo debate en Europa.
El primer problema que plantea el Estado del bienestar es su propensión estructural al crecimiento. Por una parte, las demandas sociales son, por definición, infinitas. Por amplias y generosas que sean las prestaciones sanitarias, educativas o asistenciales, siempre será posible exigir más. Siempre podrán plantearse nuevas conquistas sociales, nuevos «pilares» del Estado del bienestar, sobre todo si existe el criterio de que toda necesidad genera necesariamente un derecho. Y, por otra parte, los costes de las prestaciones son crecientes. En materia sanitaria, por ejemplo, los avances médicos y los nuevos tratamientos permiten salvar más vidas y mejorar la salud de los ciudadanos, pero a costes cada vez más altos. Por último, el factor demográfico genera también mayores costes: más jubilados, y con mayor esperanza de vida, suponen pensiones de jubilación más prolongadas, mayores gastos médicos y mayores gastos asistenciales.
A todo esto debe sumarse un electoralismo no siempre responsable. Una forma primaria de buscar votos consiste en ofrecer nuevos y mayores «derechos» (más prestaciones, más ayudas, más cheques asistenciales...), porque «nuestro nivel de desarrollo lo permite». Si tal cosa fuera siempre cierta, poco habría que discutir. Pero el hecho es que en buena parte de Europa (y, muy en concreto, en Alemania y Francia) se ha llegado, tiempo ha, a la conclusión de que su actual volumen de gasto social está estrangulando el crecimiento económico. Que su financiación, vía presión fiscal creciente y deuda pública disparada, está frenando el desarrollo y afectando seriamente al empleo. Y que, en consecuencia, un país debe atenerse no al gasto social que le gustaría, sino al que puede permitirse.
Determinar los límites del Estado del bienestar no es tarea fácil. No existen ecuaciones que nos indiquen cuál es el gasto social óptimo compatible con tasas aceptables de crecimiento de la renta y el empleo. En este terreno, como en otros, debemos guiarnos por el sistema de prueba y error. Podemos saber cuándo ese nivel de gasto social tiene efectos negativos sobre la renta y el empleo (caso de Francia y Alemania), o cuándo la bonanza económica deja un margen para aumentos de ese gasto. Pero sobre cuál sea el nivel adecuado, el porcentaje óptimo de gasto social sobre el PIB, no cabe sino aspirar a una intuición razonable.
No puede, por otra parte, abordarse el problema de la cuantía del gasto social sin abordar a la vez la cuestión de sus formas de gestión. Subsiste en buena parte de la izquierda la convicción de que los bienes y servicios públicos deben ser provistos por las Administraciones públicas. La gestión privada se contempla con indisimulada hostilidad por dos razones: primera, por un claro prejuicio ideológico, ya que hay algo intrínsecamente inmoral en la obtención de beneficios en este tipo de actividades; y, segunda, porque se piensa que sólo la gestión pública puede garantizar la igualdad y la ausencia de discriminación entre los beneficiarios.
Pero esta gestión pública de las prestaciones sociales presenta inconvenientes que no deberían obviarse. Ante todo, la limitación de recursos y la peor capacidad gestora del sector público suelen redundar, desgraciadamente, en una pérdida de calidad. O, al menos, en una calidad que no es la que los beneficiarios desearían. Nos encontramos, así, con un sistema sanitario poco satisfactorio (con listas de espera superiores a las razonables), un sistema educativo con resultados decepcionantes (en términos de fracaso escolar y bajo nivel de conocimientos), o un sistema de pensiones con mensualidades insuficientes. Podemos extendernos hasta el infinito en la discusión sobre el nivel de calidad de estas prestaciones, pero sobre lo que cabe, creo, poca discusión es sobre la percepción social de que esa calidad no es la que los beneficiarios reclaman.
