ARTÍCULO

La huella económica de la inmigración en España

 

La inmigración es el hecho con mayor trascendencia social, política y económica para España en esta primera década del siglo xxi. Se trata de un fenómeno reciente cuya importancia sólo estamos empezando a vislumbrar, pero que está cambiando nuestra estructura social y económica de forma comparable a los cambios que supuso el Plan de Estabilización en la década de los cincuenta o la incorporación a la Unión Europea en los años ochenta.
A pesar de su innegable importancia, a la hora de elaborar un análisis del impacto económico de la inmigración nos encontramos con algunas serias dificultades. En primer lugar, la base estadística es escasa, dispersa e incompleta. La falta de tradición de España como país receptor de gran número de inmigrantes, así como la escasa capacidad de previsión que caracteriza a nuestras estadísticas, generan esa deficiencia de datos.
En segundo lugar, es muy difícil realizar previsiones sobre el futuro. Desde el punto de vista económico, la decisión de emigrar es semejante a la de invertir en un proyecto empresarial. El emigrante compara su rendimiento esperado (la diferencia salarial con su país de origen y la diferencia en los servicios sociales que espera recibir) con sus costes y riesgos (viaje, situación legal, separación de su familia, cambio de entorno...). Si el proyecto de emigrar tiene una relación rendimiento-riesgo esperado superior a la de su proyecto alternativo (quedarse en el país), entonces decidirá emigrar. El emigrante debe, por tanto, al igual que el inversor, hacer una serie de conjeturas acerca de los rendimientos, costes y riesgos futuros que desconoce. Para calcular estas variables desconocidas acude al conjunto de información de que dispone en el momento de tomar la decisión, que es continuamente cambiante. Así, una variación en los costes de emigrar, o un cambio en la situación económica de los países de origen o de destino, puede suponer fuertes cambios en las decisiones de emigrar. De igual forma que la inversión es uno de los componentes más volátiles del ciclo económico, la emigración, como decisión inversora, también lo es.
Por ello, debemos limitarnos en estos momentos a realizar una imagen fotográfica del impacto económico de la inmigración en España y tratar, a partir de ahí, de considerar algunas tendencias de futuro. El documento oficial más completo sobre el tema que se ha realizado por parte de la Administración es el informe ­rea­lizado por la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno en noviembre de 2006, y supera desde el punto de vista técnico y de su contenido al resto de estudios publicados. Este artículo se basa en mis propias cifras y conclusiones, y es en unas ocasiones coincidente y, en otras, discrepante con el informe de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.
Todos los países desarrollados han recibido en las últimas décadas fuertes corrientes migratorias, y España no ha sido una excepción a este fenómeno. Lo que distingue la inmigración hacia España de la inmigración hacia otros países desarrollados es que ésta se ha producido en un espacio temporal de unos pocos años y cuando ha empezado, lo ha hecho de forma violenta. No hay que olvidar que la inmigración hacia España comienza a ganar peso en un momento de relativo estancamiento de las economías de nuestro entorno europeo. Al ser el mercado español uno de los más dinámicos de la Unión Europea, España se convierte, lógicamente, en uno de los principales focos de atracción de inmigración.
A la hora de calcular la población inmigrante residente en España, la principal fuente estadística de que disponemos es la explotación del Padrón Municipal que realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Padrón Municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. El INE depura los datos del Padrón Municipal para evitar errores y duplicidades, y a partir de ellos calcula las cifras oficiales de población. La fiabilidad de estos datos es muy alta, pero no pueden evitarse ciertas desviaciones, especialmente con la población inmigrante itinerante. Por otro lado, los datos de población extranjera infraestiman la inmigración, ya que en la estadística no aparecen los extranjeros que se nacionalizan españoles, más de cien mil al año.
Con los datos del Padrón Municipal de 2005Aunque están disponibles los datos del Padrón Municipal de 2006, he preferido mantener los datos de 2005 debido a que la mayoría de los datos económicos existentes sólo están disponibles hasta 2005, por lo que utilizar datos de 2005 permite una mayor homogeneidad. En 2006, el porcentaje de extranjeros sobre nacionales se elevó al 9,3%, y superó los cuatro millones de personas., en España residen 3.730.610 extranjeros, sobre una población de 44.108.530 personas. Es decir, el 8,46% de la población residente en España no tiene nacionalidad española. Como cabría esperar, las comunidades autónomas con mayor población (Andalucía, Cataluña y Madrid) son las que acogen a un mayor número de inmigrantes, entre las tres unos dos millones de personas (cuadro 1).
