ARTÍCULO

Soy el rey

Ariel, Barcelona
292 pp. 23,90 €
 

Es un hecho: FernandoVII está de moda. Pocos reyes han recibido el interés historiográfico que ha despertado su figura en los últimos años. Lo testimonia la decena de biografías suyas que han visto la luz en la última década. Sólo su hija, otro filón, puede competir con él en estos momentos. Se trata en su mayoría de libros que pretenden explicar el reinado desde el trono y en los que el Borbón aparece como protagonista principal de una historia de traiciones, revoluciones y represiones encarnizadas.
El Fernando VII de la profesora Puga García tiene un rostro parecido. Parte la autora de una constatación: sus biógrafos han maltratado la persona del rey. Un cierto partidismo político, dice, podría explicar en parte esa conducta. De hecho, la obra está parcialmente dedicada a enmendar la plana a los historiadores liberales decimonónicos que tanto se han ensañado con su biografiado. El antídoto: una buena dosis de documentación que permita alcanzar un plano superior de objetividad.
El relato se inicia con la tormentosa etapa del infante niño. Enfermo con frecuencia, educado por religiosos a la antigua usanza y privado de la atención de sus padres, Fernando pasó unos primeros años poco envidiables que «determinaron» su carácter.A esa niñez atormentada sucedió una tensa adolescencia en la que a la alargada sombra de Godoy se sumaba la inquietante presencia de su tutor y preceptor político: el canónigo Escoíquiz. La presión emocional a que se vio sujeto en este período formativo provocó «el recelo y la desconfianza» que, a decir de casi todos sus biógrafos, estuvieron siempre presentes en su conducta privada y en su acción política.
Esa actitud fue la que demostró claramente durante los conocidos hechos de El Escorial del 27 de octubre de 1807, fecha en que se firmó la paz de Fontainebleau, en virtud de la cual Portugal sería divida en los tres territorios que había decidido Napoleón. El más meridional, según han mostrado Fernando Martí Gilabert y Rafael Sánchez Mantero, sería administrado personalmente por el valido real. Ese día, en la villa serrana, Carlos IV entró en la habitación de su hijo y se incautó de una serie de cartas que ponían de manifiesto la existencia de una trama contra el rey y Godoy, dirigida por Escoíquiz y algunos ex miembros del partido aragonés de la corte. La decepción experimentada por el entonces rey no impidió que encarcelara a su hijo, aunque decidiera liberarlo tan solo una semana después. Pero lo que se convertiría en el llamado «partido fernandino» volvió a tener protagonismo en los sucesos del mes de marzo siguiente, conocidos como el motín de Aranjuez. Ese sería el primer golpe de estado exitoso de la España contemporánea, que la autora denomina «la primera revolución de la historia moderna», lo que produjo la caída de Godoy y la abdicación de Carlos IV. Con ello, como recoge la autora, se produce el ascenso al trono de Fernando, pero esto forzaría la decisión de Napoleón de invadir el territorio nacional y el consiguiente traslado de la familia real a Valençay para discutir y anunciar la identidad del nuevo ocupante del trono. Con ello, la situación política española se vio ante el primer trono vacío en más de un siglo y, como es sabido, la posición de Fernando se salvaría sólo después de seis años de revolución jurídica liberal y de guerra civil y de liberación. Durante esa guerra las Cortes reunidas en Cádiz promulgan la primera Constitución liberal hispana.
Vuelto al trono en 1814, decide el monarca reinar como lo había hecho su padre, esto es, sin Constitución ni reformas políticas de alcance.Abolición de la Pepa, medidas represivas para los desafiantes liberales, prebendas para los fieles serviles. Esta inclinación a favorecer a los más sumisos en detrimento de los más hábiles o dotados para el cargo fue una constante en el reinado fernandino, como recalcan casi todos sus biógrafos y el resto de historiadores que se han encargado del período.También lo hace la profesora Puga, aunque con algún pero.A la restauración de la Inquisición y de la Compañía de Jesús siguieron otras medidas restauradoras del Antiguo Régimen que no lograron evitar que el Ejército encabezara en 1820 otra revolución de signo liberal, tras varios pronunciamientos fallidos. La hostilidad armada de los realistas apoyados por gran parte del clero rural septentrional a partir de 1821 y, sobre todo, la intervención militar francesa decidida por la Santa Alianza pondrían fin a la segunda etapa liberal. Cabe señalar que esa intervención fue solicitada por el propio «rey cautivo», un detalle que no olvida mencionar la autora citando para ello las cartas del rey al embajador polaco.
