ARTÍCULO

El debate político sobre la familia

Visor y Fundación Argentaria, Madrid
184 págs. 1.700 ptas.
 

La reflexión y el debate público sobre la familia apenas están empezando en nuestro país. Durante muchos años se ha evitado hablar de la familia, unos por no querer ser identificados como continuadores del franquismo y otros por querer ser vistos como progresistas. Es tal la imagen reaccionaria de la familia en nuestro país que tanto la derecha como la izquierda han tratado durante años de no hablar de ella.

La revuelta intelectual de los años sesenta, con sus ingredientes antiautoritarios y de defensa de la libertad sexual, que culmina en los movimientos estudiantiles del 68 en toda Europa, tiene una serie de rasgos que coinciden, entre otras cosas, en denostar la institución de la familia. Adorno, Fromm y otros antiautoritarios que identifican la familia como la transmisora del autoritarismo. Reich que pone el acento en la represión sexual y va a señalar la necesidad de acabar con la familia como forma de alcanzar la liberación sexual, la antipsiquiatría que encuentra las raíces de la enfermedad mental en las conexiones familiares del individuo, Engels y Marx que señalan los orígenes de la propiedad privada en la familia e indican la necesidad de acabar con la familia monógama para terminar con la opresión de la mujer. Y por último, las mejores publicistas de todas estas ideas, que fueron las mujeres feministas que vieron en la familia patriarcal, basada en la autoridad del hombre y en el reparto sexual del trabajo, la causa de la inferioridad femenina y que proponen acabar con la familia y socializar las tareas domésticas como vía para liberar a las mujeres de esa dominación ancestral.

Estos debates intelectuales y los movimientos sociales que los animan se desarrollaron en la mayoría de los países europeos, pero en ninguno de ellos se vincularon, como en España, a la lucha contra la dictadura y a procesos de transformación política que llevarían posteriormente a establecer un nuevo sistema democrático. La vinculación de estos movimientos sociales de los años setenta con la transformación política es lo que explica que en la sociedad española el mensaje antifamilia de las feministas tuviera un impacto tan fuerte y pasara a ser un rasgo general de la cultura política. Hemos tenido que llegar a finales de los años noventa para que se pueda empezar a hablar de la familia en la sociedad española sin miedo a ser identificados como reaccionarios o fascistas.

Lo original de esta situación española se aprecia al constatar la forma tan diferente de cómo se tratan estas cuestiones en el resto de los países de nuestro entorno cultural. Cuando Bill Clinton se presentaba por segunda vez a la carrera por la presidencia americana, lo hacía con la bandera de la defensa de la familia. Igualmente en Europa, cuando Tony Blair competía para ser primer ministro británico y ofrecía una tercera vía en su programa político de renovación del laborismo británico, también se presentaba a sí mismo como defensor de la familia y prometía una serie de reformas para ayudar a los ciudadanos a tener más y mejores familias. Pero lo más curioso es que no eran sólo ellos, escorados hacia la izquierda o al menos pretendiendo ofrecer unos programas políticos progresistas, sino que también sus oponentes, que ofrecían programas conservadores en esas mismas elecciones, decían encarnar los intereses de la familia. Pues bien, si en Europa todos los partidos se han presentado durante estos años como defensores de la familia, aquí ha sido un tema tabú, un tema ausente del debate público, una palabra inexistente en nuestro lenguaje de la política.

Esto está empezando a cambiar. Tanto el libro de Iglesias de Ussel como el de Pérez Díaz, Chuliá y Álvarez Miranda aportan una serie de reflexiones sobre la institución familiar y defienden la necesidad de incorporar la familia al debate público. Ambas obras plantean la necesidad de tener en cuenta a la familia para preparar, articular y diseñar las políticas públicas.

La obra de Iglesias de Ussel se hace eco de la ausencia de la familia en el debate político de estos años. Ussel señala la ausencia de una política familiar explícita y articulada desde los años iniciales de la democracia, situación que se hace más evidente desde la llegada de los socialistas al gobierno. Éstos desarrollaron una importante legislación social e introdujeron numerosos servicios sociales, pero todas las medidas se implementaron en nombre de los derechos del individuo y nunca en nombre de las necesidades de las familias o en el marco de un análisis de la institución familiar. Las mujeres, los menores, los ancianos, los individuos en paro, fueron los destinatarios de las reformas sociales que se acometieron en la etapa socialista, pero nunca se plantearon esas reformas desde la perspectiva de la vida familiar de esos mismos individuos.