Sin embargo, más interesante es observar las grandes disparidades que existen en el porcentaje de población extranjera sobre el total de residentes. Mientras en Asturias la población extranjera apenas alcanza el 2,5% del total, en Baleares se acerca al 16%. Debe tenerse en cuenta, además, que en las comunidades situadas en el arco mediterráneo y las insulares existe una población extranjera importante de jubilados europeos. No obstante, parece claro que las comunidades más dinámicas y especialmente activas en los sectores de servicios y construcción son las que atraen a un mayor número de inmigrantes. Por el con­trario, en la cornisa cantábrica y en la España interior el fenómeno de la inmigración apenas tiene incidencia (fig. 1 y cuadro 2).
El crecimiento de la población extranjera residente en España ha sido muy rápido en muy pocos años. En 1996 residían en España poco más de medio millón de extranjeros; en 2005, la población extranjera se había multiplicado por siete. Todavía en 2000 la población inmigrante apenas representaba el 2,3% del total, mientras que cinco años más tarde suponía el 8,5%. En los últimos cinco años, el incremento medio de población extranjera se sitúa en 560.000 personas al año (figs. 2 y 3).
Esta es la principal característica que distingue el fenómeno migratorio de España respecto del resto de países avanzados. España ha pasado a ser en muy poco tiempo un país con un significativo porcentaje de población extranjera, cuando hace apenas siete años éste era un factor casi irrelevante.
Respecto a la composición geográfica de los extranjeros residentes en España, el grupo más numeroso, más de un tercio, lo componen ciudadanos de países de América del Sur, especialmente de los países andinos. Les siguen los procedentes de la Unión Europea, de los que un porcentaje importante son personas jubiladas que se instalan en las regiones españoles con mejor clima. Los ciudadanos de la Europa no comunitaria (en su mayor parte procedentes de países del este y sureste de Europa) y del norte de África también suponen porcentajes importantes, en torno al 15%.
La composición geográfica de la población extranjera ha cambiado de forma muy importante en los últimos diez años. En 1996, casi el 50% de los extranjeros residentes en España era de origen comunitario, frente al 22% actual. Los magrebíes supo­nían cerca del 16%: es decir, en los últimos años han perdido peso, aunque su número haya aumentado de forma considerable.
Por el contrario, la población procedente de América del Sur apenas suponía en 1996 el 13% de la población extranjera, lo que significa que su peso se ha multiplicado por tres. La cifra sería aún mayor si contáramos como inmigrantes a los nacionalizados españoles de origen extranjero, dada la mayor facilidad que tiene este grupo de acceder a la nacionalidad española frente a la de otros países. La población de la Europa no comunitaria apenas suponía, en ese año, el 5% de la población extranjera residente en España.
Los datos del INE se confirman con los ofrecidos por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS). Según el MTAS, a 31 de diciembre de 2005 había en España 2.738.932 extranjeros con tarjeta o autorización de residencia en vigor (un millón menos de los residentes calculados por el INE). Su procedencia es muy parecida a la descrita por el Padrón Municipal. Según continentes, el 20,79% de los extranjeros eran nacionales de países pertenecientes a la Europa comunitaria, el 12,32% eran europeos de países no comunitarios, el 23,71% africanos, el 36,02% latinoamericanos, el 0,62% norteamericanos, el 6,48% asiáticos y el 0,05% nacionales de Oceanía.
Su distribución geográfica en España confirma también los datos del INE: concentración en la costa mediterránea, comunidades insulares y Madrid, y mucha menor presencia en el resto del país.

LA INMIGRACIÓN EN EL MERCADO DE TRABAJO

La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2005 estimaba la población extranjera de más de dieciséis años –es decir, en edad de trabajar– en 3.305.400 personas, el 9% del total de residentes en España mayores de dieciséis años. Un 17% procede de la UE y el 83% son extracomunitarios (cuadro 3).
De los mayores de dieciséis años, están en activo 2.440.900 personas, lo que significa que la población extranjera tiene una tasa de actividad del 73,85%, frente al 56,12% de los españoles, casi dieciocho puntos superior.