Si de lo que se trata es de asegurar la igualdad, aunque sea a costa de una calidad discreta, algunos podrían defender que la ecuación merece la pena. Pero el hecho es que el deterioro en la calidad de estas prestaciones contribuye al crecimiento de las desigualdades. Los más pudientes siempre podrán recurrir, por supuesto, a servicios sanitarios y educativos privados de mayor calidad, y podrán suscribir planes privados de pensiones más generosos. Nada hay de malo en ello si el nivel de lo que reciben quienes dependen de las prestaciones públicas es razonable. Pero cuanto más bajo sea este último, mayor será el número de personas que deban destinar una parte de sus recursos a asegurarse unas prestaciones privadas mejores. Y con ello se abrirá el camino a una desigualdad creciente.
La educación es un ejemplo evidente. Durante muchas décadas la educación en España ha sido un gran factor de igualación social. Insuficiente, posiblemente, y con importantes defectos pero, con todo, el sistema educativo ha constituido una palanca de promoción económica y social para muchos ciudadanos. Ahora bien, en los últimos tiempos diversos indicadores evidencian serias deficiencias (y aun un deterioro) en nuestro sistema educativo. Y ello es preocupante, porque puede acabar por llevarnos a una situación de hecho discriminatoria e injusta, en que quienes disponen de recursos para ello pueden obtener una educación privada de calidad, y quienes no los tienen deben conformarse con una formación deficiente –o en todo caso, peor– que les colocará en inferioridad de condiciones en su vida laboral.
Aún cabe otra reflexión. Un monopolio público de las prestaciones sociales, aunque asegurara la igualdad –cosa discutible, como antes se argumentó–, lo haría a costa de una pérdida de libertad para el beneficiario. La posibilidad de elegir entre diversas opciones, en este campo de las prestaciones sociales, no es algo que deba descartarse por principio, ni tampoco algo imposible de conseguir. Y, sin embargo, el Estado paternalista tiende a rechazar cualquier posibilidad en este sentido: se garantiza a los ciudadanos unas determinadas prestaciones, pero en régimen de monopolio y sin posibilidad de elegir. Nos encontramos con que somos libres para decidir qué automóvil o televisor compraremos, o en qué hotel pasaremos nuestras vacaciones, pero en cambio no lo somos para elegir en qué colegio educaremos a nuestros hijos, o en qué hospital atenderán nuestras enfermedades (salvo que lo paguemos aparte, claro), pese a ser estos últimos supuestos bastante más importantes. La libertad de elección es una parte consustancial de la libertad a secas, y es un privilegio irrenunciable del ciudadano. Y la igualdad de derechos, o la universalidad de la cobertura en materia sanitaria o educativa, no deberían ser incompatibles con la posibilidad de los usuarios de elegir entre diversas opciones. Ahora bien, ¿es posible en la práctica esta libertad de elección? De todo ello trata el libro de Mauricio Rojas Reinventar el Estado del bienestar.
La obra tiene un grave inconveniente: está prologada por José María Aznar. Y eso, en un país tan maniqueo como el nuestro, la descalificará a priori para muchos. Pero si uno es capaz de superar los prejuicios y de prescindir de las etiquetas, se encontrará con una lúcida y revulsiva reflexión sobre el Estado del bienestar y sus posibilidades.
Mauricio Rojas es un economista chileno autor de numerosos ensayos, entre ellos uno espléndido sobre la economía argentinaThe Sorrows of Carmencita, Estocolmo, Timbro, 2002. Esta obra fue objeto de comentario en Revista de Libros, núm. 82 (octubre de 2003), pp. 3-7.. («Ajá, chileno –dirán algunos–, otro cachorro de Pinochet». Pues no: Rojas se afincó en Suecia en 1974 huyendo de la dictadura), y en el libro que comentamos analiza la experiencia de Suecia en materia de derechos sociales.
Durante mucho tiempo, Suecia ha sido un admirado ejemplo de modelo social avanzado, compatible con la economía de mercado, una prueba palpable de que era posible disfrutar de un Estado del bienestar generoso en un marco de economía de mercado con libertad de empresa y progreso económico. Un ejemplo a imitar, como alternativa tanto frente al comunismo que asegura la igualdad a costa de la prosperidad, como frente al capitalismo que asegura la prosperidad a costa de la igualdad.