A lo largo de esos años sólo se habla de la familia cuando las situaciones son de extrema gravedad o marginación, cuando se trata de asegurar un mínimo sustento a familias marginadas, desarraigadas, etc., pero nunca se habla de las familias como algo normal, como una institución básica de la sociedad al margen de sus problemas. Una cuestión que destaca es la persistencia de imágenes críticas y negativas acerca de la familia. Como consecuencia de esa ausencia de la familia en la agenda política, sólo se recupera el discurso sobre familia en circunstancias extraordinarias y graves. Los políticos y los medios de comunicación sólo hablan de relaciones familiares en situaciones dramáticas, y parecería que en nuestro país todos los maridos son maltratadores, todas las mujeres abandonadas, todos los niños han sufrido abusos y los hogares familiares están angustiados por el paro o desgarrados por las drogas. No se trata de obviar estos problemas, pero sí de señalar que al olvidar la institución familiar sin necesidad de crisis, al olvidar la vida de la gran mayoría de las familias que se organizan y sacan día a día a sus hijos adelante, atienden a sus ancianos y acuden a su trabajo, con una gran cantidad de problemas por supuesto, pero sin dramas, dejamos todos los espacios de la imagen social de la familia en las tintas más negras y preocupantes, como si fuera una institución que sólo existe en relación a problemas, conflictos y marginación.

La obra de Iglesias de Ussel es muy extensa y detallada. Analiza los rasgos del cambio familiar en España remontándose hasta las primeras décadas del siglo. Comienza con la evolución legal que va desde las transformaciones innovadoras de la Segunda República a las reformas que incorpora la Constitución de 1978 pasando por la quiebra del modelo democrático que supuso la dictadura de Franco. En todo lo relativo a la familia, el franquismo fue una época de vuelta a los valores más tradicionales y arcaicos de nuestro pasado. Sólo a partir de 1975 se advierte una serie de cambios políticos que van a tener influencia en la evolución de la familia en cuanto se inicia una etapa en la que el pluralismo es aceptado y ello permite el desarrollo de tendencias que hasta ese momento habían estado reprimidas.

Según Ussel, la transición política consagra el pluralismo y ello supone que desaparecen los límites y las protecciones legales que antes demarcaban el alcance de las relaciones familiares. Señala, no sin ironía, que hemos pasado en menos de veinte años de un sistema rígidamente regulado a una situación en la que todas las demandas parecen susceptibles de integrarse en el sistema familiar. Se ha pasado de una configuración monolítica de lo que se consideraba «la familia» a un sistema pluralista en el que cualquier forma de convivencia se asimila a la de familia.

Esta evolución se produce en el contexto de una serie de cambios sociales importantes, siendo uno de los más significativos entre ellos el de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado. Son de señalar los cambios demográficos que reflejan las nuevas estructuras y tamaños de la familia, como el aumento de los hogares unipersonales y la importancia creciente de las familias monoparentales. Así como la evolución de los comportamientos reproductivos con el retraso en contraer matrimonio, la reducción del número de matrimonios, el retraso en las edades iniciales de tener hijos y la reducción del número de hijos.

Iglesias de Ussel concluye con una visión moderada y optimista acerca de la familia española, que después de superar esta etapa de cambios políticos «ha acreditado una gran capacidad de adaptación» y sigue siendo una institución importante para los ciudadanos. Se produce un nuevo escenario en el que el papel de las mujeres es diferente, debido sobre todo a su creciente independencia económica, y en el que la pluralidad de formas de comportamiento se acepta con naturalidad. Por ello, pese a la intensidad de las transformaciones, considera que la familia «goza de buena salud» y es en la actualidad el escenario de las solidaridades más básicas en las que se desenvuelve la vida de los individuos, cuando son niños, cuando son jóvenes o adultos y cuando llegan a ser ancianos. Por todo ello la familia le parece un instrumento importantísimo de cohesión social que ha demostrado en todo este período de transición política cómo se ha sabido adaptar para atender a nuevas necesidades y nuevos problemas que han aparecido en la sociedad española.