La tasa de actividad de los extranjeros procedentes de la Unión Europea es muy baja, un 51%, cinco puntos por debajo de la española, lo que contrasta con la altísima tasa de actividad del 78% entre los extranjeros no comunitarios. Es evidente que hay un alto porcentaje de extranjeros comunitarios que ya están jubilados y realmente no forman parte del mercado de trabajo español. Por el contrario, entre los no comunitarios trabajan o quieren trabajar casi todos, y hay muy pocos estudiantes, jubilados o mujeres que no deseen trabajar. Por comunidades autónomas, no hay apenas diferencias, salvo Asturias, donde la inmigración es muy pequeña, Ceuta y Melilla (donde el número de activos entre la población extranjera es muy bajo) (cuadros 4 y 5).
Los ocupados extranjeros suponen 2.192.200 personas, casi un 13% del total (cuatro puntos por encima de lo que representa la población extranjera en el total de la población española). La tasa de ocupación es muy alta, el 66%; frente a la tasa del 51% de la población española, la tasa de ocupación de los no comunitarios es superior al 70% (cuadros 6 y 7).
Los ocupados extranjeros han tenido un papel muy destacado en la creación de empleo en los últimos años. Cerca de un tercio de los casi 6,7 millones de empleos creados desde 1996 son ocupados por extranjeros. Mientras que en ese período los ocupados de nacionalidad española han aumentado un 36%, la población extranjera ocupada se ha multiplicado por quince. Destaca especialmente el incremento de los ocupados latinoamericanos (se multiplican por 37) y los precedentes del resto de Europa (por 56) (cuadro 8).
Respecto a la situación profesional, se observa que los extranjeros comunitarios conforman un patrón muy similar al español, quizá con una mayor tendencia a ser empresario o trabajador por cuenta propia que los españoles. Por el contrario, los extranjeros no comunitarios se centran, casi en exclusiva, en trabajos asalariados en el sector privado (cuadro 9).
Los parados extranjeros ascienden a 249.700 según la EPA del cuarto trimestre de 2005. El 16% de los parados en España son extranjeros, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.
La tasa de paro de los extranjeros se sitúa en el 10,23%, frente al 8,50% de los españoles. Es decir, dos puntos por encima. Mientras que los extranjeros procedentes de la Unión Europea presentan una tasa de paro muy parecida a la española, los no comunitarios son los que presentan una tasa de paro superior. Por comunidades autónomas no parece haber ningún patrón, posiblemente porque con muestras muy pequeñas la EPA se vuelve errática (cuadros 10 y 11).

IMPACTO DE LA INMIGRACIÓN SOBRE LOS SECTORES ECONÓMICOS

Los trabajadores extranjeros se dirigen, lógicamente, hacia los sectores más dinámicos de la economía es­pañola (construcción y servicios), aunque realizan aportaciones muy importantes a la industria y, especialmente, a la agricultura (cuadro 12).
La aportación que los trabajadores extranjeros realizan a los diferentes sectores de la economía española puede estimarse a través de la distribución del empleo inmigrante en los distintos sectores. En la agricultura trabajan cerca del 8% de los trabajadores extranjeros, tres puntos más que los trabajadores españoles. Especialmente intenso es el peso de esta ocupación en los inmigrantes procedentes de la Europa no comunitaria y del norte de África, mientras que son muy pocos los ocupados procedentes de la Unión Eu­ropea que se dedican a esta actividad (cuadro 13).
En los sectores de industria y energía, el porcentaje de ocupados españoles es, por el contrario, muy superior, de más de cinco puntos porcentuales. Nuevamente las diferencias según las procedencias de los inmigrantes son muy importantes. Mientras el porcentaje de ocupados procedentes de la Unión Europea y del resto del mundo en el sector industrial es muy próximo al de españoles, los procedentes del resto de Europa y de América Latina se si­túan muy por debajo de la media Española.
En el sector de la construcción, el porcentaje de ocupados extranjeros prácticamente dobla al de españoles. Salvo en el caso de los ocupados comunitarios, cuya tasa es muy próxima a la española, en el resto de procedencias el porcentaje supera el 20% de los ocupados en este sector.