En ese sentido, cabe constatar cierta debilidad tendenciosa en la obra. Por un lado, se reproduce un lugar común de la historiografía conservadora, no sólo una opinión, que reza: «el problema del liberalismo estriba en que el sistema defendido en las Cortes de Cádiz era contrario al sentir de la gran mayoría de la nación» (p. 85). Por otro, se defiende que los liberales eran predominantes sólo en sectores como el funcionariado, una parte del ejército y de las clases medias dedicadas al comercio.Y del pueblo liberal se dice que «lo que llamaban el "pueblo" no era más que el pueblo de los cafés y tabernas que iban a palacio con alguna exigencia» (p. 160). Esta reedición de la visión conspirativa del período insiste también en que la masonería se convierte en el factótum de todo cambio político de signo liberal.A su parecer, las sociedades secretas fueron las principales sostenedoras de una de las dos Españas que, supuestamente, emergieron durante el sexenio absolutista de 1814 a 1820. Lo hace al hablar de la suerte dispar de serviles y liberales: «Estas dos fuerzas persisten y coexisten durante el reinado de FernandoVII, en el que se consagran, y para mucho tiempo, las dos Españas». Pero, constatado el hecho, quedan por explicar algunas cosas. Por ejemplo, el modo en que esas minorías fueron asimilando la doctrina liberal y engrosando sus filas hasta el punto de oponerse al gobierno reaccionario del rey en enero de 1820. O bien, qué fue lo que sucedió durante los períodos de «plena soberanía regia» (1814-1820 y 1823-1832) para que a su fin se abrieran paso sistemas liberales de diverso signo que contaron con una activa sanción participativa de la ciudadanía. ¿Fingían pasividad los súbditos ante la represión o, una vez convertidos en ciudadanos, optaron libremente por el sistema constitucional? Ni estas preguntas ni una posible respuesta las encontrará el lector en las páginas de este libro. Eso sí, lo que descubrirá será el número de esposas reales, sus procedencias, inclinaciones personales e incluso los apodos familiares que tuvieron los infantes e infantas.
No es extraño este modo de proceder, dado que las preguntas que impulsan el discurso de esta obra son otras. La fiel búsqueda de una única «verdad histórica» hace que el trabajo del historiador se reduzca aquí a la consulta y reproducción de fuentes contemporáneas del período analizado. Ese fetichismo por el documento caracteriza, desde sus inicios, los trabajos de la escuela que Rafael Sánchez Mantero denominó en su biografía del rey Fernando como «neopositivista» y que se identifica con la escuela navarra encabezada por Suárez. Se parte de que la aportación de nueva documentación produce, por sí misma, que se perfeccione la labor del historiador. En consecuencia, la calidad del producto historiográfico se ha de medir por el volumen de documentación inédita que aporta. Resulta paradójico pensar que quien así se expresa, por ejemplo, no abra el foco de la narración para captar también el contexto en que se produjo la documentación que analiza. Por lo que se puede leer hoy, a principios del siglo XXI, los vientos en el mundo académico soplan en otra dirección.Tras varias décadas en las que este tipo de argumentación encontraba predicamento en un tipo de historiografía política narrativa bastante ajena o, mejor dicho, conscientemente distanciada de las implicaciones teóricas y prácticas de la escritura de la historia, emerge con fuerza la voz de historiadores que se preguntan sobre la naturaleza de las preguntas que se hacen a esos documentos. Las posiciones divergen según la óptica del historiador, y las respuestas varían según esas preguntas, vienen a decir. Nada nuevo, en realidad, pero cada vez se juzga más apremiante la necesidad de plantearse a priori las relaciones entre el historiador y la documentación de la que debe dar cuenta.Algo que, por lo que viene diciéndose, no parece preocupar en absoluto a Puga.
Pero es que, además, y en esto no caben concesiones de ningún tipo, el texto que se comenta no llega a satisfacer las mínimas aspiraciones del rankeanismo bien practicado que predica. En primer lugar, porque el libro carece de notas. Esta cuestión formal, habida cuenta de la premisa teórica declarada, se convierte en un aspecto fundamental. ¿Cómo puede juzgar el lector la fidelidad al documento si se le hurtan las referencias del mismo? ¿Cómo, si la obra está trufada de entrecomillados y de largos extractos que se presentan como textuales y cuya procedencia permanece oculta? El colmo se produce cuando la autora se apropia de las reflexiones de otros autores, que aparecen citados pero no nombrados Así sucede con el siguiente párrafo: «La grave cuestión que en 1832 dio lugar a los acontecimientos de San Ildefonso no fue resuelta, ya que el desenlace condujo a la creación de la situación de hecho, no de derecho, y como tal, forzada. Este problema no resuelto gravita en el transcurso de todo el siglo XIX y explica, al menos en parte, la inestabilidad y el carácter permanentemente provisional de la vida española bajo la égida liberal». Citado en la página 240 sin entrecomillar y en las páginas 260 y 261 entrecomillado, pero sin mencionar el origen de la cita.. No da la impresión, por tanto, de que los resultados se ajusten a las premisas fijadas por la autora en la introducción.