Considera el autor que es necesaria una política social que haga referencia a la familia y echa de menos el que no la hayamos tenido. Hace una comparación con el interés que la familia alcanza en la definición de las políticas sociales en los países europeos y finalmente señala cuáles deberían ser las líneas de una política de familia en nuestro país. Iglesias señala cómo en Europa han sido fundamentalmente los gobiernos socialdemócratas los que han impulsado las políticas familiares, no sólo en los países nórdicos, sino incluso en Francia e Inglaterra, donde los conservadores son los que recortan una serie de servicios sociales de atención familiar. Iglesias se anticipa a las propuestas de Pérez Díaz y su equipo al señalar cómo el estado, el mercado y la familia son complementarios en la provisión del bienestar y cómo ninguno de ellos puede conseguir una atención completa a las necesidades de los ciudadanos sin contar con los demás (pág. 264). Iglesias reivindica la inclusión de la institución familiar en la agenda política de los gobiernos y el tener en cuenta a la familia en todo análisis de políticas sociales, así como en las evaluaciones de los sistemas de bienestar. Con sus propuestas critica radicalmente a aquellos analistas del estado de bienestar que marginan el papel de la familia y rechazan el tener en cuenta las instituciones privadas en la provisión de los servicios de bienestar.

La obra de Víctor Pérez Díaz y sus colaboradores enlaza con la anterior en esa voluntad de situar a la familia en el centro de los debates políticos sobre bienestar social. El análisis político de la familia es la perspectiva fundamental de esta obra que, dándole un enfoque fundamentalmente económico pone a la familia en relación a la experiencia española con el paro, las pensiones, la sanidad y la educación.

Defienden estos autores que los resultados de las políticas sociales de los últimos años no pueden entenderse sin tener en cuenta las aportaciones que han hecho las unidades familiares al bienestar del conjunto de los ciudadanos. Su tesis es que la familia es un pilar importante del sistema de bienestar y que ello hay que reconocerlo políticamente dando cabida a la institución familiar en el debate público acerca de las políticas sociales. La originalidad del análisis de Pérez Díaz y su equipo es la de aceptar teóricamente a la familia como un factor fundamental de las políticas sociales. Lo que ha venido ocurriendo en Europa y en España, el que las familias desempeñan un papel nada desdeñable en las atenciones y cuidados de sus miembros, aun en pleno desarrollo del estado de bienestar, viene a aceptarse teóricamente, con lo cual el análisis de la realidad se hace más profundo y realista. Frente al silencio político acerca de la familia que nos ha impedido una aproximación más realista de algunas de las políticas sociales de los últimos años, el reconocimiento de la importancia de la institución familiar permite una mejor comprensión de las políticas sociales y, sobre todo, un mejor conocimiento de la realidad de las atenciones y servicios, en una palabra, del nivel de bienestar de la población española.

Pérez Díaz, Chuliá y Álvarez Miranda señalan cuáles son los cuatro agentes fundamentales del sistema de bienestar: el estado, las empresas, las asociaciones sin fines de lucro que generalmente llamamos ONG, con el acrónimo de organizaciones no gubernamentales, y las familias. Para entender todo el conjunto del sistema de bienestar es necesario conocer las aportaciones de todos estos agentes, por lo que los autores proponen no seguir hablando de estado de bienestar que conlleva la idea de que es el estado el responsable fundamental del bienestar de los ciudadanos y pasar a hablar de sistema de bienestar en el sentido de incorporar en él a todas las instituciones implicadas, estado, mercado, familias y organizaciones sin ánimo de lucro.

Esta obra se dedica sobre todo al análisis de las aportaciones de la institución familiar al bienestar de los ciudadanos en correspondencia con las cuestiones del paro, la vejez, la educación y la salud. Con respecto del paro, las familias han servido de colchón amortiguador de los problemas que se producen. Las presiones de los sindicatos y de los trabajadores con empleo estable han sido más potentes que las presiones de los jóvenes desempleados y de las mujeres sin acceso a un puesto de trabajo, en parte porque las unidades familiares han recogido solidariamente en su interior a empleados y parados y han atenuado con ello las tensiones entre ambos grupos. Las políticas sociales diseñadas en los años ochenta han preferido reforzar la familia, a través de la estabilidad del empleo de los hombres adultos que liberalizar el mercado de trabajo que hubiera aumentado el número de empleos, pero que, quizás, no habría fomentado la solidaridad de los hogares familiares en tanta medida.

No creo que haya que darle tanto crédito a los legisladores como para considerar sus decisiones de mantenimiento de una cierta rigidez en el mercado de trabajo español como una defensa de los hogares familiares y una aceptación de sacrificar la independencia de los jóvenes a la estabilidad y bienestar de los adultos. Creo más bien que ello es el resultado de las negociaciones de los diferentes grupos que han tenido mayor o menor fuerza para defender sus intereses, y que ello ha resultado en políticas sociales que objetivamente defienden los derechos de los adultos y de las familias. La salida positiva de este dilema y esas decisiones ha sido que las unidades familiares han amparado a sus miembros más jóvenes ante la vicisitud del desempleo.