En servicios, la inmigración representa ocho puntos menos en el porcentaje de ocupación respecto a los españoles. Esto se explica, en parte, por un menor acceso de los inmigrantes a los servicios no de mercado (barrera que no tienen los trabajadores de la Unión Europea) y a barreras de idioma (que no tienen los procedentes de América Latina). En estos dos grupos (Unión Europea y América Latina), el porcentaje es muy próximo al español, mientras que el resto de Europa y el resto del mundo (fundamentalmente el Magreb) están muy infrarrepresentados (cuadro 14).
El resultado de todo esto es que los ocupados extranjeros, que suponen el 11,34% del total en España, representan un porcentaje muy superior en la agricultura (17%) y construcción (20%). Su aportación es menor, por el contrario, en industria y servicios (cuadro 15).
Como se ha mencionado, con los datos que nos ofrece la EPA, entre el cuarto trimestre de 2005 y el primer trimestre de 1996 se crean en España 6,7 millones de empleos, de los que un tercio lo ocupan extranjeros. Sin embargo, la creación de empleo por sectores económicos es muy dispar.
En la agricultura se destruyen 123.000 empleos. Los ocupados españoles descienden en 286.000, mientras que los extranjeros (casi todos no comunitarios) aumentan en 161.000. Estos datos muestran que, ante la caída masiva del número de españoles en el sector agrícola, los trabajadores extranjeros permiten dar viabilidad a un sector que de otra forma habría desaparecido.
En la industria, a pesar de su menor dinamismo, los inmigrantes suponen el 34% de los nuevos ocupados. La caída de empleo en el sector no ha impedido que se contrate a muchos inmigrantes. Nuevamente, podemos suponer que los inmigrantes permiten hacer competitivas industrias que, de lo contrario, no podrían sobrevivir o deberían deslocalizarse hacia los países de esos mismos inmigrantes.
En la construcción, el 36% de los nuevos ocupados son inmigrantes. En el sector más dinámico de la economía española, la aportación de los inmigrantes es, como ya se ha señalado, fundamental: uno de cada cinco trabajadores de la construcción es extranjero. En los servicios, el porcentaje de nuevos empleos para inmigrantes es menor, cerca del 24%. Un sector tan grande y dinámico como éste absorbe lógicamente al mayor núme­ro de extranjeros en términos absolutos, pero no en relativos. En los ­servicios, la presencia de inmigrantes en los nuevos empleos, aunque importante, es mucho menor.
Con estos datos, suponiendo que la productividad media de los trabajadores inmigrantes es parecida a la de los españoles, podemos estimar que el trabajo de los inmigrantes es preciso para generar el 11% del PIB. Probablemente esta cifra es algo inferior al estar los inmigrantes de media, como veremos a continuación, menos cualificados que los trabajadores españoles.
En cuanto a la aportación al crecimiento, el informe de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno calcula que, para el período 1996-2005, la acumulación de factor trabajo que supone la inmigración explica casi un tercio del crecimiento. Si en este período el PIB creció un 3,6%, la inmigración explica 1,1 puntos, siendo esta aportación del 50% del crecimiento para el período 2001-2005.
A partir de los datos de la EPAEl índice se construye ponderando por el número de trabajadores estimados por la EPA un valor asignado a cada nivel de formación, desde 0 para los analfabetos hasta 6 para los estudios de doctorado. se ha elaborado un índice de formación que trata de medir el nivel de cualificación de los ocupados que trabajan en España. Los resultados no son sorprendentes: la media de los trabajadores españoles tiene una formación superior a la de los extranjeros. Pero aquí deben realizarse nuevamente importantes salvedades en función del lugar de procedencia. Mientras los ocupados procedentes del resto de la Unión Europea po­seen una cualificación muy elevada, superior a la española, y los del resto de Europa muy similar, los procedentes de América Latina, Asia y África presentan niveles de formación muy inferiores (fig. 4).
Estas diferencias en la formación se reflejan en el tipo de ocupaciones que realizan los extranjeros en España. Los españoles ocupan, en general, puestos que requieren una mayor cualificación y especialización, mientras que los extranjeros, con la excepción de los procedentes del resto de la Unión Europea, ocupan los trabajos menos cualificados (cuadro 16).
A 28 de febrero de 2006, el número de afiliados extranjeros al sistema de la Seguridad Social se eleva a 1.721.765, un 9,4% del total de afiliados. A finales de 1998, en cambio, apenas había 260.000 extranjeros en el sistema de Seguridad Social. Es decir, en algo más de siete años se ha multiplicado por 6,6.
