ARTÍCULO

El porqué de la crisis

 

En los últimos veinte años se han consumado dos revoluciones silenciosas en la historiografía que estudia el período 1808-1824: la primera es el radical cambio de perspectiva en la relación entre la quiebra del la Monarquía Católica y las independencias americanas. La historiografía «clásica», por así llamarla, sostuvo siempre que las segundas habían sido la causa de la primera, mientras que ahora se piensa lo contrario, es decir, que la crisis de 1808 en la Península desencadenó un proceso incontrolable que de­sembocó en la desaparición de toda una formación imperial. Las emancipaciones americanas constituyen, así, el momento sin duda esencial pero no único de un proceso mucho más enlazado en sus partes de lo que antes se suponía. De ahí la segunda revolución, la necesidad de tener una visión de conjunto de la crisis para estudiar mejor lo que sucedió en los diferentes territorios de la Monarquía.
Se trata de una perspectiva que goza ya de un notable consenso entre los historiadores pero, sin embargo, no son muchas las obras que hayan intentado una reconstrucción de conjunto del proceso de quiebra de la Monarquía Católica y del camino hacia la independencia de los territorios americanos. El libro de José María Portillo supone, por tanto, un acontecimiento importante. Como es bien sabido, el autor es un historiador del Derecho que se ha ocupado hasta ahora de la historia de España y que forma parte de aquella corriente innovadora que está revisando críticamente la historia del constitucionalismo hispánico. Como buen historiador, Portillo encuentra unas motivaciones en el presente. La globalización, según él, lleva a un debilitamiento del Estado-nación, lo cual plantea la necesidad de superar, al menos parcialmente, la centralidad epistemológica de esta categoría fundacional de la historiografía moderna. De ahí la relevancia de rescatar el estudio de las grandes formaciones imperiales del pasado que, como la hispánica, han sido fértiles laboratorios de naciones y Estados. La sugerencia tiene más de un sentido si sólo consideramos las dimensiones demográficas: tras el ocaso del Imperio hispánico, se produjeron el del portugués, del austro-húngaro, del alemán, del otomano y del zarista-soviético. Es decir, que gran parte de la población de Occidente y de Oriente Próximo no ha realizado el tránsito hacia la nación siguiendo el camino francés o inglés, a partir de los cuales se han construido los modelos historiográficos. Desde esta perspectiva, 1808 tendría un doble significado: el último capítulo de la «decadencia» hispánica, pero también el primero de la caída de los imperios en la época moderna.
Existe, sin embargo, un problema de definición acerca del término «imperio», nos recuerda Portillo: la gran formación transoceánica fue una monarquía y no un «imperio» por lo menos hasta Carlos III, cuando tuvo lugar un proyecto concreto de crear un imperio ultramarino. La segunda mitad del siglo xviii aparece, así, como un verdadero parteagua, que va a determinar lo que será el límite cultural del debate constitucional en la Península antes y después de 1808: la exclusión de América de la nueva idea de nación, un límite en parte rescatado por la inclusión gaditana, cuyo «universalismo» sería explicable gracias a la naturaleza profundamente católica de la tradición monárquica. Aquí Portillo toca un punto controvertido de la historiografía, pero que ya no puede seguir eludiéndose: la cuestión católica. No se trata sólo de las relaciones institucionales entre Iglesia y Estado, una cuestión compartida por todas las experiencias liberales del mundo occidental, sino, como –a mi manera de ver– afirma justamente el autor, de una cuestión constitucional, que va mucho más allá de la dimensión institucional y oficial. Y es curioso cómo esta dimensión tan fundamental para entender el mundo hispano sigue siendo considerada secundaria por gran parte de la historiografía. Tampoco la constituyente gaditana se alejó de la naturaleza católica de la monarquía reformada al plantear una serie de requisitos para acceder al mundo de los nuevos derechos políticos, que pre­su­po­nían todos el reconocimiento previo de pertenecer a la polis católica. Y, sin embargo, la historiografía sigue planteando el problema de la catolicidad española sólo en relación con los fueros y con la propiedad eclesiástica.
Uno de los aspectos relevantes, implícito en el planteamiento de Portillo, es la posibilidad de evaluar con más acierto los diversos intentos, a partir de la época borbónica, de reforma de la Iglesia realizados por la Iglesia misma, desde los jansenistas de la segunda mitad del si­glo xviii hasta la «romanización» del final del siglo xix, tras la celebración del Concilio Vaticano I. Conocemos bien la insatisfacción de los obispos americanos acerca de lo poco «pastoral» que fue en el siglo xviii la conducta de sus curas, lo «bárbaro» que aparecieron de golpe las prácticas de las devociones populares barrocas, los excesos de milagros, etc., mientras que sabemos muy poco acerca del siglo siguiente, excepción hecha de unos viajes de representantes personales de los papas, que se quejaron precisamente por la condición de la actividad «pastoral» en los mismos términos de sus antecesores borbónicos. Tampoco se trata sólo de un tema circunscrito a la historia de la Iglesia. El catolicismo barroco se sustentó sobre la base de los pueblos y de las comunidades, de sus autonomías y de su capacidad de control de la religiosidad, algo que –con una paradoja sólo aparente– el primer constitucionalismo americano, desde el gaditano hasta el republicano, legitimó y consolidó, quizá sin darse cuenta. La fuerza de los pueblos a lo largo del siglo xix sería inimaginable sin el transfondo de su catolicismo republicano, que no fue otra cosa que un republicanismo barroco y popular. En fin, el camino planteado por Portillo sugiere que la «cuestión católica» en el mundo hispano se define en términos sociales más que institucionales.
