ARTÍCULO

23-F: el color del cristal con que se mira

 

La mayoría de ustedes habrá recitado alguna vez aquella Dolora de Ramón de Campoamor sobre la relatividad de la verdad y la mentira, cuyas palabras finales encabezan estas líneas. Tan populares versos vienen al pelo para reflejar las contrapuestas versiones que ofrecen nuestros autores sobre el papel desempeñado por los protagonistas del frustrado golpe de Estado de febrero de 1981: porque eso es lo más significativo del contenido de ambos libros.

Establecido lo anterior, uno y otro presentan algunas características comunes. Las dos obras son excelentes en su género y deben catalogarse como productos testimoniales, pues se basan, aunque en distinta medida, en vivencias y experiencias personales y se caracterizan por la singular carencia de medios de prueba documentales. Los dos autores se formaron en la Academia General Militar y obtuvieron después el grado de doctor en la universidad: Fernández en Derecho y Pardo en Ciencias de la Información.

Hasta aquí las semejanzas. Pasemos ahora a las discrepancias: interesante cuestión, clave para comprender los entresijos militares de la Transición. En primer lugar y debido a la naturaleza testimonial de los trabajos, conviene dedicar algunas líneas a la trayectoria personal y profesional de sus autores.

Ricardo Pardo se formó en las Academias de Zaragoza y Toledo durante los años cincuenta. Inteligencia, preparación y dedicación profesional le auguraban los mejores éxitos en la carrera y, de no haberla echado a perder en febrero de 1981, seguramente hoy ocuparía lugar destacado en la cúpula de las Fuerzas Armadas. Para una notable proporción de los militares de hace veinte años, constituía el prototipo del oficial contemporáneo y la decisión de solidarizarse con Tejero –abortado el intento de golpe de Estado, cuando poco tenía que ganar y sí mucho que perder– llegó a elevarle a la categoría de mito para muchos. Su carisma, sin embargo, se desvaneció entre sus compañeros cuando se solidarizó también con la línea de defensa adoptada por los encausados. Línea de defensa lícita y comprensible para delincuentes comunes, pero alejada de la ética castrense de la que se vanagloriaban los implicados. Línea de defensa cuyo lejano epílogo es el libro que tenemos entre las manos.

Javier Fernández se incorporó al Ejército en las postrimerías del franquismo y recibió el despacho de teniente de las manos del Rey. Su carrera fue menos rutilante, tal vez con menor dedicación profesional que la de Pardo, y culminó en el empleo de teniente coronel, al solicitar el pase a la situación de reserva y orientar su vida hacia el mundo académico. En la actualidad, es profesor de Derecho Político en la Universidad de Zaragoza e investigador de la Fundación Lucas Mallada.

Hipotéticamente en el caso del último, y ciertamente en el de Pardo, su comportamiento –antes, durante y después del golpe de Estado de 1981– puede servir de referencia, en su vertiente extrema, para describir la actitud mantenida por las dos tendencias mayoritarias hacia las que la oficialidad se decantó durante la Transición. Hoy en día, la existencia de dichas tendencias contrapuestas es una realidad objetivamente probada a través de los informes confidenciales de que disponía el Ministerio de Defensa; entonces, responsables políticos y militares lo ocultaron celosamente, mientras proclamaban el monolitismo de las Fuerzas Armadas, negando la mayor con sus continuas llamadas a la unidad del Ejército.

No obstante en ambos sectores activos sólo militaba una minoría, estimativamente inferior al 5% del total del cuerpo de oficiales. El resto, especie de retaguardia de las posturas extremas, respaldaba tibiamente a unos y otros, repartiéndose el campo por mitades, aunque el ambiente propiciara actitudes públicas reticentes hacia las reformas emprendidas. Los muchos que consideraban el cambio inevitable, y los menos que lo creían imprescindible, preferían simular prudente desinterés, o incluso complaciente complicidad, antes que dar pie a enojosos incidentes con los más vocingleros.

Resultaría difícil precisar cuál fuera el detonante que impulsó a Pardo a apartarse del reformismo templado que representaba Gutiérrez Mellado, porque en esta línea estuvo en 1978 y 1979, como redactor jefe de la renovada revista Reconquista, cuando los responsables del recién creado Ministerio de Defensa decidieron aprovechar su cabecera para respaldar y difundir entre la oficialidad la conveniencia y bondad de las reformas militares que se habían emprendido.

Estructura intelectual y religiosidad, sumadas a una particular concepción de las relaciones Fuerzas Armadas-Sociedad, que asumía la práctica totalidad del cuerpo de oficiales, debieron convencerle, moral y profesionalmente, de la necesidad de poner coto a los cambios políticos, que, como señala Felipe Agüero, «rebasaron con mucho las expectativas iniciales de los militares» (Militares, civiles y democracia, Madrid, Alianza, 1995, pág. 129). De ahí a compartir la opinión, bastante generalizada entre los políticos reformistas más conservadores, de la imperiosa necesidad de dar un «golpe de timón» para «salvar a España», como exigía Manuel Fraga, sólo había un paso (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 1980).