Tan sólo el 17% de los afiliados extranjeros tiene origen comunitario (cuadro 17).
Los datos oficiales sobre recaudación de cotizaciones a la Seguridad Social por parte de los inmigrantes en 2005 sitúa esta cifra en unos ocho mil millones de euros, alrededor del 7,4% del total recaudado por este concepto. Es decir, la aportación media por trabajador es inferior a la ­media nacional, como consecuencia de los menores salarios que cobran los inmigrantes al estar de media menos cualificados.
Respecto al pago de pensiones, dado que la inmigración es un fenómeno reciente, apenas existen perceptores de pensiones. En 2005, el gasto en pensiones hacia la población inmigrante no llegó a 400 millones de euros, un 0,5% del total de gasto de pensiones. A largo plazo, sin embargo, el problema radicará en que, en muchos casos, los inmigrantes son perceptores de pensiones mínimas. Estas pensiones, que en el futuro supondrán una cuantía importante, son deficitarias respecto a las aportaciones que se reciben, ya que los perceptores de pensiones mínimas reciben subvenciones del resto de cotizantes.
Realizando hipótesis sobre la estructura salarial de los inmigrantes (se han estimado unos ingresos salariales entre la mitad y dos tercios del salario medio en España) y su propensión al consumo (en principio, el inmigrante ahorra más que el español medio, ya que envía una parte de su salario como remesa al extranjero), he estimado que la aportación del consumo de los inmigrantes a la recaudación de IVA por consumo y compra de vivienda se situó en 2005 en unos 3.000 millones de euros, a los que habría que sumar unos 1.400 millones de recaudación por impuestos especiales. En imposición directa, además de las cotizaciones sociales ya citadas, la recaudación por IRPF puede estimarse, con las hipótesis antes mencionadas, en el entorno de los 1.000 millones de ­euros.
Según los datos del Ministerio de Educación, en el curso académico 2004-2005 había en España 457.245 alumnos extranjeros en enseñanza no universitaria, mientras que en el curso 1995-1996 no llegaban a 60.000. De ellos, unos 285.000 cursaron estudios de enseñanza infantil y primaria (un 7,3% del total), y más de 160.000 de secundaria y formación profesional (un 5,6%).
El incremento anual de estas cifras es, además, notable. En los cinco últimos años, las tasas de variación del alumnado extranjero en enseñanza no universitaria han sido muy importantes (curso 2004-2005, 14%; 2003-2004, 30%; 2002-2003, 49%; 2001-2002, 46%; 2000-2001, 32%).
La plaza educativa de infantil y primaria tiene un coste medio para el gasto público de unos 2.600 euros; la de secundaria y formación profesional, de unos 3.600 euros; la formación universitaria tiene un coste de más de 4.500 euros por alumno. El gasto público en materia de educación, según los datos de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, para los alumnos extranjeros en 2005 se situó en el entorno de 2.400 millones de euros.
El Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales ha publicado los datos de gasto público sanitario consolidado hasta 2002. Proyectando un crecimiento por persona del gasto público sanitario del 5,8% (media de crecimiento entre 1997 y 2002), obtenemos que en 2005 el gasto público sanitario medio por residente en España se sitúa ligeramente por encima de los mil euros.
En el caso de los inmigrantes, cuya edad media es menor que la media de la población española, podemos ajustar el gasto a mil euros. Teniendo en cuenta que la población extranjera en España se eleva a los 3,7 millones de personas, esto nos permite aproximar su coste en términos de gasto público sanitario a unos 3.700 millones de ­euros.
Las estadísticas del paro registrado del MTAS muestran cómo el 7,5% de los desempleados registrados en el INEM son extranjeros. El coste de las prestaciones por desempleo a inmigrantes y las políticas activas de empleo supusieron en 2005 unos 700 millones de ­euros.
A medio plazo este coste irá aumentando. Los inmigrantes irán integrándose cada vez más en el mercado de trabajo español y, por tanto, irán ganando derechos a mayores prestaciones. Por otro lado, todavía no se ha producido un proceso de ajuste económico con una gran masa de trabajadores inmigrantes, pero es muy posible que, al tener la mayoría de los trabajadores extranjeros contratos temporales, en caso de destrucción de empleo, estos trabajadores se vean especialmente afectados.