Lo que nos cuenta Rojas es que ese modelo sueco pertenece ya a la historia. Aunque una parte de la izquierda no parezca haberlo percibido, el actual modelo sueco tiene ya muy poco que ver con aquel que durante tanto tiempo encandiló a los socialdemócratas y que ha venido señalándose como meta a alcanzar.
Este gran Estado benefactor sueco, tan admirado por la izquierda europea, y que se instauró en los años sesenta, entró en los años noventa en una profunda crisis que provocó profundas reformas, hasta desembocar en un modelo que es hoy bien distinto del que aún perdura en la imaginación de muchos.
Hasta los años sesenta Suecia había sido un país que disfrutaba de altas tasas de crecimiento (la segunda mayor de Europa, detrás de Suiza, entre 1870 y 1950), con un nivel impositivo bajo (inferior al de Francia, Alemania o Reino Unido, e incluso al de Estados Unidos), y con un sector público de reducido tamaño (inferior incluso al británico o al estadounidense). En este período se construyó un sistema de seguridad y servicios sociales básicos, y se logró un consenso entre los agentes sociales que dio estabilidad al mercado laboral. Esta vía de reformismo prudente fue la línea predominante de la socialdemocracia sueca durante la primera mitad del siglo xx.
A partir de los años sesenta, sin embargo, se impuso un viraje en la socialdemocracia sueca hacia fórmulas más radicales. La carga tributaria creció entre 1960 y 1990, pasando del 28 al 56% del PIB (de ser inferior en un 2,1% a la de la OCDE pasó a ser superior en un 54,1%). Con este descomunal incremento de los recursos públicos se financió un Estado del bienestar gigantesco (el gasto público pasó de ser el 31% del PIB a ser el 60%), caracterizado por la gestión pública exclusiva de las prestaciones sociales (con ello el empleo público se triplicó durante el período). Paralelamente aumentó el intervencionismo del Estado en la economía, se rompió el delicado equilibrio de consenso de la etapa anterior, con un clima de confrontación creciente, y se abrió la puerta a reivindicaciones salariales permanentes. El resultado fue la rápida expansión de la economía planificada a costa de la economía de mercado. Como botón de muestra, entre 1965 y 1985 el empleo en el sector privado se redujo en 274.000 personas y el empleo en el sector público aumentó en 850.000.
El propósito del modelo era asegurar a todos los ciudadanos una amplia y generosa cobertura social (atención sanitaria, educación, prestaciones por desempleo, pensiones...) financiada públicamente y gestionada también públicamente. Pero para que tal cosa pueda cumplirse se requiere, por una parte, una carga tributaria muy elevada y, por otra, una favorable relación entre cotizantes y beneficiarios. Y esta ecuación tiene límites. Un gasto social creciente que exige, para financiarlo, impuestos y cargas sociales crecientes, en la medida en que desincentiva el trabajo termina por alterar negativamente la mencionada relación entre población activa y pasiva. La elevada tributación, unida a los estímulos al no trabajo (las prestaciones sociales, entre ellas un generoso subsidio de desempleo) desincentivan la oferta de trabajo, mientras que unas excesivas cargas sociales desincentivan la contratación por parte de las empresas.
Esto es lo que terminó por suceder en Suecia a partir de los años setenta. La carga tributaria fue aumentando hasta llegar, a fines de los años ochenta, al 56,2% del PIB. Esta alta tributación afectó incluso a los perceptores de salarios más bajos (los impuestos más cargas sociales para este segmento de población llegaron al 55% del coste laboral). Y, paralelamente, el sistema de acuerdos salariales con escala rígida castigó especialmente a los sectores con menor productividad y, por ende, a los trabajadores menos cualificados.
El resultado fue que el aumento del empleo entre 1960 y 1990 fue de sólo el 25%, frente al 81% de Estados Unidos, y este aumento, además, fue esencialmente empleo público. Y en cuanto al PIB per cápita, que en 1975 era el 90% del de Estados Unidos (y el más alto de la Europa Occidental), en 1995 había bajado al 75% (por debajo del de Alemania, Francia, Bélgica, Austria o Reino Unido).