La enfermedad también es un asunto familiar y aunque las prestaciones sanitarias públicas se han hecho universales y cubren al conjunto de la población, las familias tienen todavía un rol muy importante de cuidado, gestión e información que protege al individuo y completa las prestaciones médicas, sean éstas privadas o públicas. La red familiar es muy activa en cuanto a movilizar recursos educativos y formativos para sus miembros. La educación pública ha multiplicado sus recursos, pero la familia sigue haciendo de intermediaria de los servicios educativos además de seguir desempeñando un rol socializador fundamental.

Otro aspecto a tener en cuenta en el análisis de la familia y las políticas del bienestar, es el de la atención a los ancianos. Aun con un sistema relativamente reducido de servicios sociales para la tercera edad se puede decir que el nivel de bienestar de los ancianos en España es bastante elevado, sobre todo ha mejorado extraordinariamente en relación con el pasado. La universalidad de las pensiones y de la atención médica son las causas inmediatas, pero a ello hay que añadir, para entender globalmente la situación de la tercera edad, las aportaciones de las familias que completan estos servicios básicos. La autonomía de los ancianos, tanto en términos de recursos económicos como en cuanto a sus formas de convivencia se aúnan, en la sociedad española actual, con una red de comunicación y ayuda mutua de carácter familiar que explica las avanzadas cotas de independencia, salud y bienestar de las generaciones actuales de ancianos. Los flujos de intercambio de ayudas entre generaciones van cambiando con la edad, la salud y las siuaciones laborales de los distintos miembros de la familia. Los abuelos jóvenes ayudan a sus hijos, tanto con servicios como con apoyos dinerarios, mientras que en etapas más avanzadas del ciclo vital son receptores de ayuda tanto en términos económicos como, sobre todo, en servicios y atención personal.

Hay, sin embargo, un gran problema latente en este sistema de bienestar que tiene como uno de sus pilares a la familia y es que se apoya en la dedicación total de la mayoría de las mujeres a la vida familiar. Actualmente se advierte un cambio generacional muy fuerte en cuanto a proyectos familiares y prioridades de las mujeres. Las generaciones más jóvenes compatibilizan su vida familiar con el trabajo remunerado y no podrán, previsiblemente, dedicar tanto tiempo y esfuerzo a las redes familiares. Los autores señalan cómo esta es una cuestión que hay que plantearse políticamente, es decir, debatir públicamente y abiertamente las implicaciones que tiene el cambio de vida de las mujeres. Las mujeres jóvenes enfocan de formas innovadoras sus relaciones familiares y buena parte de las familias españolas alcanzan niveles satisfactorios de bienestar gracias al trabajo remunerado de las mujeres. No es posible, ni deseable diría yo, renunciar a los niveles de autonomía y libertad que han alcanzado las mujeres que tienen un empleo remunerado, por lo que habrá que plantearse, como una cuestión de todos, una cuestión política cómo hacer frente a estas nuevas realidades ineludibles.

La cuestión que se plantea ante esta situación no es hasta cuándo la población española va a poder mantener esta red secundaria de protección social que es la familia, sino cómo adaptarnos, los hombres y las mujeres en el seno de las familias, para dar una alternativa a esa explotación ancestral del trabajo femenino no remunerado disfrazado bajo el manto caritativo de la entrega, el cariño y la lealtad familiar. Ante todo ello hay que plantearse qué necesidades tienen las familias para poder seguir atendiendo de forma satisfactoria a sus miembros. Es necesario tener presente a la institución familiar al hablar y diseñar políticas de bienestar y, quizás, el tenerla presente puede ayudar a que estas políticas sean más adecuadas, más eficaces y más satisfactorias. Los individuos no desean quedarse sin familia, pero tampoco desean quedarse sin resuello por defender su familia. Las tendencias actuales de descenso del número de hijos y de incremento del empleo femenino, anticipan cambios importantes en cuanto a los servicios y apoyos que la institución familiar da a los individuos en este sistema de bienestar. No podemos pensar, política ni financieramente, que el estado tome el relevo de todas estas funciones que desempeña la familia, pero tampoco podemos obviar la discusión pública acerca de las responsabilidades que los hombres y las mujeres tienen dentro de la familia y acerca de la mejor forma de colaboración entre los servicios públicos, las necesidades familiares y las responsabilidades personales.

01/10/1999

 
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