ARTÍCULO

De bombas y sables, o subversión y represión en la España contemporánea

 

Resultaba ya clamorosa la ausencia en nuestro panorama historiográfico de un estudio global y sistemático sobre la violencia política, hasta el punto de que últimamente podía firmarse a cierra ojos que cualquier novedad bibliográfica al respecto se limitaría a realizar el enésimo balance del actual conflicto vasco (esa cantera inagotable, dicho sea de paso, de inefables conceptuaciones, como «violencia de baja intensidad»), olvidando o marginando la sustanciosa y añeja tradición de atentados, sublevaciones y enfrentamientos armados que distinguen nuestra trayectoria histórica en los dos últimos siglos. Pero como quien manda, manda –en este caso la actualidad más inmediata, hasta monopolizar cualquier reflexión histórica o política sobre tan amplio tema–, ha sido preciso orillar en el encabezamiento de este comentario, para evitar equívocos, los términos que en el fondo más corresponderían al contenido de esta obra, que no son otros que «la violencia política en España». Pues de ésta en sus múltiples manifestaciones y variedades –aunque no se llegue a los tiempos de ETA– es de lo que trata el libro de González Calleja.

Es conveniente señalar de entrada, para disuadir al dilettante, que nos encontramos en las antípodas del acercamiento periodístico o directamente sensacionalista al que un tema de estas características parece prestarse, como ponen de relieve las sobradas –y prescindibles– muestras que pueden encontrarse en la bibliografía reciente. Se trata por el contrario de un estudio de tipo académico, muy serio, riguroso hasta la meticulosidad, casi abrumador por la ingente información recogida en más de treinta archivos nacionales (especialmente destacable la documentación del Ministerio de Asuntos Exteriores) y extranjeros (franceses e italianos, los más jugosos), e impecable por lo que respecta a un repertorio bibliográfico prácticamente exhaustivo, al que se le ha sacado el máximo provecho en lo relativo a datos concretos y referencias puntuales. Un esfuerzo tanto más sorprendente cuanto que todo ello parece ser tan sólo, según se nos informa en las páginas iniciales, la primera parte de una trilogía que se verá completada con un ensayo similar sobre las agitaciones que sacuden el último tramo de la Restauración y, por último, con un fresco sobre los conflictos paramilitares durante la Segunda República (objeto en su día de la tesis doctoral del autor). Se trazaría con ello el más amplio panorama histórico de la violencia política en la España contemporánea hasta la guerra civil.

La razón de la fuerza, como aclara su subtítulo, no se ocupa sólo de las actividades subversivas que diversos grupos y sectores políticos dirigen contra el Estado o el establishment de la Restauración, sino que contempla también –y podíamos precisar: en primer lugar– la acción de aquél en el terreno eufemísticamente delimitado como «orden público». Esta prelación convierte automáticamente la violencia convencional (atentados, asaltos, motines, etc.) en «violencia reactiva», es decir, acciones de respuesta a la violencia estatal, estructural, legalmente organizada, pero cuya legitimidad es puesta en entredicho por diversos motivos por determinados sectores sociales o políticos. Sin extraer ahora más consecuencias de esas premisas, precisemos que el objetivo fundamental del autor es superar lo que con cierta exageración llama habitual «papel de adorno coreográfico» de la violencia en los análisis históricos, para hacer de ella una «atalaya privilegiada» en el examen de los procesos sociales. En cualquier caso, aclara, no pretende exactamente convertirla en «objeto a estudiar por sí mismo», sino considerarla un «instrumento de las estrategias de movilización política al que un colectivo recurre en determinadas condiciones de antagonismo» (págs. 12-13).

