ARTÍCULO

Cuatro libros preocupados

 

Después de la gran algarabía política e informativa que se ha venido produciendo entre nosotros de algunos años a esta parte cabría haber esperado una abundante cosecha de libros serios sobre cosas tales como corrupción, actividades policiales paralegales, control del gobierno, secretos de Estado, ética política, etc., pero lamento tener que decir que la cosecha ha sido bastante magra. Hasta el punto de que los cuatro libros que traigo hoy a colación deben considerarse, junto a muy pocos más, casi todo lo que hemos sido capaces de alumbrar sobre esos temas. Después de todo lo que se ha ventilado el asunto en los medios, la cuestión parece bastante grave porque sin el asiento de estudios sólidos y sin la voz de personas autorizadas la opinión se deja llevar fácilmente por lugares comunes y latiguillos sin fundamento alguno. Y en ese terreno fácil la improvisación y el arbitrismo reinan sin discusión.

A prevenir ese peligro deberían venir estudios como algunos de los que quiero comentar. De los cuatro aquí considerados, dos son obra de juristas y dos de filósofos morales. Acaso por mantener la simetría, de los dos de derecho uno es pieza de autor y el otro producto de un curso de verano, exactamente igual que los dos de ética. La criminalidad de losgobernantes (Crítica, Barcelona), de Luis María Díez-Picazo, es un libro riguroso, escrito por uno de los (no tantos) jóvenes constitucionalistas españoles que han superado la pura actividad exegética que ha venido presidiendo hasta ahora el trabajo de su gremio. Es, en efecto, una obra en la que se pone a contribución un conocimiento serio de los diferentes itinerarios que han desembocado en la implantación del reproche penal a los gobernantes en el marco actual del constitucionalismo. Tanto desde el punto de vista histórico como desde la perspectiva comparada e interna, este es un libro que vale la pena leer. Quien quiera conocer cómo funciona y en qué se fundamenta el impeachment norteamericano, el tratamiento diferenciado de los delitos ministeriales en la tradición continental europea o la historia y la justificación de la actual regulación constitucional española hará bien en acudir a él. Sus conclusiones finales son claras y me parecen difíciles de cuestionar. Naturalmente esto no quiere decir que el libro no suscite dudas y desacuerdos (pondré dos ejemplos: creo innecesario –y erróneo– apostar tan fuertemente por una justificación retribucionista de las penas a los gobernantes, o insistir tanto en el muy oscuro concepto de «juicio de oportunidad» cuando se trata la noción de responsabilidad política), pero son dudas y desacuerdos que se producen en un marco teórico cuya solvencia está fuera de toda discusión. Mucho más controvertible es el libro Corrupción y Estado de Derecho. El papel de la jurisdicción (Editorial Trotta, Madrid), coordinado y editado por Perfecto Andrés Ibáñez. En parte, seguramente, porque se trata de un libro que refleja las diferentes aportaciones a un seminario hispano-italiano (un curso de verano, en este caso). Y también, quizás, porque su título induce a confusión. Porque en realidad se trata de un libro mucho más ambicioso y mejor planteado de lo que el propio título pudiera dar a entender. Lo que no quiere decir, naturalmente, que esté bien resuelto. La estructura del mismo podría ser explicada en cinco grandes capítulos que me voy a permitir reformular. En primer lugar, la disparidad entre el mensaje constitucional del Estado social de Derecho y la realidad vital de las sociedades sobre las que pretende vigencia. En segundo lugar, el papel del poder judicial (visto tanto orgánica como individualmente) en el enfrentamiento de esos problemas. En tercer lugar, la relación entre la corrupción política y la función jurisdiccional. En cuarto lugar, las dificultades de la acción jurisdiccional doméstica en un mundo económico internacionalizado. Y en quinto lugar, los problemas actuales de la justicia civil. Es indudable que el centro de gravedad de todo el libro se sitúa en la función jurisdiccional, pero la diversidad de los temas que se enfocan desde él plantea una paralela y explicable heterogeneidad de contenidos. Hay cosas que son excelentes y difíciles de discutir, como el notable trabajo de Michele Taruffo sobre la pertinencia de la justicia civil en tiempos de tanta loa a la autorregulación y al mercado. O las consideraciones de Giuliano Turone y Clemente Auger sobre los límites de la justicia penal en una economía mundializada. Pero hay otras sobre las que cabría hacer muchas preguntas. Por ejemplo, la suposición de que todo está corrompido o es corrompible o degradable menos los jueces y los medios de comunicación, que no se sabe por qué misterio son puros e incontaminados. O también la idea latente de que las normas que producen las mayorías legislativas no son del todo de fiar (debido, supongo, al empecatamiento partitocrático) y, como consecuencia de ello, el juez ha de operar sobre todo y ante todo con la vista puesta en la Constitución. O también la idea, defendida por Ferrajoli, de que los derechos sociales pueden ser objeto de una garantía judicial equivalente a la que protege cualquier otro derecho. O el elogio incondicional que se hace del Consiglio Superiore della Magistratura, o instituciones similares, como los más fieles garantes de la independencia judicial, cuando hay quien puede pensar que tal cosa no tiene nada que ver con ellos, como se demuestra en muchos países a los que sería ridículo dar lecciones de esa o de cualquier otra independencia y que no sólo no tienen, sino que incluso rechazan la existencia de tales organismos. Un libro en definitiva interesante y apasionado, a veces unilateral y sesgado, pero siempre estimulante y digno de ser discutido.