A principios de los años noventa, Suecia experimentó la crisis económica más grave desde los años treinta. Entre 1990 y 1993 el PIB per cápita cayó en más del 6%. Se perdieron más de medio millón de puestos de trabajo. El paro pasó del 2,6% en 1989 al 13% en 1994. Como consecuencia de la crisis, los ingresos fiscales cayeron en picado. Y, paralelamente, el gasto público se disparó hasta alcanzar, en 1993, el 72,4% del PIB.
Estos datos evidenciaban que el sistema era insostenible. El nuevo gobierno debió acometer por ello un duro programa de ajuste, con reducción del gasto público, limitación o reducción de los subsidios, reducción del empleo público, control de costes en los servicios públicos e introducción en estos últimos de un cierto nivel de competencia, dando acceso a los mismos al sector privado.
No profundizaremos aquí sobre el programa de reformas económicas del gobierno sueco a partir de 1991, que permitió superar la crisis, y al que Rojas dedica interesantes páginas. Lo que nos interesa, a efectos de este comentario, es la reforma acometida en el modelo del Estado del bienestar.
Los ejes de la reforma del Estado benefactor sueco, excelentemente sintetizados por Rojas, han sido los siguientes: 1) ruptura del monopolio estatal sobre la provisión de servicios del bienestar, abriendo dicha provisión al sector empresarial privado, con el propósito de mejorar la gestión y reducir los costes gracias a la competencia; 2) como consecuencia de lo anterior, posibilidad de elección para los beneficiarios de tales servicios, con un doble resultado: primero, mayores dosis de libertad para el ciudadano (cosa deseable en sí), y segundo, mejora en la calidad de los servicios ofertados, gracias precisamente a la competencia entre los prestadores de los mismos; 3) reforma tanto del sistema fiscal como del sistema de subsidios, a fin de incentivar el trabajo y el empleo, y reducir el efecto desincentivador del anterior nivel de subsidios.
Refirámonos inicialmente a los dos primeros puntos mencionados. La apertura del sector de los servicios de bienestar a la iniciativa privada se efectuó progresivamente (y a ritmo desigual, según las regiones y municipios, dado el grado de descentralización del sistema político sueco). Ello permitió la creciente aparición de un pujante sector empresarial de servicios sociales que introdujo en el mismo criterios de gestión privada y ahorro de costes, así como estímulos a la mejora de la calidad y atención al usuario como consecuencia de la aparición de la competencia.
La apertura de escuelas, centros sanitarios y empresas de servicios sociales (guarderías, residencias de ancianos, servicios de atención a discapacitados, etc.) de titularidad privada en régimen de competencia permitió además a los ciudadanos disponer de una diversidad de opciones donde antes sólo había una. Como señala Rojas, bajo el anterior sistema de monopolio estatal, uno «le pertenecía» a un hospital público, y los hijos de uno «le pertenecían» a una escuela pública determinada, aquella que se les había asignado de acuerdo al área donde residían: «El Estado benefactor les aseguraba a los ciudadanos un nivel comparativamente alto de bienestar, pero al precio de una casi total falta de diversidad y libertad de elección» (pp. 17 y 18).
El modelo de estandarización de las condiciones de vida de los ciudadanos es el que fue siendo sustituido por otro que otorgaba a esos mismos ciudadanos una efectiva libertad de elección, lo que posibilitó, en frase de Rojas, el desarrollo de un auténtico «poder ciudadano». El ciudadano sueco, hasta entonces súbdito de un Estado benefactor que le ofrecía amplias prestaciones sociales, pero a cambio de negarle toda capacidad de elección, se convertía en un ciudadano libre que podía comparar entre distintos oferentes, y elegir aquel que le ofreciera mayor calidad o que, por alguna razón, mereciera su preferencia.