Estructurado en seis grandes capítulos (más un epílogo algo chirriante en su tono abstracto con las páginas anteriores), el recorrido de González Calleja parte, como hemos apuntado, del «orden público como problema» en la España de la Restauración. Y no precisamente un problema menor, como demuestra la simple relación de suspensiones de garantías constitucionales y declaraciones de estado de guerra. Se mire por donde se mire, en términos cuantitativos o cualitativos, el balance es en este aspecto apabullante: «25 de los 56 años de vida del régimen transcurrieron con las libertades públicas gravemente limitadas en todo o parte del territorio nacional, lo cual arroja un porcentaje del 44,5% del tiempo bajo estado de excepción» (pág. 61). El planteamiento de González Calleja no es en sí novedoso, se limita a transitar por la senda trazada por diversas obras y autores –de Ballbé a Lleixà– que han documentado in extenso la militarización del orden público, pero arroja un balance que deja al sistema canovista muy lejos de esa imagen pactista, integradora y civilista que pretende ese revisionismo hoy tan en boga.

El grueso de la obra pasa revista detallada a los enemigos tradicionales de la monarquía, respetando en la medida de lo posible un cierto orden cronológico pero dando primacía –sobre todo al principio– a la agrupación temática, de tal modo que quedan perfilados tres bloques sólidos y coherentes: los correspondientes a las insurrecciones republicanas de primera hora, hasta la de Villacampa (1886), con una ligera prolongación hasta la muerte del alma mater de casi todas ellas, Ruiz Zorrilla, y una esclarecedora tipología del modelo conspirativo republicano de esos años; seguidamente, los conciliábulos y asechanzas carlistas hasta la «Octubrada» de 1900; y la primera oleada de atentados anarquistas, el más impactante terrorismo de la época, que se acogió a la precaria justificación de «propaganda por el hecho» (hasta 1897). Precisamente, la fuerza de los hechos o, por decirlo de manera más precisa, la convergencia desde principios de siglo de sectores hasta entonces enfrentados o divorciados, impone finalmente la delimitación estrictamente cronológica, con la Semana Trágica de Barcelona (1909) como bisagra entre el nuevo terrorismo anarco-republicano como principal protagonista de la primera década, y el ambiente crispado y prerrevolucionario que desemboca en la gran crisis de 1917.

La primera impresión que el lector obtiene a lo largo de este densísimo recorrido de más de seiscientas páginas es que no hay referencia o circunstancia alguna, por secundaria o irrelevante que parezca, que el autor haya querido dejarse en el tintero. Para ser la obra de síntesis que González Calleja explícitamente pretende, La razón de fuerza es de una prolijidad agotadora, hasta el punto de que la lectura se hace a menudo fatigosa en esas abundantes páginas en que unas notas dilatadas sin mesura comen todo el terreno al texto propiamente dicho. En cualquier caso, este rasgo no tendría mayor importancia si no fuera porque este prurito pormenorizador se revela –no siempre, pero sí en muchos casos-inversamente proporcional al desarrollo de interpretaciones originales, dando la impresión de que el autor se parapeta –y con ello se justifica– tras el inmenso esfuerzo recopilador. Ello explica la aparente paradoja de un texto riquísimo en documentos originales y hasta inéditos, bien aprovechados como soporte empírico, que sin embargo no termina de ofrecer aportaciones relevantes –más allá de determinadas matizaciones– ni planteamientos especialmente novedosos.

A menor escala, puede decirse que hay denominaciones llamativas –como el encabezamiento del capítulo dedicado al terrorismo ácrata: «Las primeras actitudes de rebeldía de las clases subordinadas»– y unas imprecisiones conceptuales que a veces resultan chocantes (los «grupos sociales subordinados» se recluyen [?] en «modos de actuación de carácter [...] segmentado», «modo de proceder vinculado a espacios comunitarios», etc., etc., todo ello en un solo párrafo –pág. 219–). Pero más allá de este tipo de cuestiones, la gran pregunta que subyace a la lectura de La razón de la fuerza hace referencia a la esencia misma del enfoque adoptado: ¿puede justificarse en el susodicho recurso común a la violencia –coyuntural o accidental, más que ideológico, en la mayoría de los casos– un análisis de estas características, que contempla tal diversidad de personajes, grupos, sectores sociales, partidos políticos y hasta instituciones? Renuncio a múltiples precisiones (inviables en este contexto), para adelantar abruptamente que mi respuesta, pese a todo, sería afirmativa. Pero siempre sobre la base de trascender el ámbito de la historia política tradicional, utilizando la sociología, la antropología y otras disciplinas como algo más que «ciencias auxiliares». Por eso, desde el momento en que González Calleja restringe su estudio al primer terreno señalado, limita también los vuelos de su obra. Sus conclusiones por tanto –no podía ser de otro modo– quedan lastradas por ese voluntario corte de alas.