No se han publicado estadísticas sobre el número de viviendas habitadas por extranjeros. A finales de 2005 el número de hogares en España ascendía a 15,5 millones, lo que supone una media de 2,83 personas por hogar. Suponiendo que las familias extranjeras habitan, poseen o alquilan una sola vivienda, y que el número de personas que habita una vivienda es mayor en el caso de los extranjeros, la demanda de viviendas para compra o alquiler por parte de la población inmigrante podríamos estimarla entre 750.000 y un millón. A un ritmo de crecimiento de la población extranjera de unas 560.000 personas al año, la demanda de nuevas viviendas se incrementa por año entre 120.000 y 160.000. Es decir entre el 20% y el 30% del incremento del parque de viviendas actual.
No tenemos datos de contabilidad nacional separados para residentes españoles y extranjeros, por lo que sólo podemos hacer estimaciones gruesas sobre lo que supone el impacto de la inmigración sobre el consumo y el PIB. Hay que tener en cuenta que los extranjeros no comunitarios perciben menos renta que la media de los españoles, al estar en general menos cualificados. Por otra parte, podemos suponer que su tasa de ahorro debe ser más alta. Con estos parámetros, el consumo español sería entre un 5% y un 7% menor de haberse producido el fenómeno inmigratorio. En 1998, el consumo imputable a la inmigración era tan solo el 1,5% del total del total español.
Por consiguiente, sólo por el impacto directo del menor consumo de los hogares de no haberse producido la fuerte entrada de extranjeros, el PIB debería ser entre un 2,8% y un 3,5% inferior. El crecimiento anual del PIB en los últimos cinco años habría sido, sólo por el menor consumo de los inmigrantes, entre cuatro y cinco décimas inferior.
Los datos de la Balanza de Pagos publicados por el Banco de España muestran un fuerte crecimiento de los pagos por remesas de trabajadores. En 2001 los pagos por remesas alcanzaron los 2.019 millones de euros, que en 2005 pasaron a ser de unos 3.800 millones de euros. Es decir, casi se duplican en cuatro años. Los crecimientos han sido muy importantes, del orden del 20% anual, aunque en 2005 se observa una cierta desaceleración. Aunque no es la causa principal, la inmigración está sin duda contribuyendo al creciente déficit exterior de la economía española (cuadro 18).

CONCLUSIONES

La inmigración es un fenómeno reciente para España, y una lógica consecuencia de su desarrollo económico y de la mejora de su nivel de vida. Como viene siendo una constante en la historia económica española de las últimas décadas, lo que en otros países más desarrollados se ha producido de forma dilatada en el tiempo, en España se produce de forma sorpresiva y explosiva. Nadie esperaba a la inmigración, y mucho menos una tan intensa, y ni el sector público ni el privado estaban preparados para ello.
La proporción de inmigrantes en la población española era irrelevante en el año 2000, comparable a la de paí­ses con tan poca tradición en recepción de población extranjera como la República Checa o Hungría. Apenas cinco años más tarde, el porcentaje de extranjeros residentes en España es superior al de Francia, Holanda o el Reino Unido, y sólo ligeramente inferior al de Alemania, Suecia o Estados Unidos, aunque estas cifras se matizan algo, ya que entre la cifra de extranjeros residentes se encuentra, como ya ha quedado apuntado, una importante población retirada. Solamente países desarrollados con determinadas circunstancias, baja densidad o necesidades demográficas especiales (Canadá, Australia o Nueva Zelanda) superan claramente a España en porcentaje de población extranjera. La velocidad del incremento del número de inmigrantes y la proporción sobre el total de población que ya representan hace inverosímil el mantenimiento por mucho tiempo de los ritmos actuales.
Con la excepción del extranje­ro de origen comunitario, el perfil tipo de un inmigrante en España es el de una persona joven, con deseo de trabajar, de origen latinoamericano, especialmente andino, relativamente poco cualificado y que encuentra trabajo en el sector de la construcción o en el de servicios, en las zonas de alto crecimiento de la economía española.