En términos más generales, lo que el libro rescata como la originalidad de la «crisis atlántica» es su lógica institucional, sólo a primera vista débil. La retroversión de la soberanía a «los pueblos» tras la abdicación traidora de Bayona creó una situación sin precedentes. En la Revolución francesa la Asamblea Nacional rescató la soberanía del rey, en un proceso de transición del viejo centro de la Monarquía al nuevo. En el caso hispánico no hubo ningún nuevo centro legítimamente constituido y reconocido como tal. La soberanía se desplomó a lo largo de los territorios en forma policéntrica y socializada. Los centros nuevos y «represen­tativos», que intentaron rescatar la soberanía, desde el gaditano hasta los congresos americanos que se instalaron, a veces sin éxito, a lo largo de los años 1809-1824, tuvieron que actuar en un contexto históricamente inédito: pelear no con los centros antiguos, sino con sus propios territorios para hacerse con la soberanía. De manera que la difícil gobernabilidad de la crisis y de las independencias tuvo más una raíz institucional (la ubicación de la legitimidad) que cultural, como muchas veces se ha defendido.
Hay, sin embargo, una tesis de Portillo que posiblemente va a ser discutida con énfasis, por ser muy novedosa y por constituir uno de los pilares de su argumentación: el «depósito» interino de la soberanía tras la abdicación. Según Portillo, la retroversión no implicaba ningún cambio constitucional porque la soberanía del rey se quedaba «depositada» en los reinos en espera del regreso del «deseado», lo cual lleva a pensar que en 1808 no se produjo ninguna revolución. Aquí, las posibles contraargumentaciones podrían ser dos: la primera es que todo el montaje constitucional fue un artificio para no aceptar formalmente la sustancia de la crisis, es decir, la pura traición de la familia real. En la milenaria historia del realismo europeo nunca existió la posibilidad teórica de que un rey renunciara al trono voluntariamente sin el consentimento del reino. La invención de una supuesta coac­ción napoleónica fue el expediente que permitió declarar ilegal la abdicación y salvar las lealtades a la monarquía, sin las cuales la Península y América se hubieran precipitado hacia una crisis catastrófica. La segunda es que no todo el mundo pensaba en 1808 que, a partir del depósito, sería imposible cambiar la constitución de la monarquía. A lo largo de 1809 se produjo una disputa en la Península precisamente al hilo de si se podía o no cambiar la «constitución» de la monarquía a partir del depósito de la soberanía. Hubo unas juntas provinciales, como la de Valencia que, en contra de la Junta Central, opinaron que, partiendo del contractualismo clásico, la situación era «preestatal», y que «el pueblo, eligiendo a Fernando VII, llevaba a cabo un nuevo pacto, en el que contaba reservarse ciertos derechos a que había renunciado en el anterior contrato» (citado en Miguel Artola, Los orígenes de la España contemporánea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1975, vol. I, p. 227).
La cuestión, sin duda, necesita ser analizada con más detenimiento y quizá nuevas fuentes, pero no cabe duda de que el planteamiento de Portillo es fundamental: el bienio 1808-1810 es el nudo central que vincula el debate inacabado del siglo xviii acerca del constitucionalismo hispánico con la quiebra de la Monarquía, que se consuma a lo largo de la década siguiente, hasta por lo menos el Trienio Liberal. Las ambivalencias de los idiomas políticos que acompañan las crisis y las emancipaciones americanas son una muestra de la dificultad, en fin de cuentas, de transitar de forma legítima hacia una concepción totalmente moderna de la soberanía, es decir, una forma delegada y no corporativa de la misma. En el segundo capítulo, «Pueblos, Congresos, Estados y Naciones», Portillo reconstruye, utilizando un enfoque propio de la cultural history, el paralelismo entre «pueblo» y «pueblos», dos conceptos en parte complementarios y en parte excluyentes. El término «soberanía» cambiaba en función de la referencia al primero o al segundo, al igual que los actores sociales que lo protagonizaban. El dualismo fue más fuerte en América por el conflicto abierto que desencadenó la crisis entre varios actores colectivos (ciudades, regiones, territorios de las Audiencias, pueblos enteros), pero cabe decir que tampoco hubo alguien como Martínez Marina que intentara ordenar los asuntos constitucionales de una forma compatible con los derechos históricos de los reinos. Al contrario, en el idioma americano permaneció durante mucho tiempo la idea de que la soberanía reside originariamente (en el sentido tomista de «no delegable»), y no esencialmente (en el sentido de Sieyès de «delegable»), en los pueblos/pueblo. Una diferencia de adverbios que marcó una distancia dificil entre Nación y Pueblo a lo largo de todo el siglo xix americano, y quizá más. Al fin y al cabo, muchas de las constituciones americanas de hoy repiten que la soberanía reside «esencial y originariamente» en la Nación. Ambivalencias no muy diferentes se encuentran al plantearse el problema del federalismo y/o del confederalismo americano e hispano. En fin, la crisis atlántica lleva a una difícil imputabilidad del sujeto de la nueva soberanía, un problema que parece que caracterizará a todo el mundo hispano durante una larga época.
El gran logro del libro es mostrar que el eje de la crisis no fue la tensión entre América y España, sino entre autonomía e independencia. Con este enfoque podría considerarse definitivamente superado un contencioso historiográfico entre las dos orillas del océano que la efeméride de 2008 debería registrar para diferenciarse radicalmente de las celebraciones de 1908 y 1910.

01/06/2007

 
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