Sería desproporcionado e inexacto que se entendieran las especificaciones anteriores, que simplemente tratan de poner las cosas en su sitio, como una descalificación (ni siquiera parcial) del estudio en cuestión. Si echamos en falta ese algo más que hubiera convertido este libro en definitivo, es por lo cerca que ha estado el autor de alcanzarlo. Aun con las limitaciones apuntadas, La razón de la fuerza quedará como una obra de referencia indispensable, sin duda la mejor de su género aparecida en España. Nos ofrece una sistematización rigurosa de la conflictividad política en la primera etapa de la Restauración, con una documentación exhaustiva de los grandes y pequeños episodios de violencia individual y colectiva que tuvieron lugar a lo largo de más de cuarenta años cruciales en la consolidación del liberalismo. Tiene el mérito además de navegar sin complejos contracorriente, resaltando frente al pregonado asentamiento liberal y fair play del turnismo, las insuficiencias, contradicciones e intransigencia de un régimen que no lograba hacer realidad sobre la áspera realidad española la teórica bondad de su sistema.

Según el DRAE, «trompicar» consiste en «hacer a uno tropezar violenta y repetidamente». Si nos servimos del consabido tópico de la locomotora del devenir histórico, tendremos que convenir rápidamente que la imagen de los tropezones, los pequeños sabotajes, que dificultan pero no impiden la marcha, es la que más se aproxima al papel real que desempeñaron los grupos violentos, de uno y otro signo, bajo la Restauración. Más globalmente, ese tren de las estampas decimonónicas, pesado, lento, asmático y renqueante, es el fiel reflejo del sistema político que nos presenta González Calleja. Dicho en otros términos, el veredicto resulta francamente negativo para un régimen que no sabe evolucionar, incompetente para resolver los grandes problemas nacionales y sobre todo, absolutamente ineficaz para canalizar las aspiraciones de amplísimos sectores de la población española. El autor no silencia, ni siquiera minimiza, la parte de culpa que le corresponde a esos sectores no integrados en el sistema o a sus representantes políticos, permanentemente empeñados en una estrategia suicida de provocación, incapaces de una mínima concertación y, sobre todo, víctimas –ellos los primeros– de un horizonte chato de revolución. Una revolución que no llegó, que no podía llegar –esta es una de las conclusiones más claras de la obra– por la debilidad, dispersión y falta de coherencia de unas fuerzas opositoras que aparecen casi siempre desnortadas, llegando sistemáticamente tarde, incapaces de aprender de sus errores, no sólo por lo que respecta a unos fines y objetivos poco acordes con cada momento histórico, sino hasta por los medios o instrumentos utilizados, a veces poco menos que estrafalarios (piénsese en los complots zorrillistas o los bombazos indiscriminados de Barcelona a comienzos de siglo). Aun con todo ello la responsabilidad fundamental, como hemos dicho, se achaca al régimen, no ya sólo –por citar un aspecto concreto, pero importantísimo– por «una concepción de orden público basada en un modelo político militarizado» (pág. 51), sino porque globalmente son «los sistemas menos liberales [los que] impulsan a los movimientos disidentes a adoptar posiciones de confrontación» (pág. 552).

01/08/1999

 
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