En este sentido, la inmigración ha dotado a la economía española de dos características que explican una parte muy importante del crecimiento económico de los últimos diez años. Por una parte, una mano de obra con moderación salarial que ha permitido seguir creciendo sin generar excesivas presiones inflacionistas. Por otra parte, el mercado de trabajo se caracteriza por una flexibilidad mucho mayor de la que correspondería a nuestro marco legal e institucional. La inmigración proporciona a la economía española una movilidad geográfica y una adaptabilidad muy superior a la que existiría en un mercado de trabajo integrado exclusivamente por españoles.
Además, un tercio del crecimiento económico de la última década se explica gracias a la inmigración y, sin los inmigrantes, sectores enteros de la agricultura o la industria podrían haber llegado a desaparecer. Además, la inmigración ha facilitado la incorporación de la mujer española al mercado de trabajo. Por otro lado, el saldo presupuestario de la inmigración es, de momento, favorable para las arcas públicas. Sólo en concepto de cotizaciones sociales se recaudan unos 8.000 millones de euros, suficientes para cubrir los principales gastos de los inmigrantes: educación, sanidad, desempleo y pensiones. Adicionalmente, por medio del IVA, el IRPF e impuestos especiales los inmigrantes aportarían más de 5.000 millones.
Pero la inmigración también tiene sus sombras. Los servicios públicos van congestionándose, especialmente sanidad y educación. El gasto en de­sempleo en inmigrantes va aumentando, y sobre todo, el sistema público de pensiones se carga con mayores deudas para el futuro. A todo ello hay que añadir el coste no cuantificable de adaptación que una sociedad precisa para integrar una inmigración tan cuantiosa en tan reducido espacio de tiempo.
La inmigración ha prolongado el ciclo expansivo de la economía española, pero también ha ayudado a acentuar sus desequilibrios, al especializar la economía española en sectores intensivos en factor trabajo poco cualificado. De esta forma se establece un patrón de especialización sectorial contrario a las necesidades de convergencia real de nuestra economía. Esto es así porque la flexibilidad que otorgan los inmigrantes y sus moderadas peticiones salariales han permitido el crecimiento de sectores económicos (agrícola, construcción y determinados servicios) que, de otra forma, se habrían visto restringidos por la escasez de mano de obra. Pero estos sectores suelen caracterizarse por ser muy intensivos en mano de obra poco cualificada, con escasa utilización de capital físico y tecnológico, y con mínima aportación en el campo de la innovación tecnológica. Además, los mismos producen bienes y servicios en general poco exportables, y que, cuando lo son, la exportación es de reducido valor añadido. Por tanto, no es de extrañar que el crecimiento económico de los últimos años se haya caracterizado por ser un crecimiento con escaso incremento de la productividad, bajos crecimientos salariales y ralentización de los ritmos de convergencia real con las economías más desarrolladas. Además, este modelo de expansión tiende al de­sequilibrio exterior ante la falta de una adecuada oferta exportadora.
La verdadera prueba de fuego del proceso inmigratorio en España se producirá en la próxima recesión a la que se enfrente la economía española. La destrucción de empleo que acompaña a las fases recesivas someterá a fuertes tensiones a los programas de protección social diseñados para amortiguar los efectos negativos que recaen sobre importantes capas de población durante las contracciones económicas. La fuerte temporalidad que caracteriza a la inmigración y el hecho de que la población inmigrante se concentre en sectores intensivos en mano de obra hace que las transferencias de renta a la población inmigrante crezcan de forma muy importante en un escenario de recesión, revirtiendo muchos de los saldos financieros positivos que se dan en la actualidad.
Por otro lado, la citada destrucción de empleo se concentrará inevitablemente en mayor medida en la población inmigrante, con mayor temporalidad y menos protegida, por lo que se reducirá de forma drástica el flujo de inmigración, y disminuirán de forma súbita los efectos positivos que tanto desde la oferta como desde la demanda aporta la misma en la actualidad a la economía española.
En definitiva, la ausencia de una adecuada previsión en la política de inmigración que ordenara los flujos migratorios ha permitido un crecimiento explosivo de los mismos que no tiene parangón en la historia económica reciente de ningún país de­sarro­lla­do. Este crecimiento del número de extranjeros en la economía española está aportando muchos efectos positivos a la misma, así como el alargamiento del ciclo expansivo, pero al mismo tiempo es fuente de mayores desequilibrios y dificultades de ajuste cuando revierta la fase expansiva.

 

01/11/2007

 
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