De este modo la obra difícilmente puede alcanzar su objetivo de proporcionar una aproximación «científica» a la figura de Fernando VII, aun siguiendo su empirismo radical. El uso de las fuentes y la argumentación desarrollada carecen de la necesaria precisión para desmontar los estereotipos consolidados sobre el «Deseado». De hecho, sólo en algunos pasajes se logra poner seriamente en cuestión alguno de ellos. Esto explicaría, por ejemplo, por qué la autora no ofrece una clara caracterización de lo que se denomina «tercera vía», y que estaría representada por el fernandismo agonizante. En algunas ocasiones se presenta como una versión «moderada» de un tipo de parlamentarismo no liberal, mientras que en otras parece aludir al compromiso ideológico alcanzado entre los realistas más tibios y los liberales menos radicales a partir de 1832.Todas esas fórmulas, no obstante, cuentan con la participación de los afrancesados, con quienes se identifica en las palabras del epiloguista, José Luis Comellas.Además, a la puesta en práctica de esa «tercera vía» se vincularían la mayor parte de los diversos logros del reinado: la creación del Consejo de Ministros, la Ley de Presupuestos, el Museo del Prado o el primer Código de Comercio, obra del ex afrancesado Sainz de Andino. Eso sin olvidar que a la nómina de éxitos añade también la autora el supuesto carácter francamente afable y desenfadadamente populachero que cimentaron la percepción popular del rey.
Quizá por ello parece razonable pensar que su misión no sea exclusivamente historiográfica, porque en muchos tramos el libro se acerca sospechosamente a la hagiografía. En primer lugar, se afirma que el rey debió ejercer plenamente su autoridad de derecho divino, que se plantea como el único sostén viable del «reinado polémico» del monarca que fuera la «personificación del Antiguo Régimen». Sin que por ello la profesora Puga, como cabe esperar, deje claro en cuál de sus antepasados se inspiraba, si en su padre o en su abuelo. Esa aclaración permitiría al lector acercarse más a la idea de Antiguo Régimen que personificó. En cualquier caso, Puga mira hacia delante. Y parece más interesada en demostrar reiteradamente que ciertos sectores de la corte se resistieron a aceptar los verdaderos deseos del rey y que el éxito de su estrategia quedó expresado en su segundo testamento. Eso sí, el primero, en el que nada se decía sobre la abolición de hecho de la Ley Sálica, se presenta como expresión de la genuina voluntad regia. En otras palabras, la enésima denuncia de la ilegitimidad del reinado de Isabel II. Una lectura que, por más querida que resulte a esta escuela navarra, no adquiere nueva consistencia ni su defensa constituye novedad. De modo que, también en esto, las intenciones de la autora desbordan los frutos alcanzados por la investigación. De hecho, la debilidad argumentativa no logra ocultar la intencionalidad justificativa ex post del alzamiento carlista. Una vez concedida la legitimidad, el paso siguiente consiste en dotar de popularidad al movimiento mediante una identificación comprensiva con los carlinos que la reproducción textual de algunas cartas entre el rey moribundo y el pretendiente no hace más que reseñar. El mismo efecto producen sus referencias al «carácter noble de Carlos María Isidro» y su «ferviente religiosidad», una virtud no secundaria para el tradicionalismo. Pero el juicio político al ascenso al trono de la regente y madre de Isabel II se hace evidente cuando la autora afirma en la página 255 que, tras la muerte de Fernando, «la consternación que su muerte produjo en el pueblo de Madrid era paralela a los vítores que en muchos lugares de España proclamaban como rey a Carlos V».
Comentario aparte merecen las cuestiones formuladas por el epiloguista. Preguntándose sobre las causas de la falta de interés por esa línea de investigación, habla de la «tercera muerte del rey», que sería esa mezcla de fatalidad y azar que provocó el incumplimiento de una recuperación parcial del Antiguo Régimen.Y es que, como la autora, considera que el rey careció de otra virtud que no fuera la de ser un rey autoritario en tiempos de Constitución. Lo cual, desde esa visión tradicionalista y realista que defiende la obra, no deja de ser otra muestra más de la constante ideológica expresada en su propuesta historiográfica.
Con todo, el objetivo principal explícito era verter luz para encontrar en la política fernandina un camino nuevo, pero parece obvio que lo que se hace es recorrer uno ya conocido. Sí, uno paralelo, trazado por las líneas de trinchera de guerras del pasado. Recorrido por Donoso y por Menéndez Pelayo y tantos otros compañeros de tradición que, sin embargo, se mostraron muy críticos con la persona del rey. Al tiempo, los subversivos liberales, miembros destacados de esa «minoría burguesa», que de todo es culpable, generaron un discurso historiográfico sobre el reinado que funciona como su némesis y es excusa para defender premisas políticas cuando menos discutibles. Algo que, mutatis mutandis, implica también a Ricardo de la Cierva, Pío Moa, César Vidal y a otros archiconocidos revisionistas antiliberales. Se suma este trabajo, conscientemente o no, a esa operación de apropiación de la memoria nacional mediante la difusión de ideas y obras de formato historiográfico, pero de contenido abiertamente apologista y propagandista.Trabajos que, subiéndose al carro de la llamada «escuela neopositivista», componen su discurso «deconstruyendo» el de los historiadores liberales decimonónicos y mostrando una seria incapacidad para distanciarse de las luchas que analizan. Sus aportaciones se insertan fundamentalmente en el debate abierto por los testimonios que deberían ser sólo su objeto de estudio y se alejan cada vez más de la producción historiográfica académica actual, reduciéndose a ajustar cuentas con los críticos del rey.

 

01/03/2006

 
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