Victoria Camps, autora de El malestar de la vida pública (Grijalbo, Barcelona) ha prestado siempre una primera contribución importante al elegir el tono de su mensaje. En un país tan estridente constituye siempre una lección impagable el hablar suavemente. Tanto más cuando su voz reposada no le impide suscitar todos los temas y hacer todas las interpelaciones. Este libro es una buena muestra de ello. Es difícil no ver su primera parte como una conversación crítica con aquellos a quienes ha acompañado en el trabajo político en la anterior legislatura. Como «independiente» pero sin pretender ningún privilegio ni hacer ninguno de esos aspavientos públicos destinados a mostrar a la prensa lo íntegro y puro que es uno. Y sin embargo sus textos no tienen nada de acomodaticio ni se advierte en ellos deseo alguno de contemporizar. A la izquierda se le dicen cosas que no se acostumbran hoy: que siga persiguiendo la igualdad, que abra todas las arterias de su cuerpo a la participación política, que promueva y lidere la moralización de la sociedad.

Y al gobierno que «se gane la legitimidad de cada día», que respete la ley, que sea coherente con su programa. Pero lo que más conforta de este libro es que habla de una cosa de la que, en medio del vocerío que hemos vivido, nadie ha dicho una palabra: me refiero a la educación. No estaría demás que, en lugar de hacer imputaciones a tirios y a troyanos, algunos de esos llamados «periodistas de investigación» seleccionara la lista de truhanes más renombrados y se pusiera a averiguar dónde han sido educados. Saldrían cosas pintorescas. Por eso la consideración de Victoria Camps sobre la necesidad de recuperar la intensidad (después de la universalidad) de la educación y su apuesta decidida por una educación moral me parecen extraordinariamente importantes a estos efectos. No fáciles –entiéndaseme bien– pero sí importantes para la mayoría de los problemas que estamos viviendo. La educación frente a la instrucción, la educación también frente a la televisión o la educación frente al desafío multicultural son asuntos que han sido dejados de lado por el oportunismo de la confrontación política pero sin cuya solución todo lo demás seguirá estando igual. Y lo mismo sucede con el problema de los medios de comunicación y su papel en la España de hoy. Aquí la autora muestra desde luego su talante de independencia auténtica, porque es más fácil y más productivo caer en el resbaladero del agasajo a los medios que en el del obsequio a los partidos. Lo difícil es exigir a esos medios calidad, imparcialidad, veracidad y respeto a la gente, cosas todas ellas que un sector muy célebre de los periodistas hispanos considera amenazas letales a la libertad de expresión.

Ética pública y moral social (Editorial Noesis, Madrid), editado por Luis Núñez Ladeveze, es también producto de un curso de verano. Al analizarlo he de empezar por decir que hay algo que lamentar, y es la decisión de presentar el libro de acuerdo con un criterio incomprensible: el orden de intervención en el curso. Ello transforma un buen conjunto de trabajos en una mezcolanza difícil de seguir, y vacía de contenido la noción misma de «editor». También tengo que quejarme de que no se informe al lector de quiénes son los colaboradores y cuál es su significado y su obra. Sólo así podría orientarse en el libro. Porque la introducción de Núñez Ladeveze, desde luego, no lo consigue. Su contenido, que es su presentación del seminario, no tiene mucho que ver con el libro. Sábada, Camps, Cortina, Guisán o Montoya se desentienden de él y abordan sus temas como corresponde a su profesionalidad y al significado de cada uno de ellos. Cualquier mínimo conocedor podría haber anticipado el sentido general de sus ponencias. Pero esto de que la ética se haya puesto de pronto tan de moda parece empujar a algunos a hablar guiados más bien por el entusiasmo de sus convicciones morales que por un suficiente conocimiento de causa. Alvira, González Quirós, Mellizo, Llano y el propio Núñez Ladeveze podrían haberse dejado llevar por ese impulso. Ureña se centra más bien en una recuperación histórica, lo que es de agradecer, pero pretende aplicarla a nuestros problemas actuales, lo que es más controvertible. Huerta de Soto se propone hallar la quintaesencia de la ética en la economía de mercado. Incluso con textos pontificios en ristre. Cabrillo es más agudo pero creo que se equivoca bastante: por ejemplo, suponer que en el Dilema del Prisionero la cooperación se alcanza cuando desaparecen las barreras institucionales es simplemente erróneo. Deberá seguir buscando por otros caminos su ya antiguo itinerario hacia la pureza neoliberal. A salvo de algunas contribuciones creo que este libro está atravesado por un dilema que no acaban de percibir bien muchos de sus colaboradores: quien opte por la economía de mercado, como lo hace el hoy llamado «conservador», se ve obligado a dejar a un lado algo de ética; y quien opte por la economía de protección social, como lo hace el llamado «socialdemócrata», se ve obligado a dejar a un lado algo de eficiencia económica. Pero para resolver ese dilema es inútil tratar de recuperar la antigua moral conservadora o pretender inventar una nueva moral de mercado.

01/01/1997

 
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