La clave de este nuevo modelo era lo que podríamos denominar el «desplazamiento de la financiación». Ésta seguía siendo pública, es decir, el gasto dedicado a estos servicios sociales continuaba sufragándose con recursos públicos, pero el receptor de la misma ya no sería el oferente (la escuela o el hospital), sino el demandante, es decir, el ciudadano. Tal cosa se materializaba en un bono o voucher que el ciudadano recibía y que podía emplear para el pago de los servicios médicos o educativos que la escuela u hospital de su libre elección le proporcionase. A su vez, y para evitar cualquier vía a la discriminación, las escuelas o clínicas privadas no podrían cobrar cantidad adicional alguna por sus servicios, sino que sólo podrían financiarse con los bonos de sus usuarios. El beneficio de tales empresas se obtendría, por tanto, de sus ganancias de eficiencia, por la vía de reducción de costes. Y la competencia entre ellas aseguraría que ese ahorro de costes no se produjera a costa de un deterioro de la calidad.
Todo esto no significó que el Estado abandonase toda implicación en la provisión de los servicios del bienestar. Primero, porque persistían empresas y centros sanitarios de titularidad pública (sólo que ahora debían competir y preocuparse por costes y calidad), y segundo porque el Estado ejercía importantes funciones de control y supervisión (la apertura de centros privados requería, para su autorización, el cumplimiento de condiciones estrictas en cuanto a medios, ausencia de discriminación, renuncia al cobro de cantidades adicionales, etc.).
Rojas expone con detalle las condiciones de este nuevo modelo en los campos de la sanidad, la educación y otros como las guarderías, atención a discapacitados o residencias de ancianos. Dedica a su explicación un buen número de páginas que, dadas las limitaciones de este comentario, no expondremos aquí, pero cuya lectura me parece muy recomendable.
Rojas advierte que aún es pronto para evaluar con solvencia los resultados de la reforma, aunque las primeras valoraciones son positivas y, sobre todo, han suscitado la plena aprobación de los usuarios, es decir, los ciudadanos. Es significativo que el camino de reformas iniciado por los conservadores en 1991 fuera continuado decididamente por los socialdemócratas una vez recuperado el poder en 1994, cosa que habla a favor tanto del pragmatismo y ausencia de dogmatismos ideológicos de estos últimos como del grado de consenso social suscitado por el cambio de modelo.
Las reformas hasta aquí comentadas supusieron un cambio de modelo radical. El abandono del monopolio público en la provisión de servicios sociales, y la apertura a la iniciativa privada no sólo supusieron la renuncia a un dogma propio de la izquierda clásica en aras de una mayor eficiencia y un ahorro de costes (cosa vital para evitar el colapso del sistema), sino que, en realidad, provocaron un salto cualitativo en la propia concepción del Estado del bienestar. Éste no sólo no se desmantelaba –como habrían podido temer los partidarios del modelo anterior– sino que se potenciaba y reforzaba sus, diríamos, «fundamentos éticos» al reconocer a los ciudadanos el ejercicio pleno de su libertad.
Por supuesto, esta reforma, con ser trascendente, no resolvía el problema del peso del Estado del bienestar sobre la economía, del enorme nivel del gasto público, del efecto desincentivador de impuestos y cargas sociales sobre el factor trabajo, de los estímulos al no trabajo añadidos por unas prestaciones sociales excesivamente permisivas y, como consecuencia de todo lo anterior, de unas decrecientes productividad y competitividad de la economía sueca.
A hacer frente a estos problemas es a lo que se orientó el tercer eje de la reforma, ya mencionado más arriba, el replanteamiento del sistema de transferencias: las del Estado a los ciudadanos vía subsidios, y las de los ciudadanos al Estado vía impuestos y cargas sociales.
Como ya se ha señalado, el mantenimiento de un Estado del bienestar generoso requiere un gasto público elevado que sólo puede mantenerse con una elevada fiscalidad y un elevado nivel de empleo que asegure una fuerte base recaudatoria. Pero, a su vez, una excesiva fiscalidad y unas cotizaciones sociales altas desincentivan tanto la oferta como la demanda de trabajo, y reducen, al penalizar el empleo, tal base recaudatoria.