Cuando el general Alfonso Armada, malinterpretando y tergiversando algún comentario o falta de respuesta de don Juan Carlos a sus subversivas propuestas, convenció al teniente general Milans del Bosch del respaldo regio a un «golpe de timón», patrocinado por las Fuerzas Armadas, desapareció el último obstáculo que la mente racional de Pardo pudo oponer a la insensatez de intervenir personalmente en aquel esperpento isabelino.

Sorprende, sin embargo, el que el autor continúe insinuando que la Corona estuvo directamente implicada en la génesis del golpe de Estado, sin modificar la versión mantenida por los acusados durante el consejo de guerra celebrado hace dieciséis años: «Nada de aquel suceso del 23 de febrero de 1981 puede entenderse si no es con el impulso soberano, fuera real o supuesto por el general Armada» (pág. 369). Los hechos desmintieron dicha hipótesis en su momento, y los sucesivos y objetivos estudios posteriores han venido demostrando lo infundado de la misma.

Nuestro segundo autor, Javier Fernández, dedica muchas páginas del libro a cronometrar los acontecimientos de aquellas diecisiete horas, y demostrar que los mandos militares que se abstuvieron de participar en el golpe, e incluso los que ayudaron a abortarlo, no hubieran vacilado en apoyarlo e impulsarlo de recibir la más mínima insinuación desde el palacio de la Zarzuela. Su detallado análisis concluye con una pregunta simple, casi perogrullesca: «Si el Rey quiere el golpe y lo dirige, ¿alguien cree que hubiera fracasado?» (pág. 191).

No obstante, es preciso reconocer –y así lo destaca Pardo– que, en notable proporción, los militares que participaron activamente en la intentona golpista se sumaron a ella convencidos de obedecer órdenes cuya legitimidad no cuestionaban, ni por origen, ni por naturaleza. Se les aseguró que procedían del Rey, al que la cultura castrense tradicional y la nueva Constitución atribuía el «mando supremo de las Fuerzas Armadas». Se les dijo, además, que la misión respondía al mandato constitucional de defender su «ordenamiento», al objeto de neutralizar las amenazas terrorista y separatista.

Cuando se cumple el veinte aniversario del referéndum, los constitucionalistas continúan discrepando sobre el alcance jurídico del término «mando supremo». Pero, como señala Javier Fernández, los legos en Derecho, civiles y militares, entendían entonces, e incluso hoy «aunque de forma mucho menos acusada», que la Constitución atribuyó a la Corona «el mando real, efectivo, técnico, militar» de las Fuerzas Armadas (pág. 137), y no una «magistratura moral, plena de auctoritas y vacía de potestas», según la interpretación del profesor Sánchez Agesta (pág. 212).

Tampoco las previsiones de la Leyorgánica de la Defensa Nacional y de la Organización militar, aprobada en 1980, delimitaban con claridad cristalina, tal como después harían los cambios introducidos en 1984, el entramado de relaciones entre la Jefatura del Estado, el Gobierno y las Fuerzas Armadas, ni las competencias y dependencia de los diversos Órganos Superiores de la Defensa Nacional. El delicado equilibrio de fuerzas, gracias al cual la transición democrática se hizo realidad, obligaría a limar muchas posturas maximalistas y, como consecuencia de ello, el constituyente y el legislativo hubieron de asumir conceptos y mantener parcelas de poder, cedidas por la Restauración canovista y el franquismo a los ejércitos. Al citado equilibrio debe atribuirse que las Fuerzas Armadas todavía conservaran, en 1981, un notable grado de autonomía política.

El análisis de estas cuestiones, que se abordan y estudian con detalle y conocimiento por Javier Fernández, probablemente sea la aportación más relevante de su libro. Sin olvidar otra pequeña joya que incluye la obra: el prólogo, escrito por el general Sabino Fernández Campo, cuyo papel en la neutralización del golpe de Estado fue mucho más decisiva de lo que se le atribuye y cuyas largas conversaciones con el autor prestan gran valor al trabajo.

Ricardo Pardo no ha tenido tanta necesidad de apoyarse en testimonios ajenos: con acudir a su memoria le bastaba para configurar la obra. Pese a su propósito de contar los hechos con «gran serenidad de espíritu y de ánimo» y proclamar que no pretende «estar en posesión de la verdad», ni «herir o desprestigiar a personas que no merecen ser denigradas» (págs. 23 y 24), su versión resulta inevitablemente apasionada, categórica en exceso e innecesariamente cruel en ocasiones. Es la crónica de una frustración personal, con mucho de nostalgia y añoranza del papel desempeñado por los ejércitos durante los últimos cien años, sin comprender ni admitir que dicho papel era ya patrimonio de la Historia.

Coincidencia afortunada ha sido la casi simultánea publicación de estos libros. Complementarios para interpretar el papel de los militares durante la Transición, su lectura resulta imprescindible para cuantos pretendan conocer y comprender esa etapa de nuestro pasado reciente. Con una última recomendación: prescindir de cualquiera de los dos impide formar criterio objetivo sobre cómo y por qué se desarrolló el frustrado intento de golpe de Estado.

01/01/1999

 
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