Por ello era evidente la necesidad de fomentar el crecimiento económico y el crecimiento del empleo. La vía elegida fue doble: por una parte, se trabajó en la reducción de los incentivos al no trabajo endureciendo las condiciones de acceso y permanencia en el subsidio de paro, a fin de estimular la búsqueda de empleo, todo ello unido a otras medidas en la misma dirección en materia de prestaciones sociales, como el seguro de enfermedad (aumentando el control sobre la duración y justificación de las bajas laborales). Por otra, se redujeron los impuestos, especialmente los que gravaban los ingresos más bajos, y se abarataron los gastos de contratación, especialmente también los correspondientes a los empleos peor remunerados.
Aún cabe hacer referencia a otra reforma nada desdeñable: la relativa al sistema de pensiones. La reforma de este sistema ha venido a crear dos sistemas complementarios, uno colectivo y básicamente de reparto, aunque con elementos de capitalización, y otro individual y de capitalización pura. Se trata de un sistema original, que ha merecido el elogio de organismos como el Banco Mundial, y que resulta plenamente exportable a otros países. Del ahorro obligatorio para pensiones, que es el 18,5% del salario bruto, el 16% debe destinarse al sistema colectivo, y el 2,5% restante puede dedicarse libremente por cada ciudadano a suscribir un fondo de pensiones, a su elección entre los más de setecientos autorizados (que son objeto de supervisión por un ente estatal).
Especialmente interesante es el funcionamiento del sistema colectivo. En él, la pensión recibida por el jubilado es el resultado de dividir la suma de las cotizaciones que ha pagado a lo largo de toda su vida laboral, con sus intereses, por el número de años de expectativa de vida que se le supone en función de su grupo o cohorte de edad. La ventaja de este sistema es que incentiva la postergación de la edad de retiro, puesto que con ella disminuye el divisor y, en consecuencia, incrementa la pensión resultante. Otras fórmulas persiguen asegurar el equilibrio financiero del sistema a largo plazo, aunque su descripción alargaría en exceso estas páginas. Remito al lector al libro de Rojas.
El poco tiempo de vida de todas estas reformas dificulta un juicio definitivo sobre los frutos de la misma. La positiva evolución del empleo a partir de 2005 (especialmente entre los de más edad y los de menos) y el crecimiento del PIB parecen ser tributarios en buena medida de tales reformas, aunque no sea aún posible determinar en qué proporción. Lo que sí cabe asegurar es que las reformas cuentan con un amplísimo respaldo social. Y, por otra parte, nos ofrecen una importante enseñanza: Suecia ha transitado desde un modelo de Estado benefactor, paternalista, monopolista, con escaso margen para la libertad de elección de los beneficiarios, hacia lo que Rojas llama un «Estado posibilitador», que preserva los beneficios sociales del Estado del bienestar, en términos de protección social e igualdad, pero con mayor eficiencia, menores costes y mayores márgenes de libertad para los ciudadanos.
Ello demuestra que es posible un Estado del bienestar que compatibilice la universalidad de la sanidad, educación y prestaciones sociales, con la igualdad de los ciudadanos a la hora de acceder a tales servicios, la colaboración entre el sector público y privado, la participación de la iniciativa privada y la libertad de elección que devuelve a los ciudadanos la plenitud en el ejercicio de sus derechos.
Si el modelo resulta un éxito, como parece estar siendo el caso, constituye un ejemplo de cómo, aparcando dogmatismos y prejuicios ideológicos, es posible asegurar las conquistas sociales y lograr un Estado del bienestar viable para ciudadanos libres. En nuestro país, en el que aún permanece bastante arraigada la idea de que los servicios sociales deben ser gestionados en exclusiva, o casi, por el sector público, y donde se mira con desconfianza la participación del sector privado, sería bueno estudiar atentamente el nuevo modelo sueco. La clave última de este nuevo sistema reside, como antes se ha apuntado, en financiar a las personas (el bono escolar, o sanitario, o asistencial) y no a los prestadores monopolistas de tales servicios. No son pocas las voces que en España están ya alzándose en este sentido, y no estaría de más que se les prestase atención. Aunque ello sea pedir demasiado. 

01/08/2008

 
COMENTARIOS

Lia 29/11/12 21:07
Me encantó, muy interesante

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